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16ago24
El Gobierno tiene 48 horas para explicar cómo resguardará los archivos de la Conadi
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le dio 48 horas al Gobierno para que explique cómo resguardará la documentación que estaba en poder de la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y que fue disuelta el miércoles por un decreto de Javier Milei.
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de buscar a los bebés que fueron apropiados durante la dictadura. Creada en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, sus funciones fueron ratificadas por ley en 2001. Tres años después, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se creaba una UEI, que le permitía a la Conadi conducir investigaciones y acceder a los archivos en poder del Estado.
Desde el mes pasado se sabía que el gobierno de Milei preparaba un decreto para darle una estocada a la Conadi. A partir de una nota publicada por Página/12, la auxiliar fiscal Ana Oberlin le pidió a Kreplak que dictara una medida de no innovar para que no se perdieran los archivos que produjo o concentró la Conadi en estas décadas. Así lo hizo el juez el 8 de julio pasado.
La resolución de Kreplak
Ahora, Kreplak le dio 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a cargo del exjuez Alberto Baños- y a la Conadi para que informe qué organismo quedará en custodia del acervo documental de la UEI y cómo está cumpliendo con la medida cautelar que dictó hace un mes y medio.
Según pudo saber Página/12, Kreplak le encomendó a la delegación platense de la Policía Federal Argentina (PFA) cumplimentar con su resolución. La diligencia debería realizarse durante la jornada de este viernes.
El juez federal de La Plata recordó la recomendación que firmó el miércoles la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, a raíz de una presentación de sobrevivientes y referentes del movimiento de derechos humanos. Allí, Mariano Borinsky -a partir de un relevamiento de su colega Alejandro Slokar- dispuso que "se arbitren los medios necesarios para garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado" a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Milei contra la memoria
El argumento del gobierno para eliminar la UEI de la Conadi es que el Poder Ejecutivo no puede realizar investigaciones, ya que es una facultad del Ministerio Público Fiscal (MPF). De seguirse con esa línea de pensamiento, el Estado argentino no podría haber investigado qué pasó en los campos de concentración a través de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o no podría tener la Oficina Anticorrupción (OA), la UEI AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF).
En diálogo con este diario, Pablo Parenti, el fiscal titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), resaltó que nunca hubo señalamientos de jueces, fiscales o defensores contra el trabajo de la UEI. Lo mismo dijo en declaraciones a Radio Provincia la jueza jubilada María Roqueta, que presidió el tribunal que estableció en 2012 que en Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante los años del terrorismo de Estado.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo denuncian que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) busca obstaculizar la búsqueda de los nietos. El decreto que desmantela la Conadi al dejarla sin su unidad de investigación se conoció un mes después de que un grupo de seis diputados oficialistas hicieron un cónclave en la cárcel de Ezeiza con genocidas presos por crímenes cometidos durante la dictadura. En la reunión participaron, entre otros, Alfredo Astiz y Adolfo Donda, que fue condenado este año a quince años de prisión por haber participado de la sustracción de su sobrina, Victoria Donda Pérez, que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En su fallo de julio, Kreplak había hablado del carácter "insustituible" de la documentación producida y en poder de la UEI de Conadi. "El hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas", señaló.
Intencionalidad política
El gobierno puso a la Conadi bajo asedio hace meses. En primer lugar, el Ministerio de Defensa se negó a entregar documentación que había sido solicitada desde el organismo. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció con bombos y platillos que seguiría la misma línea. La funcionaria dijo que la Conadi era un ente militante y que no pensaba contribuir a la persecución de los integrantes de las fuerzas.
En todo momento, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, guardó silencio. Baños es, por su cargo, la cabeza de la Conadi. Claudia Carlotto fue desplazada de la dirección del organismo cuando se supo que se preparaba el decreto para eliminar la UEI.
La política de vedar el acceso a los archivos por parte de los expertos que trabajan en la Conadi se inscribe en una estrategia más general. En marzo, Luis Petri desmanteló los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que trabajaban con documentación de las Fuerzas Armadas. Estos equipos funcionaron desde 2010: lo hicieron en administraciones del kirchnerismo, del macrismo y del Frente de Todos.
Petri también sostuvo que los ERyA se arrogaban facultades que eran propias de la justicia. El ministro llegó a acusar a sus integrantes de ser un grupo parajudicial y de hacer "macartismo" al interior de las Fuerzas Armadas. Más de 30 fiscales le reclamaron a Petri que diera marcha atrás con su decisión porque los aportes de los especialistas eran fundamentales para las causas por crímenes contra la humanidad.
La decisión ya estaba tomada. En ese momento, la determinación fue celebrada por los defensores de los represores. La eliminación de la UEI de la Conadi también tuvo la misma acogida.
"El Presidente Milei desmanteló otro reducto de la policía marxista dirigido por la familia Carlotto. Bajo la supuesta búsqueda de 'niños' que hoy rondan los 50 años se espiaba a las familias militares, se pedían sus antecedentes médicos y se les realizaban seguimientos. Felicitaciones", celebraron desde Justicia y Concordia, la asociación que reúne a abogados que defienden a detenidos por crímenes de lesa humanidad.
La activista pro-impunidad Cecilia Pando también celebró el decreto que firmaron Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Grande Javier Milei, desarmó otro negocio de los 'derechos humanos' que pagamos todos los Argentinos", tuiteó la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que venía reclamando que el gobierno de La Libertad Avanza cumpliera con las promesas que sus máximos dirigentes habían hecho en campaña.
[Fuente: Por Luciana Bertoia, Pag12, Bs As, 16ago24]
Radio Nizkor
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