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02ene07
Un fiscal pide juicio oral para represores pampeanos.
La medida solicitada por Federico Delgado alcanza a una docena de ex jefes militares y policiales. Están imputados por delitos de "lesa humanidad" durante la última dictadura.
El fiscal Federico Delgado reclamó que se eleve a juicio oral y público la causa en la que una docena de ex jefes militares y policiales están imputados por delitos de "lesa humanidad" en la provincia de La Pampa, durante la última dictadura militar.
En un dictamen de medio centenar de carillas, al que Télam tuvo acceso, el fiscal quiere sentar en el banquillo de los acusados al octogenario coronel Fabio Carlos Iriart, su camarada de armas Néstor Greppi, por entonces secretario de la gobernación de La Pampa y al teniente coronel Oscar Cobuta, entre otros.
Delgado también imputó a los comisarios retirados de la policía pampeana Roberto Constantino, Omar Aguiler, Roberto Escalada, Carlos Reinhart, Roberto Fiorucci, Hugo Marenchino, Oscar Yorio, al sub comisario Athos Reta y al oficial Néstor Bonifacio Cenizo, responsables de la subzona 1.4.
El fiscal acusa a todos ellos por al menos cuatro decenas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la seccional Primera y Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, comisaría de General Pico y puesto caminero de la localidad de Jacinto Arauz.
"No se trata de una causa más porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 con el deliberado objetivo de despolitizar a la ciudadanía", dijo Delgado.
El fiscal recordó que "la estructura del grupo operativo que conformaba la subzona 1.4 fue cristalizada en la orden del día 129 de la Policía de la provincia de La Pampa, de fecha del 19 de abril de 1976, que plasmó por escrito la designación de los miembros del cuerpo policial que operó conjuntamente con el Ejército".
Delgado sostuvo que "las violaciones a los derechos humanos que azotaron al país entre 1976 y 1983 son parte de un proceso multidimensional que reclaman un abordaje dogmático algo más complejo que las pautas utilizadas para juzgar crímenes cotidianos".
El fiscal aclaró que "no se trata de juzgar a personas que aisladamente cometieron delitos mientras ejercían cargos públicos" sino de abordar la maquinaria.
"La estructura en la denominada lucha antisubversiva construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada donde los grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad operaban desde los distintos centros clandestinos desde los cuales se implementó el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", subrayó el fiscal.
[Fuente: Telam, Bs As, 02ene07]
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