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10nov05
Piden investigar teléfono de ex ministro de la Corte de Iquique por atentado a la AMIA.
En el marco de la indagatoria por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) -ataque ocurrido en Baires en julio de 1994 con un saldo de 84 muertos y 300 heridos- la Fiscalía argentina pidió a la justicia chilena investigar la titularidad y domicilio de varios abonados telefónicos que en 1994 habrían tenido contacto con personas -“sospechosas de desarrollar actividades terroristas” y el tráfico de llamadas telefónicas, entre octubre y noviembre de 2002, del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Jaime Chamorro. Asimismo, la investigación desarrollada por este último sobre mediorientales asentados en Chile y con vínculos en la zona llamada triple frontera que une a Argentina, Paraguay y Brasil.
Los documentos ya fueron remitidos a la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien ya resolvió que el Primer Juzgado del Crimen de Santiago deberá tramitar la solicitud.
Teléfonos misteriosos
El exhorto señala que “teniendo en consideración que a lo largo de la instrucción se ha determinado la existencia de numerosos llamados telefónicos, desde abonados cuyos titulares se encuentran sospechados de haber participado y/o colaborado en el hecho investigados (caso AMIA), hacia abonados de Santiago de Chile”.
De acuerdo con los antecedentes obtenidos por La Nación en fuentes judiciales, los fiscales argentinos Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, solicitaron a Chile que se indague el tráfico telefónico, titularidad y domicilios de 7 números entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.
Una alta fuente judicial confidenció que se trata de los números, 7779453, privado; 6981757 Comisión Nacional de Energía; 2466110, Hotel Parinacota en las Condes; 5225093 de José Musa Llantén, comerciante; 2740941, empresa Ingelog; 6968952, Comercial Pantoja Hermanos; 2012268 que a la fecha era privado.
Indagaciones hechas por este diario en fuentes de inteligencia de la policía civil, revelan que el último número pertenece a Mario Ismael Molina Sabag, funcionario de la CNE, casado con una libanesa.
Esta no es la primera vez que la justicia argentina solicita información sobre una posible conexión en Chile para la perpetración del atentado de la AMIA, ya en el 2001, lo hicieron para conocer los movimientos de dos diplomáticos iraníes, Hazal Reza Hosseini y Sayed Yousef (ver recuadro inferior).
En la oportunidad el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía de Investigaciones entregó sólo datos parciales, pero la entonces Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) -predecesora de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)- envió un informe reservado con la información relativa a los contactos de Hosseini y Yousef a su similar argentina, la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE). El documento nunca trascendió, aunque ahora se conocen algunos detalles con este nuevo exhorto.
A pesar de que siempre se sospechó de una conexión terrorista en Chile en el atentado a la AMIA, a principios de septiembre pasado la Cámara Federal argentina absolvió a todos los acusados, pero decretó una serie de diligencias que se están cumpliendo paulatinamente. Entre ellas, este exhorto a Chile.
Trío en la frontera
Los fiscales argentinos también solicitan que se le envíe una copia certificada de la investigación que se realizó en Chile en 2001 sobre actividades terroristas presuntamente cometidas por comerciantes libaneses en la zona de Iquique, que fue tramitada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo.
El motivo de la investigación radicó en información llegada de Estados Unidos, que vinculaban al comerciante Assad Ahmad Barakat con el grupo terrorista Hezbollah. Actualmente Barakat está detenido y condenado en Paraguay por un proceso tributario.
Muñoz Pardo se declaró incompetente en octubre de 2001 y envió los antecedentes al tribunal de alzada de Iquique, donde fue tramitada por el entonces magistrado, Jaime Chamorro Navia, respecto del cual solicita se envíe su tráfico telefónico entre los meses de octubre y noviembre de 2002.
De acuerdo a los antecedentes recabados por este diario, el ministro Chamorro habría sostenido conversaciones con los presuntos involucrados en la investigación argentina.
La justicia trasandina, también pide información sobre Farouk Abdul Omairi, Alío Khalil Mehri, Mohamad Youssef Abdallah y Hassan Mohamad Abbas, que también tendrían vínculos comerciales en Iquique y en la triple frontera.
Los ingresos y salidas del país
Hazal Reza Hosseini, el ex embajador de Irán, estuvo agregado en Chile desde el 17 de septiembre de 1993, llegando al país desde Alemania, luego que antes hubiera sido expulsado por realizar labores de espionaje cuando fue agregado en la ONU en Nueva York, Estados Unidos.
Su hoja de entradas y salidas de Chile señala que abandonó Chile, con destino a Israel el 17 de julio de 1994, es decir, un día antes del atentado en Argentina, y regresó a Chile el 15 de agosto del mismo año. Luego realizó un viaje a Bolivia el 12 de diciembre, y regresó dos días más tarde. Usó tres pasaportes distintos, Nºs 11.371, 2.616 y 37. Sayed Yousef, a su vez, ingresó a Chile por primera vez en mayo de 1992 ocupando el cargo como agregado consular. Desde esa fecha registra siete viajes al extranjero, entre ellos tres hacia Argentina entre el 11 de noviembre y el 24 de diciembre.
Salió nuevamente con destino hacia el país vecino el 14 de junio de 1994, un mes antes del atentado y no registra ingreso posterior a Chile en los archivos de la Oficina Nacional de Interpol.
Yousef, al igual que su jefe Reza Hosseini, también usó tres documentos distintos: 10.508, 105.080 y 9.779.Debido a estos antecedentes es que la justicia argentina cree que ambos podrían haber participado directamente en el atentado, aunque nunca han podido ser detenidos ni extraditados hacia Argentina.
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 10nov05]
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