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26feb16
El fenomenal lavadero narco
Clubes de fútbol, productoras cinematográficas, fideicomisos, hoteles, enormes desarrollos inmobiliarios, campos, restaurantes y hasta escuelas son algunas de las pantallas que los narcotraficantes han levantado en diferentes provincias argentinas para disimular como legal el multimillonario dinero clandestino que generan.
A través del seguimiento de 11 causas que son investigadas en distintos juzgados federales del país, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dirige el cordobés Carlos Gonella, acaba de elaborar un informe que permite dimensionar el fenomenal flujo de dinero oscuro que se ha incorporado en las estructuras legales.
Una radiografía que impresiona: más de 3.500 millones de pesos que pueden duplicarse en caso de avanzar otras causas que están en la mira de jueces y de fiscales.
Y que deja al descubierto, de manera objetiva, otro rostro de la escalada narco en el país: la actividad, fronteras adentro, de carteles mejicanos y colombianos.
Una persecución que recién en los últimos años comenzó a tener un poco más de impulso en el país. Desde 1989 hasta hoy, sólo hubo siete condenas por lavado de dinero en todo el territorio argentino.
Escrito de otra manera: la enorme mayoría de las investigaciones no logró llegar al hueso de las organizaciones criminales.
El eje Córdoba
Una de las primeras causas del país que terminó enmarcada por lavado de dinero, y que se investigó antes de la instauración de la Procelac, se desarrolló en Córdoba. El traficante Jorge "Gallo" Altamira y otras nueve personas recibieron entre dos y seis años de cárcel en 2009.
De acuerdo con la investigación instruida por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, Altamira vendía cocaína en barrio Colonia Lola y alrededores, en la ciudad de Córdoba, lo que le permitió comprar tres propiedades y una cantidad similar de vehículos, además de una serie de costosos aparatos electrónicos. Para disimular los ingresos, abrió una boutique a nombre de su pareja de aquel entonces.
Es, hasta ahora, el único antecedente de este tipo en Córdoba.
No obstante, fuentes judiciales sostienen que se están investigando otros casos, aunque por ahora no hay acusaciones.
Una de estas causas es una pesquisa conexa al narcoescándalo, el expediente contra seis policías que está cerca de ser juzgado.
De manera paralela, el fiscal Enrique Senestrari y el juez Ricardo Bustos Fierro intentan determinar qué sucedió con la ruta del dinero que los agentes habrían generado de manera ilegal, de acuerdo con lo que surgió del caso madre. Pero, hasta hoy, no hubo mayores avances en ese sentido.
En ese mismo juzgado, se sigue un "reporte de operación sospechosa" enviado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en contra de Héctor Argentino "el Patrón" Gallardo, un presunto narcotraficante asentado en la ciudad santafesina de Frontera, en el límite de Córdoba y Santa Fe, que fue detenido junto con otras cuatro personas en los días finales de 2013.
En total, el volumen de dinero que se investiga alrededor de Gallardo superaría los 25 millones de pesos.
Según el expediente, Gallardo sería el líder de una organización que traficaba droga desde el norte argentino y Paraguay hasta Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, utilizando vías terrestres y aéreas.
Según fuentes judiciales, a través de un presunto testaferro Gallardo habría intentado utilizar una herramienta legal: entre 2013 y 2014, pretendió adquirir certificados de depósito para inversión (Cedines), un instrumento que permitía que aquellos que tenían depositados dólares que no estaban "blanqueados" pudieran comprar propiedades.
Distintos bancos alertaron sobre sospechosos intentos, que en total superaban los 15 millones de pesos, según el cambio de aquel momento. También se investigan otros ocho millones de pesos que había en una cuenta, y un plazo fijo de 2,5 millones de pesos.
Compleja ingeniería
En el resto del país, existen tres causas emblemáticas que trascendieron a los meros imputados para intentar atacar a la organización en su conjunto.
En 2013, siete personas fueron condenadas por narcotráfico en Corrientes. Se decomisaron 22 inmuebles, entre ellos un colegio secundario construido con dinero ilegal en Posadas, Misiones, además de un motel, una whiskería, 84 vehículos y un barco.
En tanto, el año pasado, la jueza federal chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, trabó un embargo por más de 1.600 millones de pesos a la banda que fue condenada por la operación Carbón Blanco, que consistió en el envío de una tonelada de cocaína a Europa.
Los narcos se valían de una estructura legal articulada en torno de fideicomisos (se transmiten bienes a un tercero para que este los administre).
Pero no era la única "pantalla".
Se establecieron conexiones con el mundo del fútbol (sobre todo con el club Real Arroyo Seco, de Santa Fe), además de desarrollos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones rurales y hasta un aceitado mecanismo para lavar dinero a través de la productora cinematográfica CS Entertainment.
Una ingeniería en la que participaban abogados, contadores y escribanos, entre otros profesionales.
En Tucumán, la persecución por lavado de dinero parece haber sido el sendero que encontró la Justicia federal para perseguir a Rubén "la Chancha" Ale y a un grupo de personas sospechadas durante años de conformar una organización clandestina ligada a la trata de personas y al tráfico de drogas, y con fuertes nexos con el poder político de esa provincia.
Pese a tener varias causas en su contra, a Ale jamás se le probó ninguno de esos delitos.
Ahora fue acusado, junto con su hermano Ángel, de comandar una asociación ilícita con fines delictivos y de evadir al fisco a través del lavado de activos. Está a punto de ir a juicio junto con cuatro imputados. La Unidad de Información Financiera (UIF) entiende que habrían lavado cerca de 63 millones de pesos.
Carteles peligrosos
De acuerdo con el informe de la Procelac, las causas de lavado provenientes de casos de narcotráfico representan el 36 por ciento de las investigaciones de este tipo en todo el país.
Luego existen delitos de defraudación tributaria (17 por ciento), trata de personas (14) y defraudaciones genéricas (siete por ciento).
Entre las 11 causas más relevantes que se investigan en los juzgados federales, sobresalen cinco casos en los que aparecen carteles mejicanos y colombianos inyectando dinero ilícito en Argentina, según se presume.
En las fiscalías 1 y 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires, se persiguen los movimientos financieros de la firma Oda Desarrollos SA, sospechada de operaciones de compraventa de propiedades para encubrir el real origen de más de 20 millones de pesos.
La pista colombiana otra vez quedó al descubierto en un juicio celebrado el año pasado en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, de la ciudad de Buenos Aires, donde los colombianos Gerardo Ruidíaz y Fabio Montañana fueron condenados por contrabando consumado de estupefacientes agravado y lavado de activos.
Se comprobó que adquirieron y administraron un campo de 18 hectáreas ubicado en el paraje Arroyo Molina, cercano a la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, con dinero otorgado por un grupo de colombianos vinculados a Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, con pasado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y en las Autodefensas Unidas de aquel país, y jefe de los sicarios del narco Daniel "el Loco" Barrera Barrera.
Saldarriaga fue asesinado por otro sicario colombiano en 2012 en pleno barrio porteño de Recoleta.
El cartel de Juárez, una poderosa y violenta organización criminal narco de México, también habría canalizado fondos en Argentina.
El 28 de marzo próximo, siete personas serán juzgadas en el Tribunal Oral Federal N° 6 de la ciudad de Buenos Aires acusadas de integrar una asociación ilícita para lavar dinero del narcotráfico.
Ya en 1997, según el expediente, a través del banco Citibank de Nueva York, Estados Unidos, giraban 20 millones de dólares a cuentas que habían radicado en Argentina con el objetivo de realizar operaciones que les otorgaran una apariencia legal a las ganancias del crimen organizado.
Se investiga la compra de tres departamentos, de un hotel y de cinco campos de grandes dimensiones destinados a la explotación agrícola-ganadera, entre otros bienes.
Otra causa conectada a México es la investigación contra Gregorio Sánchez Martínez, exalcalde de Cancún, de quien la Justicia federal de Posadas sospecha por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de una estancia en La Paz, Entre Ríos, y de varias camionetas de alta gama. El volumen total superaría los 20 millones de pesos.
De acuerdo con la pesquisa preliminar, Sánchez Martínez habría sido relacionado con los carteles mejicanos de Sinaloa, Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, se radicó con su familia en Argentina.
Otra millonaria pista que se investiga y que involucra a mejicanos y a argentinos es la maniobra que se habría ejecutado entre 2012 y 2014 y que consistía en el envío de dos toneladas de cocaína líquida en el interior de transformadores eléctricos trifásicos que habían sido despachados desde Argentina hacia Puerto Progreso, Yucatán, en México.
Se detectó que los investigadores recibían millonarios depósitos en sus cuentas bancarias a través de terceras empresas que simulaban distintas operaciones comerciales. En esos dos años, se detectó un volumen de 28 millones de pesos.
Se trata, en suma, de un muestrario del poder económico de los narcos. Y que explica una ruta financiera que hace tiempo dejó de ser sólo de paso.
[Fuente: Por Juan Federico, La Voz del interior, Córdoba, 26feb16]
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