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06mar24
El ajuste de Milei amenaza la supervivencia de los comedores, último eslabón de contención social
El cese del giro de fondos registrado en enero, en el marco del recorte en el gasto público con vistas al superávit fiscal, golpea de lleno en las miles de familias en Argentina que diariamente acuden en búsqueda de un plato de comida.
La suspensión de la asistencia alimentaria a los miles de comedores y merenderos comunitarios de todo el país hace crujir la frágil situación de los sectores más castigados por la crisis. El freno en el giro de fondos registrado en enero -período en el cual el Gobierno de Javier Milei exhibió superávit fiscal por primera vez en 12 años- se refleja en el último eslabón de la cadena de contención social.
"Muchas veces se van a la casa sin nada y no sabemos qué hacer", dijo a Sputnik la responsable de uno de los comedores.
En el primer mes del año, el ministerio de Capital Humano decidió no ejecutar las partidas de los programas presupuestarios destinados a espacios de este tipo, aun a costa del compromiso con el Fondo Monetario Internacional en el que constaba el diseño de políticas públicas para los sectores más postergados.
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, en Argentina existen 41.253 espacios de este tipo que proveen alimento para millones de personas diariamente.
Ante un nivel de pobreza que, de acuerdo a la medición de la Universidad Católica Argentina, afecta al 57% de la población -con una inflación interanual que en enero llegó al 254,2%-, dichas instituciones desempeñan un rol fundamental.
El argumento esgrimido por el oficialismo orbita en torno a cuestionamientos sobre el rol que desempeñan las organizaciones sociales que administran los comedores a modo de intermediarios. Los cuestionamientos alcanzaron el punto cúlmine en la voz de Alberto Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza, quien denunció que dichos espacios "piden para una calidad de comida y después compran porquerías o la venden".
En ese marco, el Gobierno desplazó a movimientos sociales y municipios como interlocutores para reemplazarlos por una serie de acuerdos con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), dirigida por Abel Albino, integrante del Opus Dei.
Nacidos durante los episodios hiperinflacionarios de los años 1989-1990, los comedores populares garantizan el alimento a los sectores más vulnerables de la población. Independientemente del color político de los Gobiernos sucedáneos, dichos espacios desempeñaron históricamente un rol fundamental en los barrios más carenciados. En medio de la situación económica más delicada de las últimas dos décadas -tras seis años consecutivos de caída del poder adquisitivo de los salarios- las medidas dispuestas por la Casa Rosada amenazan su supervivencia.
Hasta la última migaja
María tiene 45 años y es responsable del comedor Señor de los Milagros, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense, a unos 15 kilómetros de la capital del país.
En diálogo con Sputnik, la referente barrial afirmó que "cada vez viene más gente y no damos abasto. Hace un mes empezó a venir gente de otros barrios. Muchas veces las personas se van a la casa sin comida y no sabemos qué hacer".
"Durante enero nos cortaron todos los alimentos. Dependíamos de los vecinos que colaboraban, estábamos desesperados. Ahora no tenemos ninguna certeza", remarcó la titular de la institución.
En un contexto de escasez de recursos, cada gramo de comida cuenta. Ante la creciente afluencia de personas necesitadas, las cocineras hacen lo imposible por abastecer a todas con las raciones contadas: "todos los días damos 216 porciones, pero ahora la dividimos para que cada una alcance para tres personas, porque cada vez viene más gente", explicó María.
Entre los asistentes al comedor se cuentan adultos mayores, jóvenes y hasta niños, quienes suelen estar a cargo de la provisión de comida para sus hogares: "hay personas de todas las edades, pero por lo general son los más chicos los que vienen a buscar la vianda de toda la familia".
Codo a codo
María, como miles de responsables de merenderos, es beneficiaria del programa Potenciar Trabajo, el plan social que hasta febrero remuneraba con medio salario mínimo (en enero el monto fue de $78.000 pesos, poco más de 75 dólares a tipo de cambio paralelo) a quienes desempeñaran tareas comunitarias durante media jornada laboral.
"Servimos la comida a las 12 y a las 13 o 14 terminamos de lavar los platos. Solemos empezar a trabajar a las 6 de la mañana para llegar a preparar todo. Más o menos, trabajamos cerca de seis o siete horas por día y cobramos el Potenciar, pero cada vez alcanza para menos", explicó.
Sin embargo, en su tercer mes de gestión la administración Milei decidió, primero, congelar el monto de la prestación -ante una inflación mensual de dos dígitos- y, luego, eliminar la iniciativa y reemplazarla por dos planes: el programa Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, segmentando a los beneficiarios entre quienes pueden insertarse en el circuito laboral formal y quienes no.
Dados los haberes percibidos, quienes trabajan en estos establecimientos también atraviesan una situación económica por demás precaria. Sin embargo, su tarea constituye una pieza clave para la supervivencia de quienes se ubican en la base de la pirámide de ingresos.
Consultado por Sputnik, Eduardo Donza -sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina- destacó que "el rol de los comedores es fundamental porque cada vez menos familias llegan a fin de mes. Si bien no es una cuestión que responda solo a este momento, porque existen hace décadas, hoy desempeñan un papel importantísimo".
"No es solamente una cuestión de alimentos. Estos espacios funcionan como mecanismos de contención social muy fuertes, tanto en materia educativa como sanitaria, por ejemplo. Es un espacio en el que el Estado no está presente, pero la sociedad se ocupa de intentar ocupar ese espacio", sostuvo Donza.
Un futuro incierto
La sostenibilidad de los comedores populares, y de sus responsables, afronta serios desafíos. El sociólogo lo expresó sin eufemismos: "llegamos al punto en el que es posible que los trabajadores de comederos dejen de acudir porque no puedan pagar el boleto, y no les cierre la ecuación. El trabajo voluntario empieza a ser un costo difícil de mantener", apuntó.
Donza enfatizó en un factor de creciente relevancia en momentos de crisis: la inseguridad. De acuerdo al investigador, la pauperización de las condiciones de vida -junto a la incertidumbre que trae aparejada- puede augurar una mayor conflictividad social. "El crecimiento de la marginalidad -no necesariamente de la pobreza- puede profundizar un estado sensible de violencia por impotencia", remarcó.
[Fuente: Por Juan Lehmann, Sputnik Mundo, Bs As, 06mar24]
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