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26sep17


"Todos sabían que la libertad de los narcos estaba tarifada"


El abogado David Arnaldo Leiva fue categórico en sus expresiones, al declarar ayer como testigo en el juicio que se le sigue al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, quien está acusado de comandar una asociación ilícita para liberar a narcotraficantes a cambio de dinero y/o dádivas. Leiva ratificó las denuncias públicas y penales que realizó en 2015, cuando la Justicia Federal de Salta puso en marcha una investigación que derivó en la destitución de Reynoso. En la causa quedaron involucrados cuatro abogados, dos empleados del juzgado y una jubilada, quienes asisten al juicio en calidad de procesados sin prisión preventiva.

El exmagistrado, en tanto, hizo una ampliación de la declaración para completar la exposición que había realizado en la audiencia anterior. Explicó cómo funcionaba el juzgado, la distribución del personal y negó en forma terminante que organizaba los expedientes de manera deliberada para favorecer a los litigantes.

"Todos los abogados sabían que en el Juzgado Federal de Orán la libertad de los narcos estaba tarifada", expresó Leiva. Dijo que lo que se comentaba en torno al escandaloso proceder de la Justicia "era una verg enza" para la ciudad norteña, y que ese fue el principal motivo que lo animó a denunciar lo que sabía. Durante su extenso testimonio, el reconocido abogado de los derechos humanos contó lo que escuchó y lo que le comentaron sus colegas, además de algunos clientes de su estudio jurídico y conocidos.

En tal sentido, dio detalles de las causas que forman parte de la plataforma fáctica de la acusación que pesa contra Reynoso y los otros integrantes de la organización criminal. "Orán es una comunidad chica, donde todos nos conocemos y, en ese marco, desde hacía tiempo se sabía que en el Juzgado Federal estaban pasando cosas raras", señaló. El testigo indicó que en las causas "más pesadas" intervenían casi siempre los mismos abogados, en alusión a María Elena Esper, Arsenio Eladio Gaona, Ramón Antonio Valor y René Alberto Gómez, quienes está imputados de cobrar las coimas que exigían a los detenidos para obtener su libertad. "Los narcos que eran patrocinados por estos profesionales, en la mayoría de los casos, eran beneficiados con excarcelaciones o les atenuaban las imputaciones", aseguró.

Contó que los comentarios de sus colegas se reforzaron con los datos que le aportaron la abogada Roxana Rivas Vázquez (expareja de Gómez) e Ivan Cabezas, propietario de una cadena de carnicerías. "Cabezas estaba detenido en la cárcel de G emes y cuando lo liberaron fue a verme. Estaba destrozado y me comentó que su esposa había pagado cien mil pesos para obtener este beneficio, sin que él lo haya solicitado", dijo. Y agregó: "A partir de allí tomé conocimiento que otros narcos habían pagado coimas para salir de la cárcel". Respecto a Rivas Vázquez, refirió que esta letrada le informó acerca de los aceitados contactos entre Gómez y Reynoso. "Esta señora me dijo que Reynoso la presionaba para que venda una finca que el doctor Gómez había recibido de un detenido que fue beneficiado con la libertad. Me manifestó que le tenía miedo a Reynoso y a un tal Farfán, que era el que cobraba las coimas", explicó Leiva.

El letrado también mencionó a una mujer identificada como Sandra Cuéllar, quien se dedicaba al ingreso de ciudadanos chinos al país. "Conversando con esta señora, me relató que en una oportunidad se encontró en el Juzgado de Orán con la abogada Esper, quien le exhibió una cartera llena de billetes. Luego Esper ingresó a una oficina y cuando retornó le mostró la cartera vacía, dándole a entender que era producto de una coima", refirió. Leiva aseguró, además, que por comentarios de un compañero de celda de Cabezas, supo que por la libertad del narco boliviano José Luis Sejas Rosales se pagaron 350 mil dólares, de los cuales 50 mil fueron para el abogado Valor. En relación a Gaona, sostuvo que este abogado operaba en Tartagal, donde exigía retornos de dinero para que su cuñado Reynoso liberara a presos por narcotráfico.

En su intervención de ayer, Reynoso nombró en varias oportunidades al fiscal federal de Orán, José Luis Bruno. Aseguró que en algunas de las causas por las que está imputado dio intervención al representante del Ministerio Público y que este no objetó las excarcelaciones que otorgó a los detenidos. Puso como ejemplo que en la causa Sarmiento "le pedí al fiscal que investigara todo lo relacionado a este imputado, pero en dos años no emitió ningún dictamen, como tampoco hizo ningún planteo sobre las resoluciones que firmé".

Quejas de los abogados del foro norteño

En la jornada de ayer también declaró Diego Marcelo Quintana, quien hasta el mes pasado se desempeñó como delegado del Colegio de Abogados de Orán. "Los colegas me trasmitieron que en muchas causas federales se les revocaba el poder y que los litigantes eran siempre los mismos", afirmó. Dijo que los letrados del foro local también estaban molestos por las excesivas demoras en las causas civiles de la jurisdicción norte que se tramitan en el Juzgado Federal de Orán.

"El doctor Reynoso nos convocó a una reunión, de la que participó el delegado del distrito Tartagal. Nos explicó que las causas civiles estaban demoradas por falta de personal y que estaba haciendo las gestiones para solucionar este problema", afirmó. Respecto a la revocación de poderes, Reynoso les comentó que conocía los rumores, pero argumentó que ningún abogado le había planteado un formal reclamo en ese sentido.

[Fuente: Por Rubén Arenas, El Tribuno, Salta, 26sep17]

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