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16sep13
Con el acta de Milani, el Ejército planificó la desaparición de Ledo
Dos presos políticos en una confesión de 1977, -obviamente arrancadas mediante torturas- ante la Justicia de La Rioja afirmaron que el soldado desaparecido Alberto Agapito Ledo habría integrado una célula del ERP-PRT.
En esa confesión -armada por el Ejército y la policía- también afirmaron que Ledo, César Antonio Minué y Roberto Díaz Romero -otros dos desaparecidos- habrían colocado dos bombas en esa provincia antes del golpe militar del 76.
Estos y otros datos desconocidos están en la causa abierta en 1977 por un hábeas corpus interpuesto por la madre de Ledo y a la que accedió Clarín por una acordada de la Corte Suprema.
De un primer análisis de la causa surge que Ledo y Minué desaparecieron el mismo día: el 16 de junio de 1976. Ledo en Tucumán y Minué en La Rioja. Díaz Romero desaparecería, exactamente un mes después, también en La Rioja.
Las declaraciones arrancadas bajo tortura y las coincidencias en las fechas de la desaparición muestran que, detrás de esta causa que hasta ahora estaba archivada, hubo un operativo secreto y sincronizado entre el Ejército y la policía para responsabilizar a los desaparecidos de esos atentados ante la Justicia.
A Ledo, Minué y Díaz Romero, (junto a otros) les "imputaban" también haber participado en el frustrado copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Además, a Ledo le adjudicaron un atentado en 1971, contra el ex ministro de Educación, Gustavo Malek.
Para el 24 de marzo de 1976, Ledo hacía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja y según el testimonio de "Yopo" Illanez, otro ex detenido, era ayudante del entonces subteniente y actual jefe del Ejército, general César Milani.
Ninguna de las "declaraciones" están firmadas por militares sino por los oficiales de la Policía Federal, delegación La Rioja, inspector Roberto Reynaldo Ganem y subcomisario Edmundo Nicolás Luna, a pesar de que era práctica común de la represión que los interrogatorios los hacían los militares durante los secuestros antes de blanquearlos.
Pero una clave es la nota del jefe del Batallón de Ingenieros 161, coronel Osvaldo Pérez Bataglia, en febrero de 1977, dio en respuesta a un hábeas corpus interpuesto por la madre de Ledo, Marcela Brizuela de Ledo. Allí el jefe militar afirma que Ledo se había fugado del vivac del Ejército en Tucumán, en base a una falsa acta de deserción firmada por Milani, como oficial sumariante, en Monteros en el marco del Operativo Independencia, y por ello estaba con pedido de captura en todo el país. El acta falsa fue parte de un planificado operativo para tratar de tapar la desaparición de Ledo y también fue usada por la dictadura para acusar a Ledo de terrorista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un preso, apodado "Gordo" declaró en la causa que Minué le había dicho antes de desaparecer que en el 30 de abril y el 2 de mayo de 1976 habían puesto sendas bombas "en la casa de un funcionario bancario, de apellido Montiel y otra en la casa del Dr. Gustavo Castellanos", quien era miembro del Tribunal Superior de Justicia y que lo había hecho "en compañía de Roberto Díaz Romero".
Otro preso, que "reconoce" haber sido uno de los jefes de la célula guerrillera, señaló que "por intermedio de Alberto Ledo, que estudiaba en Tucumán" se conectaron con el ERP de allí y "organizaron el copamiento" (frustrado) del regimiento catamarqueño. Entre los que viajaron a Catamarca para ello estuvieron "Ledo, Minué y Díaz Romero".
Según el "Gordo", ya cuando estaban en el colegio secundario, ya integraban el PRT, hacían práctica de tiro y Ledo tenía "buena puntería".
Esta causa todavía no la pidió el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, quien investiga la desaparición de Ledo y ya procesó y detuvo al jefe de Milani en Monteros, el teniente coronel (RE) Esteban Sanguinetti.
Allanamiento en La Rioja
Funcionarios de la Justicia federal allanaron el Regimiento 15 de Infantería de La Rioja y secuestraron los libros de soldados conscriptos infractores y desertores durante la dictadura militar, algunos de los cuales están desaparecidos.
En el allanamiento se incautó documentación de archivo que aún permanecía en poder del regimiento, pero el juzgado federal aún no confirmó si esos elementos tienen valor para la causa. Otros papeles ya habían sido remitidos a la sede del Archivo General del Ejército, consignaron las fuentes.
El procedimiento judicial se cumplió en el marco de la investigación por la desaparición de Díaz Romero en los mismos días en que también desaparecieron Ledo y el conscripto, Antonio Minué.
[Fuente: El Siglo, Tucumán, 16sep13]
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