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13jul15


Las escuelas de Santa Cruz de la Sierra en las que aprenden a volar los "nuevos kamikazes"


Egresados de 11 escuelas de Santa Cruz y una de Beni, juegan a la ruleta rusa con el narcotrafico.

Santa Cruz de la Sierra es la única ciudad de Bolivia con dos aeropuertos internacionales: Viru Viru y Trompillo. Este último está rodeado de hangares que pertenecen a la Fuerza Aérea Boliviana, pequeñas aerolíneas y 11 escuelas de aviación, en las que cientos de jóvenes del país vecino, Colombia, Perú, Brasil y otras naciones del Cono Sur se forman como pilotos privados.

La desproporcionada cantidad de academias abiertas en El Trompillo llamó la atención de organismos antinarcóticos. Poco antes de ser desplazada de su cargo, en mayo de 2014, la exdirectora de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú (Devida) Carmen Masías vinculó estos centros de instrucción con la plaga de vuelos narcos registrada entre Bolivia y los valles cocaleros su país.

En una de las escuelas aeronáuticas de Santa Cruz de la Sierra, Sky Team, se capacitó Carlos Ernesto Torrico Ortiz, de 18 años, uno de los pilotos bolivianos que fueron apresados el pasado 9 de junio en Joaquín V. González (Anta), con cuatro kilos de cocaína, tras aterrizar en una avioneta Cessna, con matrícula boliviana, en la zona de Salta Forestal.

Su compañero, Nilo Suárez Torrez, de 19 años, también es piloto de avión y se formó en Alas Beni Flight Training, un centro de instrucción de Trinidad, la capital de Beni.

En Santa Cruz, en 2011, fue instruido como piloto Jesús Guzmán, hijo de el Chapo, quien, hasta su arresto en febrero de 2014, lideró el cártel mexicano de Sinaloa. Esta información fue confirmada por Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Bolivia.

La vida en juego

Erick Osman Méndez Donoso, uno de los más experimentados instructores de los aeroclubes de Santa Cruz de la Sierra, tuvo un trágico final en Salta hace ocho meses. Era uno de los pilotos de la narcoavioneta que se estrelló en Anta, el 19 de noviembre de 2014, tras arrojar fardos con 250 kilos de cocaína en un campo de la finca San Severo.

Méndez Donoso había trabajado en Petrobras y en reparticiones públicas de Bolivia hasta el 23 de septiembre de 2011, cuando fue sentenciado en una causa por estafa y estelionato. La condena había sido apelada, pero un tribunal superior dejó firme el fallo el 5 de noviembre de 2012 y le dictaminó tres años de prisión en Santa Cruz. La pena se cumplía en noviembre de 2015, pero el avezado piloto comercial falleció un año antes en Salta.

Bilbao Román Mayube era otro piloto con experiencia que se mató el 22 de agosto de 2012 en Beni. Ese día, el municipio de San Joaquín celebraba su 303 aniversario y él, con un Cessna 206, realizaba acrobacias aéreas. En uno de los pasos rasantes, la aeronave se estrelló contra una vivienda, cerca de la multitud, y el pueblo se enluto con tres muertes.

Mayube había sido encarcelado en marzo de 2009, luego de aterrizar en una pista clandestina de Campo Pajoso, entre Villa Montes y Yacuiba, con una avioneta cargada con 375 kilos de cocaína de máxima pureza que iban a ser "bombardeados" en el este salteño. El piloto registraba antecedentes por narcotráfico en 1984 y 1994, y estaba prófugo. Aunque fue procesado y encarcelado en Palmasola, en dos años Mayube volvió a comandar una aeronave civil hasta la fatalidad en San Joaquín.

La avioneta que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia incautó en marzo de 2009 era el mismísimo Cessna 2006 que policías salteños incautaron el pasado 9 de junio en Salta Forestal.

El poder corruptor del narcotráfico se hace sentir en todos los poderes del Estado y fuerzas de seguridad.

A principios de marzo pasado fue detenido el extitular de la FELCN y de la Policía de Bolivia Oscar Nina, acusado de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y vínculos con el cártel de Sinaloa.

Cursos de 40 mil dólares

Con solo 17 años se puede ingresar a unas de las tantas escuelas de aviación que tiene Santa Cruz de la Sierra. Los cursos son de tres a ocho meses y cuestan -con todos los gastos incluidos- entre 30 y 40 mil dólares.

A esas academias no solo asisten chicos de nacionalidad bolivana. El 13% de los pilotos privados que se recibió en las escuelas de Santa Cruz y Beni es de nacionalidad colombiana y otro 5% es de Perú. Brasileños y ecuatorianos también resaltan en los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Algunos congresales del vecino país empezaron a mostrar preocupación por los jóvenes pilotos muertos y apresados. El Cono Sur, con las viejas e inseguras avionetas que vuelan sin control, tiene una marca mundial en accidentes aéreos que exige acuerdos regionales urgentes para detener la plaga.

Aeronaves clonadas se pasean en las pistas y la aeronafta no tiene control

Se desconoce el uso de 600 mil litros por mes de av-gas, despachados por YPFB. Antes que leyes de derribo, se necesitan acuerdos regionales urgentes para privar al narcotráfico de herramientas que hoy tiene facilitadas en todo el Cono Sur.

Frenar la importación, habilitación y operación irregular de avionetas clonadas es una prioridad que debería tener respuestas inmediatas a través del Parlamento del Mercosur (Parlasur), cualquier otro órgano supranacional competente o las propias cancillerías.

En Bolivia, la importación de aeronaves, que Estados Unidos descarta por su excedida vida útil, sigue firme, a un ritmo de cien unidades por año. Auditores de la DGAC estimaron el número en base a las avionetas que se pasean por las pistas de El Trompillo, Viru Viru y otros aeropuertos con nuevas matrículas que siguen un orden correlativo.

Un mejor control a las matrículas de las escuelas de pilotos, los despachos de combustible aeronáutico y los planes de vuelo son otras asignaturas pendientes. Sin registros de consumo, en las terminales aéreas se expenden por mes entre 500 y 600 mil litros de av-gas, el combustible que utilizan las avionetas. La mayor demanda se registra en Santa Cruz de la Sierra.

El descontrol sobre el uso de la aeronafta también facilita las operaciones de las narcoavionetas, que, además, tienen el espacio aéreo prácticamente liberado por una escasa cobertura de radares.

YPFB Aviación

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) monopoliza, a través de una subsidiaria YPFB Aviación, la venta de jet fuel y av-gas en los aeropuertos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Yacuiba, Puerto Suárez, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín y Cobija.

En octubre de 2014, el presidente boliviano Evo Morales firmó un decreto para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y organismos aeronáuticos oficiales establezcan un sistema de control sobre las aeronaftas y los planes de vuelos. El programa sigue pendiente.

Droga que baja desde Perú

En la región cocalera del sudeste de Perú se producen 300 toneladas de cocaína al año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 50% de ese volumen sale del valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem) en avionetas, con matrículas de Bolivia y Paraguay, que utilizan pistas clandestinas protegidas por Sendero Luminoso.

Cada día parten tres a cuatro narcovuelos hacia Bolivia que, según la Dirección Antidrogas de Perú (Dirandro), se ha convertido en el centro de cristalización de la pasta básica peruana.

En Bolivia, los laboratorios de cristalización se concentran en Santa Cruz de la Sierra y Beni, que son, asimismo, los epicentros de la distribución aérea de la droga hacia Argentina, Paraguay y Brasil.

Ichilo, en el departamento Santa Cruz, ya no es tan solo hogar de clanes familiares de la droga, sino que también operan allí tres redes colombianas y al menos una de Brasil. Paquetes "bombardeados" en Salta con sellos de escorpiones, tréboles, leones y otras figuras confirman el entramado narco trasnacional.

En el Vraem el kilo de pasta base vale 600 dólares y la cocaína 1.000. En el norte argentino la cotización se eleva a US$ 3.000; en el puerto de Rosario (Santa Fe), a 15.000 y en Europa, a 50.000 dólares.

Los pilotos cobran por cada narcovuelo entre 5.000 y 10.000 dólares.

[Fuente: Equipo de investigación de El Tribuno, Salta, 13jul15]

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