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13ene13
La Asociación Madres de Plaza de Mayo oculta al Estado datos esenciales
La Inspección General de Justicia (IGJ) se encuentra desde hace años en condiciones técnicas de retirarles las personerías jurídicas a la Asociación y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, decisión que mantiene cajoneada por razones políticas, según surge de los registros internos del organismo sobre ambas entidades a los que accedió LA NACION y los parámetros previstos por la ley orgánica de la IGJ.
De tomar esa decisión, la IGJ determinaría la muerte jurídica automática de las dos grandes columnas en las que se apoya la entidad que preside Hebe de Bonafini , envuelta en un escándalo por la presunta defraudación millonaria con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Sin personería jurídica, las Madres no podrían operar con cuentas bancarias, ser titulares de inmuebles ni recibir subsidios. Por el contrario, las entidades deberían liquidarse y disolverse -vender sus activos y saldar sus deudas-, designándose liquidadores responsables sin vínculo previo con esas organizaciones.
En el caso de la asociación, el expediente abierto en la IGJ es el número 1663654. Se encuentra activo desde hace casi 13 años. Pero es delgado. Sólo incluye el acta de constitución, presentada en marzo de 1999.
Desde entonces, ese legajo sólo registra un par de movimientos, incluido un oficio que remitió la Justicia. Después de aquel primer movimiento en 1999, la entidad que lidera Bonafini incumplió con toda la normativa vigente y los plazos previstos por la IGJ. Nunca presentó balances, tampoco acompañó la declaración jurada para el reempadronamiento, no cumplió con la normativa antilavado, ni comunicó los cambios de nombres en su comisión directiva.
Además, la asociación nunca informó con 15 días de anticipación la celebración de asambleas, como dispone la normativa vigente. Sólo por eso, la IGJ puede requerirle al Ministerio de Justicia que le retire su autorización para funcionar, "como pasa con cualquier entidad que no haya celebrado una asamblea ordinaria durante dos o más períodos", precisó una fuente del organismo oficial a LA NACION.
La lista de documentos pendientes de la asociación civil es larga, al punto de que en su página oficial de Internet, la IGJ informa que esa entidad de Madres "no tiene trámites" presentados. Aun así, la entidad presenta una notable confusión informativa con su otro pilar, la Fundación que lideró Sergio Schoklender durante años.
El contraste entre la situación irregular de la Asociación que lidera Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora es notable. Con el número de registro 353014, esta última se encuentra al día con sus presentaciones de asambleas, balances y declaraciones juradas. No tiene oficios, reconstrucciones, ni sumarios, como así tampoco ningún paso por la secretaría privada del número 1 de la IGJ.
A diferencia de la Asociación que lidera Bonafini, también, la Fundación -con el número de entidad 1757199- sí presentó algunos documentos, aunque fuera de los plazos establecidos y, varios de ellos, luego de que estallara el escándalo, en mayo de 2011, por el que además se encuentra vigente la inhibición general de sus bienes.
La Fundación, por ejemplo, presentó su balance correspondiente a 2008 en agosto de 2009, y de 2009 en mayo de 2010. Pero por esa época, en la que incumplía con plazos y requerimientos, la entidad se presentó ante la IGJ para pedirle que le retirara la personería a la Sociedad Rural Argentina, por algunas de las mismas razones por las que el organismo debería retirársela (de lo que se informa por separado).
Entre sus incumplimientos, y a pesar de los $ 750 millones girados por el Gobierno para distintas obras, la Fundación jamás cumplió con las resoluciones vigentes de la IGJ para la prevención y lucha del lavado de activos. En particular, no informó el origen y licitud de los fondos de las donaciones recibidas ni el carácter de personas expuestas políticamente (PEP) de los miembros de su Consejo de Administración, e incumplió con la obligación anual de presentar una declaración jurada con detalles sobre el estado de cumplimiento de la normativa antilavado. Por el contrario, presentó, ya con el plazo vencido, su declaración jurada que impuso el organismo para el reempadronamiento de las entidades, fueran comerciales o sin fines de lucro.
En el caso de la Fundación, la sensibilidad política del expediente queda claro en los movimientos que exhibe su legajo en el sistema informático interno de la IGJ, conocido por sus funcionarios y empleados por las siglas ARGA. De allí surge que todos los últimos trámites y presentaciones terminaron acumulados sobre el escritorio del número uno de la IGJ, Norberto Berner, desde el 29 de octubre último. Según consta en ese mismo sistema, como parte del "proceso de análisis".
Así, por ejemplo, la Fundación comunicó los nombres de su nueva comisión directiva y el cambio de sede en agosto de 2011. En julio de ese año, tras la pelea entre Bonafini y Schoklender, más el desplazamiento de varios de sus colaboradores, notificó a la IGJ una tercera comisión directiva. Y cuatro meses después, acompañó su declaración jurada. Todo se encuentra en manos de Berner, sin que haya dispuesto desde entonces la aprobación o denegatoria de ese trámite mediante un acto administrativo.
El número uno de la IGJ, que responde políticamente a La Cámpora, también mantiene bajo su control directo desde octubre pasado las dos informaciones sumarias que abrió el organismo en junio y julio de 2011, poco después de que estallara el escándalo.
Registrados bajo los códigos 4018419 y 4018704, ambas informaciones sumarias fueron iniciadas bajo el mando del antecesor de Berner al frente del organismo, Marcelo Mamberti, cuyo padrino político era el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Ambas informaciones sumarias desaceleraron su ritmo cuando Fernández perdió la pulseada por el control político de la Fundación a manos del ministro de Planificación, Julio De Vido, y su equipo, y del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, quien colocó al frente del fideicomiso a su ex secretario privado, Aybar Roberto Domínguez, al que también le otorgó un poder para que se encargara de pagar las expensas en su departamento de Puerto Madero.
Desde entonces, sin embargo, ya fuera en manos de las Madres, de funcionarios públicos o allegados al actual vicepresidente, la Fundación no ha presentado los balances correspondientes a 2010 y 2011, los más sensibles y sujetos a la investigación penal en manos del juez Norberto Oyarbide.
[Fuente: Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Bs As, 13ene13]
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