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04ago13
Con el acta falsa de Milani, Ledo fue acusado de terrorista en la CIDH
Así la dictadura negó, en 1981 y ante esa comisión de la OEA, que el conscripto estuviera desaparecido. El actual jefe del Ejército, cuando era subteniente, había firmado el documento en el que acusaba de guerrillero al joven.
El acta falsa de deserción de Alberto Agapito Ledo -que firmó el entonces subteniente César Milani en 1976 en Tucumán- fue clave para que la dictadura militar rechazara una consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el paradero del soldado desaparecido.
Luego de un reclamo de la madre de Ledo a la CIDH, la diplomacia de la dictadura envió en 1981 una nota a la sede de esa organización en Washington, en la que confirma que Ledo había sido enviado desde el Regimiento de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja a Monteros, Tucumán, para integrar una Unidad Antiterrorista en el marco del Operativo Independencia contra la guerrilla.
"El 27 de junio de 1976 (Ledo) fugó del vivac del batallón ", por lo cual se labró un acta y se lo dio de baja con fecha 22 de junio por "encontrarse incurso prima facie en la grave falta militar de deserción", agrega la respuesta.
La nota a la CIDH tiene partes textuales del acta que firmó Milani. Hace dos semanas Milani, ya como jefe del Ejército, dijo a Página 12 sobre la falsa imputación de deserción contra Ledo que "es obvio que no era así".
En base a esta acta y otras pruebas, el CELS impugnó el lunes 22 de julio último el ascenso de Milani de general de división a teniente general propuesto al Senado por la presidenta Cristina Kirchner. Luego de esa impugnación, la jefa de Estado ordenó postergar hasta después de las elecciones de octubre el tratamiento del pliego de Milani y otros 200 ascensos de militares.
La participación de Milani en el Operativo Independencia y su relación con Ledo había sido revelada por una investigación de Clarín.
La respuesta de la dictadura a la CIDH demuestra que en la Justicia y en los anexos del informe "Nunca Más" de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep -que se creó durante la presidencia de Raúl Alfonsín- había más datos sobre el caso de este soldado riojano desaparecido.
Luego de la impugnación del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky, la UCR acusó al secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda, de omitir información al Ministerio de Defensa y al Senado.
La nota titulada "caso 3518 (Ledo, Alberto Agapito)" señala que al declarárselo desertor "se solicitó la captura del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo a las autoridades policiales de todo el país, sin que hasta la fecha la misma haya podido ser materializada, manteniéndose suspendida las actuaciones instruidas por su deserción hasta tanto el aludido se presente, sea habido o prescriba la acción disciplinaria".
Luego de la "deserción", afirmó la dictadura a la CIDH, "el señor juez federal de La Rioja por nota fechada el 17-3-77, solicitó la captura del inculpado por atribuírsele la comisión de infracciones penales previstas en el artículo 239 del Código Penal y en la ley 20.840".
En la causa caratulada "Vergara, Máximo Justo y otros" (expediente 2.902/75), surgiría que "el aludido soldado conscripto pertenece a la banda de delincuentes terroristas autodenominada 'Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)', lo que permitiría explicar la causa de su deserción militar ".
Y la respuesta de la dictadura termina con un párrafo cargado de cinismo: "El Gobierno Argentino estima que los antecedentes precedentemente relatos ponen de manifesto la permanente preocupación de las autoridades nacionales por adoptar las medidas conducentes a esclarecer hechos como el denunciado, siguiendo la tradición histórica argentina de respecto de los derechos humanos".
En democracia, la desaparición de Ledo motivó la apertura de una causa ante el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. El fiscal del caso, Carlos Brito, había pedido en el 2008 la indagatoria del jefe de Ledo y de Milani en Monteros, capitán Esteban Sanguinetti, pero el trámite hasta ahora no se cumplió. Sanguinetti regresó esta semana del exterior y a través de su hijo se puso en contacto con ese juzgado que, en los próximos días, deberá decidir qué hace con Sanguinetti y más adelante con Milani.
Pero ésa no es la única causa en que se investiga a Milani por supuestos vínculos con la represión ilegal. En La Rioja, la Justicia federal ya procesó al ex jefe de Milani en el RIC 141, Horacio Poggi, a otros de sus jefes en ese regimiento, y al ex juez federal Roberto Catalán, mientras se investiga la denuncia del ex preso político Ramón Olivera quien afirmó que Milani, como subteniente, participó del secuestro de su padre y luego del suyo en 1977, en esa provincia.
[Fuente: Por Daniel Santoro, Clarín, Bs As, 04ago13]
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