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01oct06


La Justicia frena la búsqueda de López.


A dos semanas de que el albañil Jorge Julio López, de 77 años, saliera de su casa del barrio Los Hornos y desapareciera sin dejar rastros, los organismos defensores de los derechos humanos cuestionaron duramente los escasos avances en el caso y denunciaron que en la Justicia no se investigan las hipótesis de un secuestro o un asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo, que las entidades defienden como principal explicación de la ausencia de López. Temen, además, que la conducción de la pesquisa esté en manos policiales.

Se supo también que la causa abierta en la justicia provincial se superpone con otra que se sigue, por el mismo caso, en el fuero federal. Mañana, en una reunión entre los magistrados de ambas jurisdicciones, de la que también participaría el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, se intentará abordar la irregularidad y definir la unificación del caso.

"Hoy, la investigación no la guía el Poder Judicial de la provincia, sino el gobierno", se quejó Guadalupe Godoy, abogada de López en el juicio contra Miguel Etchecolatz y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Las dudas y temores alrededor de cómo se desarrolla la investigación son compartidos por varios organismos. Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Nilda Eloy consideró que la búsqueda "está bastante descoordinada y es evidentemente ineficaz".

Carolina Salvador, representante de Hijos, analizó: "Mantener hoy todas las hipótesis como hizo el Gobierno refleja cuestiones verdaderamente preocupantes. Si se perdió, es increíble que toda la fuerza desplegada por los gobiernos nacional y provincial no hayan podido hallar una sola pista seria sobre su destino. Si está secuestrado, estamos ante una banda poderosísima que puede eludir la persecución del Estado o, acaso, debemos pensar que el Estado no está poniendo todo para encontrar a Julio".

La causa penal que busca dar con el paradero del testigo fue abierta por familiares del hombre desaparecido el 18 de septiembre -el último día en que López fue visto por tres testigos-, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, a cargo de Marcelo Martini.

"La verdad es que no hubo grandes avances en el caso", se sinceró Martini, en diálogo con LA NACION. El fiscal informó haber ordenado varios rastrillajes y tomado declaración a vecinos. En el expediente también hay un listado con llamadas recibidas por López en los días anteriores a su desaparición.

Sin embargo, el funcionario judicial no supo responder quién dispuso algunas otras medidas que fueron realizadas y trascendieron públicamente como el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas recibidas por Etchecolatz. "Esto ha tomado una dimensión inusitada y yo tengo para investigar solamente un caso por averiguación de paradero", dijo.

Lo cierto es que hay otra causa abierta en el Juzgado Federal N° 3 de Arnaldo Corazza, en la que los organismos defensores de los derechos humanos solicitaron un hábeas corpus para intentar averiguar dónde estaba López, que había faltado injustificadamente a la lectura de los alegatos del juicio.

Según Eloy, sumaron la denuncia por las amenazas que ella recibió y pidieron que se investigara todo junto. "Entendemos que tanto la desaparición de López como las amenazas se produjeron en el marco del juicio a Etchecolatz que sigue el fuero federal". El expediente, que se tramita por la secretaría N° 7 del juzgado de Corazza, a cargo de Gustavo Duró, tampoco tuvo grandes avances.

Duró reconoció anoche a LA NACION: "Es anormal que haya dos jueces investigando lo mismo". Y reveló que mañana habrá una reunión entre Martini y Corazza, de la que también participará Arslanian.

Eloy, que no fue llamada a declarar en ninguna de las dos causas, reclamó mayor información sobre las acciones desplegadas por el gobierno provincial y sus resultados. En tal sentido, subrayó: "Acá lo que hay es una investigación paralela hecha por el Ministerio de Seguridad de la que no sabemos nada". Los representantes de los otros organismos consultados también se quejaron por la falta de información .

Las entidades habían rechazado el ofrecimiento del gobernador Felipe Solá para formar una comisión conjunta con el Poder Ejecutivo provincial para seguir el caso. "Creemos que eso no correspondía porque la responsabilidad de que Julio aparezca es del Gobierno y no nuestra. Nos pareció que era una maniobra para intentar eludir obligaciones", explicó Salvador, de Hijos.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron de plano la idea de que la policía maneje la investigación: "El caso es conducido personalmente por Arslanian y todo su gabinete. Nadie hace nada sin su aprobación".

"Si no hay información es porque, sencillamente, no hay nada para informar", agregaron.

Anoche, altas fuentes del gobierno provincial reconocieron que se han hecho cosas más allá de la Justicia, porque -según justificaron- "se está haciendo de todo y en todas direcciones".

El subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense, Enrique Gallesio, uno de los principales investigadores del caso, dijo en las últimas horas ser "moderadamente optimista" en que se encontrará a López sano y salvo. "Debo admitir que ya han pasado demasiados días", dijo.

Gallesio, que no aceptó hablar con LA NACION, afirmó, en declaraciones a una radio, que en la pesquisa no hay ninguna pista de que López haya sido llevado por la fuerza. Sin embargo, no descartó que se trabajara en la hipótesis de que el hombre esté "privado de su libertad como represalia o para intimidar a futuros testigos".

[Fuente: Por Pablo Morosi, Corresponsal en La Plata, La Nación, Bs As, Arg, 01oct06]

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