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11ene24
Reclamo de grupos pro-represores: "Se debe terminar con estos infames juicios de lesa"
Cecilia Pando no está sola en su reclamo. Abogados de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad también salieron a pedirles a Javier Milei y Victoria Villarruel que se ocupen de los represores, que tantas esperanzas abrigaron con su llegada al poder. Les reclaman que avancen contra los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado y que desmantelen las áreas del Estado que se ocupan de estos procesos.
Los grupos pro-impunidad esperaban alguna señal del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) para fin de año. La señal no llegó, y el enojo escaló. El primer indicio del hastío provino de una carta que publicó un grupo de mujeres -esposas, madres, hermanas y amigas de represores- en el diario La Nación en el que les reclamaban a Milei y a Villarruel que cumplieran con las promesas de campaña.
Hasta entonces se presumían contactos entre estos sectores y LLA -sobre todo por la militancia de Villarruel en las filas de la "memoria completa"- pero no había confirmación. El lunes, Pando le confirmó al periodista Ernesto Tenembaum que habían existido contactos con el "entorno" de Milei y que otra gente se había comunicado con Villarruel. Entre ellas dos parecen estar todos los puentes rotos, a pesar de que fueron muy compinches en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner.
Un día después de la irrupción pública de Pando, la agrupación Justicia y Concordia -que reúne a defensores de personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad- escribió en su red X (exTwitter): "El status quo de los juicios de lesa humanidad sigue inalterable. No parece ser un tema de agenda para el nuevo gobierno".
La afirmación correspondía a una nota que publicó Gonzalo Miño. En noviembre pasado, después del triunfo de Milei en el balotaje contra Sergio Massa, Miño provocó al resto de las partes al saludarse con otro defensor diciendo "hermosa mañana" -la frase que popularizó Guillermo Francella en una comedia de los años '90 -la década que tanta nostalgia despierta entre los seguidores de LLA. El episodio ocurrió durante el juicio por crímenes cometidos en 1 y 60, donde uno de los acusados es Alberto Criningan, defendido de Miño y coautor junto con Villarruel de un libro en el que se presenta lo sucedido durante los años '70 como una "guerra".
En su texto, Miño plantea que el Poder Ejecutivo debería abandonar las querellas en las causas de lesa. "No se entiende por qué el gobierno mantiene al Estado entrometiéndose en los llamados juicios de lesa humanidad, si ya lo hace a través del órgano correspondiente cual es el Ministerio Público Fiscal", afirma y habla de una doble acusación. Es la misma lógica que invoca el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona al explicar por qué la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) no deben ser querellantes en las causas que más interesan a sus socios macristas: las que tienen a exfuncionarios kirchneristas como acusados.
Además, Miño protesta porque no se ha dicho "una sola palabra" sobre la capacidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para tener reclusos mayores de 65 años. Es un reclamo enfocado hacia Patricia Bullrich, que ahora tiene las cárceles bajo su órbita en el Ministerio de Seguridad. Durante la campaña, la actual ministra había prometido una "salida justa" para los militares "injustamente presos". Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, aboga también para que no haya mayores de 70 años en prisión.
"Se debe terminar con estos infames juicios de lesa", dice Miño en su columna publicada en el portal Prisionero en Argentina. "Si no se actúa ahora que el gobierno tiene los índices más altos de apoyo popular será muy difícil hacerlo cuando el lógico desgaste de la gestión empiece a ser mella en la gente y ello intente ser aprovechado por los 'K' que desean ver este gobierno eyectado de la Casa Rosada lo más rápido posible", reclama el abogado.
Miño, además, es el presidente del capítulo rosarino de la Unión de Promociones (UP), la entidad que se creó en mayo de 2005 para resistir el avance de las causas. La UP fue el primer grupo en pedirle públicamente a Milei una "solución definitiva" para los presos de lesa. Lo hizo a través del diputado nacional por Mendoza Facundo Correa Llano, que se reunió con retirados para escuchar su reclamo. Entre los detenidos por lesa está uno de los referentes de la UP, Guillermo Viola, a quien el juez federal Daniel Rafecas detuvo por haber participado de la masacre de la calle Corro, donde murió María Victoria "Vicki" Walsh, entre otros dirigentes montoneros.
[Fuente: Por Lucrecia Bertola, Pag12, Bs As, 12ene24]
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