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20oct12
Tragedia de Once: procesan a Jaime, Schiavi y a la plana mayor de TBA
El juez federal Claudio Bonadío dictó finalmente ayer los procesamientos de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y de la plana mayor de la empresa TBA,por la tragedia de Once, que el 22 de febrero pasado se llevó la vida de 51 personas a bordo de un tren que se estrelló contra el extremo de un andén de la estación Plaza de Miserere.
El extenso fallo, de 876 páginas, describe desde las presuntas maniobras económicas fraudulentas que la empresa de la familia Cirigliano realizaba con los subsidios que el Estado le entregaba para que los pasajeros viajaran en trenes confortables y seguros, hasta el lastimoso estado en que se encontraban esas formaciones. Pese a que a los hermanos Cirigliano el magistrado les trabó embargos personales y empresarios de hasta 600 millones de pesos y les dictó la prisión preventiva, tras achacarles el delito de "asociación ilícita" como figura genérica que comprende el descarrilamiento del tren y las muertes y heridas, por ahora no irán a prisión, ya que fueron excarcelados en otros momentos del proceso por decisión de la Cámara Federal.
En el caso de los funcionarios, las figuras delictivas son penalmente de menor cuantía, pero el "abuso de autoridad" y el "incumplimiento de los deberes de funcionario público" representan para un agente estatal de las peores imputaciones que se le puede formular.
Pese al dinero que el Estado Nacional canalizaba hacia la empresa Trenes de Buenos Aires SA (TBA) para un buen servicio ferroviario urbano, "se ha constatado que el personal dependiente debe realizar sus tareas sin elementos de trabajo indispensables, tanto para su protección como para el servicio que prestan", evaluó el juez Bonadío. Además, detectó "el reiterado incumplimiento de los dependientes de TBA a la normativa del Reglamento Interno Técnico Operativo y a pautas de trabajo básicas que en forma continua ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los propios trabajadores."
Según escribió Bonadío, "se comprobó la existencia de coches eléctricos que circulan con sus puertas abiertas, personal de conducción en servicio sin certificado habilitante y con cupón de aptitud médica vencido y/o faltante, locomotoras en que no funciona el hombre muerto." El fallo pone la lupa sobre los controles: "En diversas actas realizadas en cabinas de señales -donde se dirige el tráfico de las formaciones- y casillas de paso a nivel, se observó en el interior un televisor encendido, que en algunos casos miraba el personal en ese momento, como así también se encontró camastros armados… el personal carece en muchos casos de las banderas reglamentarias que suple con remeras de los colores correspondientes atadas a un palo, linterna tricolor o faroles de mano, medios de comunicación con control de trenes y de la existencia de botellas de color verde recortadas con una lámpara en su interior, que remplazan a señales fijas que utilizan los trenes en horario nocturno."
Esa descripción genérica sobre cómo circulaban los trenes se ciñó al caso específico del tren siniestrado en febrero pasado. Un perito oficial citado profusamente por el juez "señaló que el sistema de freno funcionaba, pero que en condiciones de exigencia no respondió como debería, dadas las modificaciones introducidas por la empresa. Así planteó que el conductor se habría quedado sin poder de frenos, lo cual se evidencia a raíz de los bajos valores de desaceleración del tren."
En otras palabras, el motorman Marcos Antonio Córdoba -quien fue sobreseído por Bonadío- no estaba ebrio, ni hablando por teléfono, ni sufrió un ataque de epilepsia. Simplemente intentó frenar y no lo consiguió. ¿Por qué? Bonadío ensayó algunas explicaciones, entre ellas que "el tren corrió el servicio con dos compresores menos en la alimentación de aire al sistema de frenos". Qué fue lo que exactamente ocurrió no podrá saberse porque "el primer y segundo vagón quedaron en un estado de destrucción tal que fue imposible hacer pruebas en su sistema de frenado". Sin embargo, "en la inspección física de la formación chocada se encontraron zapatas firmemente aplicadas contra las ruedas, esto es en algún momento el maquinista aplicó los frenos… en los distintos componentes del sistema de frenado (compresores, cañerías, depósito, zapatas, válvulas) había materiales deteriorados.
Se determinó que el dispositivo de hombre muerto había sido anulado por el conductor antes de ingresar al andén de la estación Once. Siete de los ocho coches de la formación presentaban importantísimos diferimientos en sus reparaciones generales, situación que implica, según los peritos, un riesgo en la operación". Finalmente, se comprobó que el tren chocó contra una pared, porque el sistema de amortiguación del impacto no funcionó: "Los paragolpes instalados en el andén no tenían su sistema hidráulico en funcionamiento, presentando sólo un impedimento estático al avance."
Todo ello ocurrió como consecuencia de lo que el juez denominó "hechos puntuales de la administración fraudulenta del Grupo Cirigliano respecto de los fondos públicos girados por el Estado Nacional a TBA". En un punto específico, el juez mencionó el "contrato de locación de servicios suscripto entre las firmas TBA y Cometrans", que la controlaba y también pertenecía a los Cirigliano. "Por este vínculo contractual abusivo para los intereses de TBA su controlante Cometrans recibió entre los años 2004 a 2012 la suma de 136.878.438,93, a pesar de lo cual según exponían la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Auditoría General de la Nación (AGN) la calidad y seguridad del servicio empeoraba cada año".
Bonadío determinó que "TBA ha hecho importantes erogaciones dinerarias sin recibir por parte de Cometrans contraprestación efectiva alguna, ni en personal, ni en asesoramiento experto". Así, concluyó: "Lo que tenemos aquí es un claro y manifiesto acto de administración infiel aparentemente respecto de TBA y realmente a los fondos públicos que el Estado Nacional le transfería para sostener la operación de las líneas Mitre y Sarmiento, y que por las decisiones inescrupulosas de sus directivos, accionistas y gerentes, que en asociación con los de Cometrans eran desviados para su provecho y enriquecimiento propio."
Embargos millonarios
El juez entendió que el delito cometido encuadra dentro del "estrago doloso" y ordenó un embargo general por 600 millones de pesos por el accidente que causó 51 muertos en la estación de trenes de Once. Los procesamientos abarcaron además al ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna y a Marcelo Calderón, titular de Cometrans, a Carlo Ferrari, ex presidente de esa empresa, entre otros mientras que quedó sobreseido el ex funcionario Antonio Sicaro, titular, al momento del accidente, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Cuatro de los siete procesados con preventiva, Claudio Sergio Cirigliano, Carlo Ferrari, Claudio Tempone y Carlos Lluch, ya habían estado detenidos en el caso por supuesta ocultación de documentación y fueron excarcelados.
En cambio, Mario Cirigliano, Jorge Álvarez y Marcelo Calderón deben depositar una caución de cinco millones de pesos antes del lunes.
A Jaime y Schiavi les fijó un embargo de un millón de pesos al procesarlos sin prisión preventiva por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes" por su supuesta omisión de controlar a la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires y el uso que daba a los subsidios girados desde el Estado Nacional.
Lo mismo resolvió para con el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, el ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero, Pedro Rainieri y Francisco Pafumi.
[Fuente: Info News, Bs As, 20oct12]
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