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02feb24


El Congreso argentino vota a favor de una ley que establece un estado de excepción


El congreso argentino votó el 02feb24 a favor de una ley conocida como "Ley ómnibus" que es en realidad una ley de excepción contraria a los principios republicanos más elementales, principalmente la separación de poderes, así como a las libertades civiles consagradas en la Constitución argentina, en violación flagrante de los Artículos 85 y 76 de la misma:

    Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

    Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

La Sentencia de la Cámara del Trabajo declarando inconstitucional la reforma laboral del Presidente Milei contenida en el Decreto DNU 70/2023, lo expresa del siguiente modo:

    "Pues bien, el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial (CSJN, 19/5/10, 'Consumidores Argentinos c/ EN-PEN-dto 558/02-ss-ley 20091 s/amparo ley 16986', Fallos: 333: 633).

    Es por eso que, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, el Alto Tribunal ha dicho en forma reiterada que es atribución del Poder Judicial evaluar, en el caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos (cfr. causas "Verrocchi" y "Asociación Argentina de Compañías de Seguros", antes citadas)".

En realidad estamos frente a una verdadera ley habilitante en la que el Congreso cede sus poderes al poder ejecutivo.

Eso es exactamente lo que ocurrió el 23 de marzo de 1933 en Alemania, cuando Adolf Hitler, a través de una ley habilitante, asumió todo el poder.

Esta ley otorgó poderes extraordinarios al Gobierno de Hitler al permitirle promulgar leyes sin la aprobación del Reichstag (el parlamento alemán). En esencia, la Ley Habilitante eliminó las restricciones constitucionales y democráticas, consolidando el poder en manos de Hitler y su partido, el Partido Nazi.

El Parlamento firmó su propia sentencia de muerte y la de toda Alemania.

El Congreso argentino acaba de delegar en el Poder Ejecutivo sus funciones constitucionales declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

El Congreso votó su propia sentencia de muerte y, en consecuencia, la de la República tal cual fue configurada a través del tiempo.

Equipo Nizkor, Buenos Aires y Charleroi, 02feb24

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