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17feb17


Las causas que complican a Milani


Además de la causa por presuntos delitos de lesa humanidad en Tucumán por la cual hoy fue detenido, el exjefe del Ejército César Milani es objeto de otras tres investigaciones en la Justicia, una por la desaparición del conscripto Alberto Ledo en 1976, otra por enriquecimiento ilícito y la restante por negocios irregulares.

La causa por la desaparición de Ledo es seguida por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, quien lo indagó por su presunta responsabilidad en aquel episodio sucedido durante la última dictadura. Específicamente, a Milani se lo acusa de firmar un falso informe donde daba por desertor a Ledo, quien hasta el momento se encuentra desaparecido.

Por otra parte, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Milani por enriquecimiento ilícito y le trabó embargo de 5 millones de pesos. El exjefe del Ejército durante el kirchenrismo está acusado por la compra en junio de 2010 de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual, al menos la mitad, se desconoce el origen del dinero.

Según declaró el exmilitar, la plata para comprar la casa se la había prestado su amigo Eduardo Enrique Barreiro, quien a su vez tiene pendiente ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En tanto, el fiscal federal Patricio Evers tiene delegada una investigación contra Milani, a raíz de una denuncia anónima realizada en noviembre de 2014 relacionada a una compra que hizo el militar a la firma norteamericana Acrow que se dedica a la construcción de puentes metálicos. El denunciante aportó varios links sobre informes periodísticos que dan cuenta de que la empresa Acrow tiene denuncias de corrupción en varios países, como Chile y El Salvador. En la licitación registrada bajo el número 35/2014 no figura el precio de los puentes que ingresaron a nuestro país y el anónimo aportó un dato que llamó la atención del juez: Según indica la denuncia, todo se llevó a cabo con la anuencia de un alto funcionario de la Aduana que se negó a controlar aduciendo que se trataba de un negocio del exjefe del Ejército.

[Fuente: El Tribuno, Salta, 17feb17]

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