Equipo Nizkor - Conflicto por propiedad indígena en Cachi.

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07ene14

Conflicto por propiedad indígena en Cachi

Una tensa discordia por la posesión de tierras divide a Cachi. Varios vecinos, que poseen registros de inmuebles, denunciaron ante la Justicia que habitantes de esa zona "se hacen pasar por originarios para apropiarse de terrenos". Sostienen que esta situación, amparada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya dejó un tendal de "usurpaciones en fincas privadas". También hay acusaciones de daños y destrucción de alambrados y postes y hasta agresiones.
El conflicto ya lleva tres años en Las Pailas, La Aguada y en otros puntos de ese departamento vallisto "En Cachi está por desaparecer la propiedad privada", lamentaron Carlos Robles y Florencia Wayar. Ambos acreditan títulos de tierras, sin embargo, afirmaron "que personas que dicen ser aborígenes" empezaron a ocupar y a trabajar en parte de sus lotes.
"Vos le preguntás desde cuando son indígenas o desde cuando tienen cacique, y te responden: desde que existe la Ley Nacional 26.160. Hace unos diez años se hizo un homenaje a Juan Calchaqui y no hubo ninguna de estas supuestas comunidades presente. Ahora muchos dicen ser diaguitas calchaquíes", manifestó Wayar.
Del otro lado, Ulises Yanes, delegado de la denominada comunidad Kallchaki Las Pailas, afirmó: "No somos usurpadores, somos poseedores ancestrales y legítimos de las tierras. Agregó que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y desde la sanción de la ley de posesión y propiedad de las tierras, en 2006, "los hermanos pudieron levantar la cabeza para un justo reclamo".
La Ley 26.160 declara la emergencia de las tierras "que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente". Además, primero, suspendía los desalojos hasta 2009, aunque se extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017. "La posesión del terreno debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada", fija la legislación.
A través de un acuerdo, en 2007, el INAI le delegó a la Provincia el procedimiento para reconocer administrativamente a los pueblos indígenas. Enrique Rojo, subsecretario de Pueblos Originarios, explicó que el trámite se inicia en Inspección General de Personas Jurídicas y luego se eleva al IPPIS (Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta).
Vecinos de Cachi cuestionaron que la comunidad de Las Pailas haya obtenido directamente el reconocimiento del INAI, sin respetar las facultades del Gobierno salteño. El 18 de diciembre de 2012, el Instituto emitió la resolución 1131 por la cual se inscribió a esa la comunidad originaria, perteneciente al Pueblo Diaguita, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Robles manifestó que entre "los supuestos originarios hay personas foráneas y otros con propiedades. Utilizan estas leyes para quedarse con terrenos de gran valor y de intenso cultivo".
A través de una presentación, Robles le requirió al INAI que informe sobre los fondos públicos destinados a Cachi. Sin embargo, dijo que la respuesta fue ambigua y sin precesiones. Después de eso, hizo una denuncia penal en la Justicia Federal contra autoridades del INAI por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y malversación de fondos.
Por otra parte, en registros de Personería Jurídica de Salta se constató que si bien Las Pailas inició el trámite, no cuenta con el reconocimiento correspondiente. Según la base de datos, La Aguada y El Algarrobal, también de Cachi, tienen el expediente en tratamiento. Yanes, delegado de Las Pailas, señaló que comenzaron las gestiones en noviembre de 2010. "Estuvimos dos años sin tener respuesta de la Provincia, que tiene el deber de reconocernos. En el medio, hubo estudios antropológicos falsos del señor Robles. Decían que no éramos originarios, porque no andábamos con taparrabos ni con plumas. Que usemos jeans, zapatillas y celular no tiene nada que ver en cuanto a nuestra identidad". exclamó. "Agotamos todas las instancias administrativas en la Provincia. Como veíamos que en Personería Jurídica estaba el asunto estancado, empezamos a denunciar ante el INAI, el órgano de aplicación del Derecho Indígena, que la Provincia no estaba cumpliendo con el convenio. Así, le presentamos los papeles y afines de 2012 salió la resolución del Instituto", describió Yanes. Meses atrás, en medio de la creciente tensión en Cachi, intervino la Provincia. Federico Hanne, secretario de Relaciones Institucionales, intimó "a las supuestas comunidades originarias a dejar de denominarse y actuar como tal". También pidió al INAI revocar la personería otorgada. "Esa institución no está facultada a hacerlo, salvo puntuales excepciones, que no se dan en este caso", agregó.
La decisión de la Justicia
Federico Hanne, secretario de Relaciones Institucionales, consideró que ante varias denuncias cruzadas por usurpaciones y amenazas, la Justicia debe pronunciarse ante un conflicto que se expande en Cachi.
En 2010, en uno de los casos, la Jueza en lo Correccional y de Garantías de Octava Nominación, Mónica Faber, había ordenado el desalojo de unas cinco familias de las tierras que figuran a nombre de Carlos Robles, en Las Pailas, Cachi. En ese entonces, todavía la comunidad, que tiene como primer representante a Juan Manuel Liquin, no contaba con el aval del INAI. Así, la magistrada había recurrido a la Ley 23.302. Esta legislación crea el INAI y fija los requisitos para que a las comunidades indígenas se le adjudiquen tierras. Ese año, desde el Poder Judicial comunicaron que "las personas desalojadas no figuran en los registros del INAI o el IPPIS como miembros de la comunidad que invocan pertenecer". Se adujo que Las Pailas no tenía personería jurídica, según el informe enviado por la Inspección de Personas Jurídicas, y se expuso que estas tierras son de propiedad privada. Además, en la cédula parcelaria remitida por la Dirección de Inmuebles, no constaba ningún tipo de restricción o gravamen, es decir no está sujeta a proceso de expropiación. Integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPND), que concentra a las comunidades originarias vallistas, expresaron a El Tribuno que en Cachi no hubo usurpaciones.
Las posturas de propietarios
"Levantaron todo y lo arrojaron a la represa"
Alberto Durand, vecino
En julio empecé a cercar mi propiedad por la construcción de una represa. Era una cuestión de seguridad, para que no se produzca ningún accidente. Un día me fui a Salta y habían levantado los alambres, los postes y todos nuestro trabajo. Todo lo arrojaron dentro de la represa. Al querer reclamar por este hecho, salieron unas 15 personas, comandadas por el médico de Cachi, Miguel Plaza. Estos antecedentes están en la Fiscalía Penal Nª 3. Incluso hay fotos. Cristino Sánchez vivía de favor en parte de mi propiedad. Ellos decían que yo estaba tratando de expulsarlo. Me acusaron de haberle robado la tierra y me dijeron que eran los verdaderos propietarios hace más de 200 años. Es mentira. Mi propiedad tiene 14 hectáreas, vivo con mi familia en Cachi hace 22 años. Tengo los títulos y el plano inscripto en Inmuebles. Nunca tuve problemas hasta que aparecieron estos individuos que actúan en banda. Ellos dicen que representan a la comunidad originaria Diaguita La Aguada.
Arrancaron de cuajo un viñedo que yo había plantado dentro de mi propiedad y tiraron los materiales a una orilla. Esta gente, que se dice originaria, trajo nuevos postes y plantas. Así, montaron nuevamente un viñedo en el lugar donde estaba el que arrancaron.
"No son comunidades, viven por separado"
Carlos Urtasún, vecino
A diferencia del resto yo no tengo gente que usurpe mi propiedad.
Solo me rompieron palos y alambres.
Yo estaba preparando una hectárea en mi terreno para hacer vinos. La denuncia quedó en manos de la Fiscalía Nª 3.
Creo que la gente está envalentonada con información que viene desde Buenos Aires.
Me parece bien que reclamen lo que les pertenece, pero aquí no se trata de una comunidad.
Ellos no llevan esa forma de vida, cada uno reside por separado.
Además, desconocen los títulos de propiedad de aquellos que consideran "blancos".
Yo, por ejemplo, compré de buena fe, como corresponde.
Nosotros pagamos los impuestos y tenemos una escritura.
Sé que hay gente que no puede volver a entrar a sus tierras.
Estas personas se encargan de poner ganado y riegan para sembrar. Lo curioso es que hay algunos que ya tienen casas.
"Se falsificaron documentos públicos"
Florencia Wayar, vecina
Nadie desconoce que hay comunidades, pero estamos en contra de la gente que se disfraza para aprovecharse de la ley.
Algunos ya tienen inmuebles.
Es raro, quieren ser aborígenes en nuestras tierras y propietarios en otras.
Ambrosio Casimiro, un supuesto cacique que ya falleció, cometió un delito grave.
Él propuso ser cencista.
Entonces fue por La Aguada preguntando a la gente que idioma hablaba.
A las respuestas le agregaba abajo que sabían Cacán y que reconocían como jefe a un cacique.
Pero, esas personas no habían declarado eso en la planilla.
Se falsificó documentos públicos y tengo las pruebas.
Yo ahora tengo gente en mis tierras.
Ellos me arrendaban hasta que me dijeron que no iban a seguir así porque eran de una comunidad originaria.
Es decir, que usan mi tierra, en Las Pailas, hace tres años y yo pago impuestos y consorcio de riego.
Están sembrando pimentón y no nos dejan ingresar.
Te dicen: "Usted está en tierras de comunidad diaguita Las Pailas".
La voces indígenas
Miembros de otras comunidades, como Molinos y Seclantás, que forman parte de la UPND también se reunieron con este medio para apoyar la postura de los miembros de Las Pailas.
Si bien hay un convenio con el Gobierno salteño, el órgano facultado para el reconocimiento de las comunidades aborígenes es el INAI a nivel nacional. En el norte, la Provincia, por ejemplo, cuando necesitan posicionar a alguien en el IPPIS sacan dos o tres personerías jurídicas en una misma comunidad. En cambio, en el Valle, donde hay una puja política y económica más fuerte, no hay respuestas.
En tanto, una comunidad no es tal desde que tiene personería jurídica, sino que es preexistente al Estado argentino. Así lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17. La personería jurídica es solo una herramienta que nos sirve para el reconocimiento de la propiedad comunitaria.
Si nosotros retrocedemos la historia, vemos que casi ningún título podría quedar de pie. En un determinado momento, vamos a encontrar que a Juan, por poner un nombre, no le compró la tierra a nadie. ¿Qué aborigen pudo vender? De esos abusos nadie habla... Que quede bien en claro: nuestros ancestros han agachado la cabeza para resistir en el territorio.
En 1994, nuestros hermanos lograron un artículo en la Constitución Nacional sobre las comunidades y su preexistencia con respecto al Estado argentino. El Derecho Indígena fue avanzando y llegamos a esta instancia, con una ley que ordena frenar los desalojos.
Es la hora de empezar a reclamar lo que es nuestro, para el desarrollo de nuestras familias. Somos pueblos postergados, no porque queremos, sino por nos oprimieron.
En este conflicto, el Estado provincial nunca tomó cartas en el asunto como se debe. Aún esperamos el relevamiento que hizo el exsecretario de Derechos Humanos, Pablo Alavila, tras el desalojo en Las Pailas, en 2010. En cuanto a la subsecretaría de Pueblos Originarios, es un organismo vacío para dar respuestas al Derecho Indígena. Nunca hemos recibido un acompañamiento.
Más allá de las denuncias de particulares de Cachi, nosotros somos comunidades originarias y tenemos posesión ancestral sobre algunas tierras. Hay gente que años atrás tuvo que firmar contratos de arriendo por obligación, ya que no había una ley que los asista. Justamente, Alberto Durand dice que le daba un lugar a Cristino Sánchez, en La Aguada. Sin embargo, al alambrar el campo, indirectamente lo fue sacando. No lo dejaba cruzar las ovejas y las cabras. Quedó encerrado, no podía hacer nada. Esto es una manera de despojo.
[Fuente: Por Pablo Juárez, El Tribuno, Salta, 07ene14]

DDHH en Argentina
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