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07abr18
Como operaba la banda de mejicaneros de tinte oficial
La droga que traficaban eran de distintos cárteles y posiblemente de distintos secuestros. Los ladrillos pertenecen al clan fundado por los Castedo. Otros, aparentemente peruanos.
El mecanismo estaba más que aceitado, porque los que integraban la banda de narcotraficantes desbaratada en Tartagal y en Salta capital eran quienes conocían los movimientos internos tanto en la justicia como en las fuerzas de seguridad. Sin embargo -y precisamente por conocer cómo se manejan desde adentro los ámbitos investigativos y de la justicia- la estrategia no era para nada sofisticada.
Precisamente por eso es que la droga que la banda trasladaba hacia la capital de la provincia para su venta al menudeo había llegado en varias oportunidades sin el mínimo inconveniente.
Solo las escuchas telefónicas y la investigación que venía realizando una interfuerza conformada por efectivos de las fuerzas tanto federales como provincial y capacitados por la DEA logró poner fin a las maniobras de la banda de narcos.
El sargento de Gendarmería nacional Raúl Federico Villarruel, quien prestaba servicios en el Escuadrón 52 Tartagal, reside en la localidad de Embarcación pero su tarea estaba en el estratégico control que la fuerza federal posee en la intersección de las rutas nacional 34 y 81, por eso aparece como el principal eslabón de esta cadena de complicidades. El ahora exgendarme está casado con una docente de esa misma localidad y es hermano de un policía.
Villarruel viajaba en su auto por plena ruta nacional 34 "barriendo", como se dice en la jerga del narcotráfico, los 354 kilómetros que separan Tartagal de la capital de la provincia, y se movilizaba unos kilómetros más adelante de sus cómplices. Su tarea era asegurarse que no hubiera ningún procedimiento sorpresivo por parte de la Gendarmería Nacional ni de ninguna fuerza federal que pudieran malograr la operación; su paso por el puesto Senda Hachada, el más exhaustivo y donde prácticamente se incauta droga en forma diaria, y donde prestaba servicios, era para él "pan comido".
El exsargento fue detenido llegando a General Mosconi, 7 kilómetros al sur de Tartagal.
En el segundo vehículo y conduciendo la unidad lo hacía la excandidata a concejal y secretaria del Juzgado de Violencia Familiar de Tartagal Patricia Soledad Rodríguez, quien llevaba el cargamento de droga. Junto a ella viajaban dos familiares directos de la tartagalense narco, un hombre y una mujer, ambos de apellido Luna, domiciliados en la capital de la provincia en el barrio Miguel Aráoz, y otro hombre oriundo de Orán.
Cuando la mujer llegaba a los controles fijos que la Gendarmería Nacional tiene en Senda Hachada y en otros puestos la estrategia era sencilla, confió un investigador, "chapeaba" que era empleada del Juzgado de Tartagal y que iba a realizar algún trámite relacionado con su actividad en la capital de la provincia.
Rodriguez, como todos los días, había trabajado normalmente en su oficina -ubicada a pocos metros del despacho del juez Federal de Tartagal Martínez Frugoni- y a las 11 de la mañana se retiró invocando una urgencia.
Una hora y media más tarde intentaba afanosamente fugarse de las fuerzas antinarcóticos por las calles de la populosa Villa Saavedra.
El auto en el que se movilizaba y en el que viajaba con sus primos fue literalmente embestido en su huída por la camioneta de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, para obligarla a detener su marcha. Hasta que eso sucedió ya había arrojado dos bolsas -una roja y otra azul- que contenían el cargamento de clorhidrato de cocaína.
Paralelamente los agentes antinarcóticos detenían a otro sujeto de apellido Jaime en la estación terminal de ómnibus de Tartagal.
Rodriguez residía en la calle Juana Azurduy, una calle posterior de la Unidad Regional N° 4 de la Policía de la Provincia de Salta, en una elegante vivienda. La fuerza antinarcóticos concretó -cerca de las 22 horas del viernes- un allanamiento en esa vivienda, donde se encontraron 9 panes de cocaína de máxima pureza.
El mismo investigador confió a este medio que "conseguimos la orden de allanamiento por parte del juez Federal en cuestión de minutos. Si hubiera sido otro juez que estaba antes en Orán lo más probable era que diera vueltas y vueltas hasta que la casa hubiera estado limpia".
La caída del gendarme Villarruel puso en jaque a más de un eslabón de la cadena de controles de Gendarmería, y si a eso se le suma que la causa primigenia en contra de la banda se caratuló "mejicaneo", las sospechas de los argentinos ajenos al tráfico de estupefacientes es mucho más que razonable. Lo más escandaloso es que en el entramado de esta perversión pública e incumplimiento de todo deber existen eslabones que incluso ligan estos huecos con la Justicia.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 07abr18]
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