22mar021
La situación de los derechos humanos a 26 años del último golpe de estado.
Por Pablo Salinas y Diego Lavado.|1|
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional, dictaron el Acta, el Estatuto y el Reglamento del Proceso de Reorganización Nacional, soslayando por completo nuestro orden constitucional. El Acta mando disolver el Congreso Nacional, remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes Provinciales. El Estatuto fijó la estructura de los poderes del Estado instalando a la junta militar como órgano supremo de la Nación, con facultades para designar al presidente, que además tenía funciones legislativas, y a los miembros del poder judicial. El Reglamento estableció la integración de la Junta por los tres Comandantes, las facultades de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y que el presidente debía jurar hacer observar los objetivos básicos del Estatuto. Así "las fuerzas armadas de la nación" violaron la constitución, concentraron la suma del poder público y se hicieron de facultades extraordinarias mediante las cuales la vida, el honor y la fortuna de las argentinos quedó a su merced transvirtiéndose, una vez más, en "infames traidores a la patria", tal cual reza el art. 29 de nuestra Constitución Nacional.
Tras el golpe de estado se oficializó la labor que venían desarrollando las "Tres A", mediante un plan general para eliminar por medios ilegales a todo aquel que fuera considerado un disidente. Este plan, si bien era comandado por las Fuerzas Armadas no dejó de apoyarse en las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales. El Estado Democrático fue suplantado por un verdadero Terrorismo de Estado que dio riendas sueltas al delirio de la Seguridad Nacional convirtiendo al país en un gran teatro de operaciones dividido en cinco zonas dentro de las cuales se instauraron 340 campos clandestinos de detención.
Los Informes de la Misión de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en base a las observación "in loco" realizada en 1976 y 1979, concluyeron que en ese periodo se cometieron graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También se comprobaron numerosas detenciones ilegales, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de miles de personas, Otras tantas, después de permanecer un periodo desaparecidas, eran "blanqueadas" e internadas en las cárceles a disposición de Poder Ejecutivo Nacional o condenados por los Consejos de Guerra, en una parodia de juicio donde las Fuerzas Armadas le imponían un defensor militar e indefectiblemente eran condenados como "delincuentes subversivos". Los llamados "operativos antiterroristas" contaban con aviso y apoyo de la autoridad de la Zona en que se producían, generalmente se hacían de noche y en los domicilio particulares de las víctima los que terminaban saqueados, mientras sus ocupantes eran trasladados a los centros de detención ocultos donde los esperaban feroces padecimientos y humillaciones.
Varios años después (1984) el suboficial mayor Alberto Vega confesó ante la CONADEP que él trasladaba a los detenidos a unos pocos kilómetros de la Perla (Córdoba), los colocaba frente a una fosas con los ojos vendados, amordazados y con las manos atadas a la espalda, donde eran fusilados y sus cuerpos quemados con cal antes de tapar la fosa|2|. En días más próximos un Capitán de la Armada, Francisco Scilingo, reconoció haber participado de los llamados "vuelos de la muerte" en los que se arrojaban los prisiones al mar luego de haber sido adormecidos.|3|
En esos tiempos la prensa estaba amordazada, los partidos políticos, los organismos de derechos humanos y toda forma de asociación sectorial habían sido disueltas y sus bienes confiscados. Los familiares de las víctimas acudían a los Tribunales interponiendo innumerables habeas corpus que eran sistemáticamente rechazados. El poder judicial no intervenía, utilizaba para justificar su omisión una ley de la dictadura (la 21.267) que reservaba la jurisdicción militar para "todas las infracciones delictivas y/o disciplinarias en que pudiere incurrir el personal de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarías, sean estas nacionales o provinciales". Si hubiese existido coraje, como dijo Bidart Campos |4|, los jueces de primera instancia que por ley anterior tenían jurisdicción para conocer en estos crímenes debieron reclamar para sí tal poder, declarando la inconstitucionalidad de esta ley puesto que instauraba un fuero personal y violaba el principio de juez natural.
Hace 26 años que desde diversos sectores sociales se libra una lucha contra la impunidad de estos crímenes. Primero fueron los valientes reclamos de las Madres, las Abuelas y otros familiares de las víctimas, luego gran parte de la sociedad se sumó a esa exigencia. En 1985 y 86 la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal logró acreditar en las causas 13 y 44 gran parte del "plan criminal" desplegado por el gobierno de facto, condenado a Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini como los responsables nacionales, y a Camps, Riccheri, Etchecolatz, Bergés, Cozzani por lo ocurrido en Provincia de Buenos Aires. Pero la debilidad política o la tolerancia simpática de algunos dirigentes pretendió enterrar la verdad con las leyes de amnistía y los indultos.
No obstante, la pulseada contra la impunidad no terminó allí, en numerosos países se promovieron procesos contra militares argentinos, podemos mencionar los juicios por genocidio que lleva el Juez Baltasar Garzón en España, la condena a Astiz y el procesamiento de Jorge Olivera en Francia la de y Suárez Mason en Italia, el procesamiento de Videla, Massera y Agosti en Suiza, la detención de Miguel Angel Cavallo en México para extraditarlo a Europa. Además múltiples planteos judiciales lograron promover nuevamente la detención de Videla, Massera y alguno de sus cómplices por delitos que, como la apropiación de menores, escaparon del "perdón oficial". En otros casos, como la desaparición del abogado mendocino Conrado Gómez, los Tribunales se negaron a aplicar las leyes de obediencia debida y punto final por entender que "existió un desvió de poder en los casos de sustracción de bienes y desapoderamiento del patrimonio". También en varios Tribunales Federales, como en Mendoza, se han iniciado los llamados "Juicios por la Verdad".
Hace pocos tiempo un verdadero y novedoso avance en esta dirección significó el pronunciamiento del Juez Federal Gabriel Cavallo en la causa "Poblete" |5|, al declarar la "inconstitucionalidad y nulidad insanable de las leyes de obediencia debida y punto final", marcando un hito en los procesos por violaciones a los derechos humanos que se llevan adelante en la República Argentina. Para ello el Magistrado efectúa una completa exposición sobre la evolución del derecho internacional y entiende que estamos frente a crímenes de "lesa humanidad" de acuerdo a la tipología adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1945, que ya consideraba inaplicable la justificación por obediencia debida o la impunidad de los altos funcionarios de gobierno. El carácter insanablemente nulo e inconstitucional de las leyes que pretendieron favorecer a los responsables se deriva de la prohibición de amnistiar o indultar estos hechos aberrantes contemplada desde la Convención contra el Genocidio aprobada en 1948 y ratificada por nuestro país en 1956, es decir plenamente vigente cuando ocurrieron esos hechos. Ello abre una nueva posibilidad para continuar con la persecución penal, porque tal declaración elimina todo efecto jurídico derivado de dichas normas.
La importancia de un pronunciamiento judicial como el del Juez Cavallo radica en que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado adquieren mayor certeza y son menos controvertidas por quienes hasta hoy pretenden ocultar o negar la verdadera historia. Pero sobre todo provee de medios para continuar con las investigaciones y sancionar a quienes resultaron y resulten responsables. Estas prácticas judiciales poseen, a su vez, un alto valor simbólico, porque descarta que hechos de tal gravedad puedan ser justificados o perdonados y otorgan un fuerte respaldo a la idea de que en ocasiones, pese al poder y a la fuerza de los responsables, la Justicia puede alcanzar a quienes cometen crímenes aberrantes.
Reclamos Internacionales.
Recientemente Amnistía Internacional le dirigió un duro reclamo al presidente Eduardo Duhalde con respecto a la situación de los derechos humanos en la Argentina.
En dicho reclamo manifiestan que "ha preocupado a la organización la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre las denuncias referidas a la represión de manifestantes en los acontecimientos de fin del 2001, la falta de seguridad de los testigos en casos de violaciones a los derechos humanos que han llegado hasta los tribunales de justicia y las amenazas y hostigamientos que se han registrado contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces, periodistas, y familiares víctimas".
Esta organización internacional exhortó en forma contundente para que Eduardo Duhalde promueva la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dejando sin efecto la obstrucción de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y que se someta a los responsables de la dictadura a la justicia.
Casos mendocinos de violacines a los Derechos Humanos.
Llamó la atención que en el reclamo de Amnistía Internacional la provincia de Mendoza fuera escolta de Buenos Aires en cuanto a los casos de violencia policial. Tomando en cuenta la cantidad de población Mendoza lidera ampliamente el listado de provincias en esta problemática. Es decir, dicho más claramente, Mendoza es la provincia con mayores violaciones a los derechos humanos del país y posee como triste antecedente que por el accionar ilegal de sus fuerzas policiales el Estado Argentino fue condenado a indemnizar a familiares de las víctimas.
Podemos recordar, entre otros, los siguientes casos ocurridos en Mendoza Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Pablo Guardati: desaparecidos en democracia durante 1990/1992; Sebastián Bordón: el joven estudiante de Moreno asesinado en Valle Grande donde fueron condenados a penas que van entre 2 a 16 años de prisión los funcionarios responsables. El joven Tocopa que fue asesinado en un procedimiento policial.
Walter Yánez, que encabeza la lista presentada por Amnistía Internacional en todo el país, y que atento a la falta de justicia, el Estado Argentino y la Provincia de Mendoza serán demandados internacionalmente por la pérdida de pruebas (desapareció el arma homicida de la Comisaría donde había sido remitida) el hecho ocurrió en marzo del 2001 en Guaymallen.
Continuamos con el caso de Roberto Agustín Luque, quien murió por disparos de policías en octubre del 2001
El caso Lucas Baigorria quien denunció una feroz golpiza en la comisaria 23 de Uspallata el 19 de mayo del 2001.
El caso de Mario Vargas quien fue detenido en junio del 2001 y denunció inhumanas condiciones de detención y amenazas policiales.
El caso del joven Gustavo Morales, muerto en una comisaría, Morales, un albañil de 23 años, fue detenido el 15 de enero del 2002 por un presunto robo de zapatillas. Horas más tarde fue encontrado muerto en el calabozo de la comisaría, sentado en el piso, con su cinturón al cuello.
El caso del chofer del director de Seguridad, Mario Campos, quien fue acusado por abuso de armas y lesiones. Los hechos se produjeron el 13 de noviembre al mediodía y la víctima fue Sergio Rodríguez, vendedor ambulante, quien se encontraba ese día con su bicicleta en el barrio Trapiche, de Godoy Cruz y fue baleado supuestamente por error.
Se puede agregar el caso de las patotas que amedrentaron a los manifestantes el 11 de enero del 2002.
Para resolver un problema hay que empezar por reconocer su existencia, surge en forma evidente la inacción del Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. La posición oficial es negar los hechos, negar que existan violaciones a los derechos humanos, negar que exista inseguridad, pero los hechos son contundentes y contradicen notablemente tal estrategia oficial.
Llama la atención el menosprecio al poder judicial dado por el Gobierno que se empeña en fortalecer la mano dura sin solucionar los problemas que aquejan a dicho poder.
La situación de los Derechos Humanos en el País con las muertes producidas el 20 de diciembre de 2001, en Mendoza con la represión a manos de patotas de los manifestantes en enero del 2002 es cada vez mas preocupante.
Se han exigido cambios en el Ministerio de Justicia, pero se hace oídos sordos a tal pedido y se continúa con una política de represión que lleva solamente e indefectiblemente al caos.
Los mendocinos seguimos siendo tristemente famosos por las violaciones a los Derechos Humanos, a lo que se agrega la situación de la Penitenciaría Provincial donde los internos viven condiciones infrahumanas y donde al decir de Elias Neuman las leyes son hermosas partituras interpretadas por gente que no sabe nada de música.
Nos da vergüenza ingresar al penal donde vemos un espectáculo Dantesco, con mas de 1700 internos y ingresando 8 por día. Donde las celdas son habitadas por 5, 6 o 7 personas, existe la sarna, la ladilla, los recreos para estar en los patios son de dos horas o tres por día. Nos preguntamos donde quedó el respeto a la Dignidad Humana.
La situación de impunidad generada por la libertad de los genocidas del proceso sumada a la situación de impunidad y de violencia policial cotidiana y a las condiciones de detención permiten tener un cuadro de referencia sobre la situación de los derechos humanos y no pueden ser analizadas en forma aislada.
Debemos tener en cuenta también la violación permanente a los derechos económicos y sociales que esta recibiendo todo el pueblo Argentino a través de un gobierno Nacional y otro Provincial que protegen los intereses de los poderosos en desmedro de la gente. Lo hacen puesto que por parte del gobierno Nacional se dictaron varios decretos impidiendo a la gente recobrar sus ahorros y en el gobierno provincial al continuar con su feroz ajuste económico que implica la violación sistemática de los derechos de los empleados públicos.
Como nos enseñaba hace ya varios años Von Ihering "resistir a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral, es un deber para con la sociedad, porque esta resistencia no puede ser coronada con el triunfo, más que cuando es general".|6|
A 26 años del inicio de uno de los capítulos más tristes de la historia argentina tenemos contamos con la esperanza de que aquellos que cometieron genocidio, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, apropiación de menores y saqueo patrimoniales bajo la apariencia de acciones de una supuesta "guerra sucia", finalmente, y a pesar de todo, van a responder por sus crímenes y no solo la historia, sino también las mujeres y hombres de este tiempo los condenarán.
No sólo repudiamos el golpe del 24 de marzo de 1976 sino también cualquier intento futuro en igual sentido. Los problemas que hoy aquejan al los ciudadanos de todo el país solo se resuelven con mas democracia. Si debe llamarse a elecciones y renunciar Duhalde, esto no implica de ninguna manera un golpe como pretenden hacernos pensar.
Ante todo se debe y se puede continuar en el marco de la democracia. Ningún argumento golpista es valido luego de las barbaridades cometidas en los tristes años que duró la dictadura.
Hoy los Argentinos estamos privados del derecho patrimonial y nuestro país sufre las consecuencias propias de un saqueo, pero lo mas grave sería volver a ver amenazada la integridad de las personas.
No debemos olvidar jamás que en el período 1976-1983 se vulneró en forma despiadada el derecho a la vida y el saldo fue 30.000 desaparecidos.
Hoy el saldo del saqueo patrimonial es el la situación económica social, no podemos tolerar que esto desemboque en otra nueva amenaza del derecho a la vida.
Mendoza, 22 de marzo de 2002
1. Abogados de Mendoza.
2. CONADEP. Informe nunca más. Eudeba, Buenos Aires, 1984.
3. Horacio Verbitsky. El vuelo. Planeta, Buenos Aires. 1995.
4. Diario La Nación 26 de noviembre de 1984.
5. Nos referimos a los autos N° 8686/2000 caratulados "Simón Julio Del Cerro Juan Antonio s/sustracción de menores de 10 años". Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, Secretaria N° 7.
6. Rudolph Von Ihering. La lucha por el Derecho, Di Plácido, Buenos Aires, 1998.
Este documento ha sido publicado el 28mar02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights