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14jun07
Aprueban una ley antiterrorista que era reclamada por Estados Unidos
La Cámara de Diputados transformó ayer en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que reprime el accionar del terrorismo y también su financiamiento. La ley, a la que sólo restan su promulgación y publicación, corresponde tanto a un reclamo de EE.UU. como a una presión a la Argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional, que el 27 se reunirá en París y amenazaba con hacer un pronunciamiento público declarando a la Argentina país no seguro.
"Este es un tema largamente postergado", dijo la diputada kirchnerista Rosario Romero, titular de la comisión de Legislación Penal, en la apertura del debate que se demoró por falta de quórum. Explicó que la principal referencia de esta norma que modifica el Código Penal era la vinculada con la financiación de los actos terroristas.
Negó que pudiera aplicarse a la represión de protestas políticas o sociales en el país, uno de las objeciones provenientes de organismos defensores de derechos humanos. Las penas previstas son de 5 a 20 años de reclusión o prisión "al que tomara parte" de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Este encuadre reclama: tener un plan de odio étnico, religioso o político; estar organizado en redes internacionales, y disponer de armas de guerra, explosivos o armamento bacteriológico.
Según Romero, nada de esto comprende a los reclamos que tanto agitan las calles de Buenos Aires. Para ella, respondería a "la mala fe" leer en la ley lo que la ley no dice.
Compartió luego, desde su enfoque más extremo, la macrista Nora Ginzburg para quien la ley era poco útil. "De qué derechos humanos nos van hablar los comunistas...", subrayó, de paso, sobre las críticas, sin que hubiera reacción de las galerías casi vacías. Fue porque la mayoría de los manifestantes de los organismos, organizaciones sociales y estudiantiles ya se habían retirado de la Cámara de Diputados.
El radical Alberto Beccani apoyó con un contundente "necesitamos dotar al Estado de todos los instrumentos para combatir el terrorismo". Y, de paso, criticó la hipocresía de los países centrales por la existencia de paraísos fiscales en ellos que no hay en la Argentina.
El lavagnista Juan José Alvarez advirtió sobre los riesgos de " las zonas grises" de la ley y pidió mayor control sobre los organismos encargados de aplicarla.
Al final, Emilio García Méndez (ARI) usó la figura del palo quebrado en el agua, según la imagen que proyecta. Un modo de decir que la ley --a la cual su sector se opuso-- no es lo que parece. También la rechazó el ex zamorista Carlos Tinnirello.
La votación
102 son los votos favorables que obtuvo la ley. Entre ellos, los del kirchnerismo, el lavagnismo y la UCR. Hubo 35 votos en contra surgidos de las filas del macrismo, el ARI y el socialismo.
Ley bajo presión del GAFI
El próximo 27 de junio, en París, la Argentina podrá respirar más tranquila. Ese día se reúne el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para hacer una revisión del caso argentino sobre las recomendaciones de ese organismo que investiga el lavado de dinero en el mundo. Entre ellas, sancionar la ley que castigue el financiamiento del terrorismo.
En la última reunión, en febrero en Bruselas, los delegados de tres países (EE.UU., Canadá e Inglaterra) propusieron que, ante el incumplimiento, se lanzara un pronunciamiento público para advertir al resto del mundo que nuestro país no cumplía las normas internacionales, lo que hubiera complicado las transacciones comerciales.
Finalmente, eso no prosperó, pero se tomó nota de la advertencia. La presión del GAFI --dominado por los 7 países más poderosos del mundo-- se apoya en una convención de la ONU para reprimir la financiación del terrorismo que la Argentina ratificó en 2005. Pero era difícil la definición de qué se considera "terrorismo", en un país cuya historia no ayuda.
En el Gobierno aseguran que la tipificación fue muy acotada. El macrismo se quejó de que será difícil de aplicar. Y en la izquierda se opusieron porque, dicen, servirá para reprimir la protesta social.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 14jun07]
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