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05may08
Acusaciones falsas para proteger a jefes policiales
Un grupo de agentes de Asuntos Internos de la Federal espió ilegalmente y armó varias causas falsas para echar a un policía que había denunciado por estafa a 20 comisarios, luego procesados. Esto lo afirma una presentación realizada por el jefe de los fiscales de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien investigó el caso del ex cabo de la Policía Científica, Fernando Sousa Helguera, separado de la fuerza hace tres años.
A mediados de 2001, Sousa Helguera (37) dejó de cobrar las horas que trabajaba. Le hacían firmar los recibos pero los depósitos nunca se hacían. Luego de enterarse que en otras áreas de su Superintendencia pasaba lo mismo decidió denunciar a varios de sus superiores por quedarse con su dinero y el de otros compañeros. En esa causa que se abrió por esas acusaciones, más de 200 policías avalaron la posición del ex cabo. El caso en el que estaban acusados los 20 comisarios (fue publicado en exclusiva por Clarín el 13 de mayo de 2007), luego fue elevado a juicio por la jueza federal María Servini de Cubría.
Un par de meses después de que se iniciara esa investigación Sousa Helguera sufrió cinco traslados, le retiraron los adicionales y le abrieron cuatro sumarios internos.
En uno lo acusaban de llevar policías a una mutual y cobrar por ese servicio. Para armarlo, durante todo agosto de 2005, distintos agentes de Asuntos Internos grabaron conversaciones, interrogaron y filmaron a los trabajadores de la mutual que tenían contacto con el ex policía.
Para el expediente confeccionaron un informe con fotos sacadas en la puerta del edificio y los movimientos de los empleados. También incluyeron la desgrabación de una conversación telefónica con la persona que atendía los teléfonos.
Esos episodios de inteligencia ilegal -no fue autorizada por la Justicia- son los que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ahora confirma. El mismo escrito asegura que no se encontró "ningún indicio" de los motivos que originaron la acusación contra el ex cabo, algo que ya había hecho la Justicia Federal.
"Dicen que fue por una llamada anónima que me incriminaba. Lo inventaron. Encima, para perjudicarme a mí pusieron a policías a espiar a civiles. Algo que prohíbe la Ley de Inteligencia Nacional. Esto es lo que ahora queremos que se sancione", le dijo Sousa Helguera a Clarín.
En los otros sumarios abiertos, dos aspirantes lo acusaban de pedir coimas para que les aprobara exámenes de ingreso. Lo llamativo era que él no tenía esa función en la Policía: sólo era chofer de los que hacían los estudios ambientales, necesarios para el ingreso. La Justicia investigó esas nuevas acusaciones contra el ex cabo y la jueza de Instrucción Wilma López entendió que había "inexistencia misma de los hechos". A pesar del fallo, Sousa Helguera no fue reincorporado a la Federal. Pero todos los procesados resultaron ascendidos.
Además de hacer una nueva denuncia penal contra los 20 comisarios procesados, en el final de su informe, el fiscal Garrido le solicita al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández que investigue los episodios descriptos en esa causa y, además, los vinculados a trabajos de inteligencia no autorizados por la Justicia. Por último, le pide que se revise la situación interna de Sousa Helguera en la Policía Federal, para que se evalúe su posible reincorporación.
"No espero que la Policía revea lo que hizo conmigo. Fue algo premeditado y con la aprobación de varios de los altos jefes. Todavía siguen abriéndome sumarios por hacer públicas mis denuncias. Lo único que quiero es que se haga justicia para que a otro policía no le hagan lo mismo", concluyó Sousa Helguera.
Sin autorización judicial no se puede espiar
La ley de Inteligencia Nacional, sancionada en diciembre de 2001, determina que ningún organismo podrá realizar "tareas policiales ni de investigación criminal, salvo requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre para ello autorizado por ley".
Tampoco permite hacer trabajos de inteligencia o almacenar datos sobre personas, organizaciones partidarias, sociales o sindicales sin autorización judicial. Además, prohíbe el uso o publicación de información, archivos, registros y documentos fuera de la esfera judicial.
La ley 25.520 otorga rango ministerial a la Secretaría de Inteligencia -dependerá de la Presidencia- encargada de conducir el sistema de inteligencia nacional. Crea asimismo una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal -dependiente de Interior- y otra de Inteligencia Estratégica Militar, en la órbita de Defensa.
Según la ley, el Presidente fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales en la materia, y podrá convocar a un consejo interministerial y "con carácter consultivo" a miembros de fuerzas de seguridad o militares. Y determina que no podrán integrar los organismos quienes tengan antecedentes "por crímenes de guerra, contra la Humanidad o por violación a los derechos humanos" en la dictadura militar.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 05may08]
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