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22jul14


El gobierno acusó a Griesa de "no resolver absolutamente nada"


Fue tras la audiencia en Nueva York organizada por el juez y en la que quedaron sin respuesta los pedidos de clarificación de los bancos responsables de pagarle a los bonistas. También rechazó la cautelar solicitada por Argentina.

El Ministerio de Economía respondió con dureza la decisión del juez Thomas Griesa de negar un amparo que permita los pagos a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda mientras continúa las negociaciones con los fondos buitre. A través de un comunicado, el Palacio de Hacienda acusó a Griesa de "no resolver nada" y de repetir "textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres".

Ayer, Griesa volvió a tomar una decisión a favor de los buitres al negar nuevamente la posibilidad de una medida cautelar (stay en la jerga legal) que permita el pago de rentas a los bonistas que participaron de los canjes de deuda en 2005 y 2010.El juez, además, pidió que las partes se reunieran continuamente con el mediador designado, Daniel Pollack, para llegar a un arreglo antes del próximo 30 de julio, y convocó a una reunión para hoy a las 10 (11 de Argentina). El ministro de Economía, Axel Kicillof, quien se reunió a puertas cerradas en la Casa Rosada con su equipo y la presidenta Cristina Fernández, confirmó que no asistirá a la reunión.

La única decisión que ayer tomó Griesa fue el rechazo del stay pedido por Argentina. "El problema -dijo- es que eliminaría los derechos" de los buitres a cobrar el 100% de su deuda. Para Griesa "la razón por la que hay negociaciones" con Pollack "es tratar de lidiar con esos dilemas". "En mi opinión cada problema mencionado puede ser tratado en la negociación".

Esta postura es similar a la de los fondos buitres. En la página web de la American Task Force Argentina (ATFA), entidad que realiza lobby contra el país, se publicó ayer una nota en la que acusaban a la Argentina de usar "una cortina de humo" debido a que los bonistas del canje podrían renunciar a la cláusula RUFO y que "varios bancos de inversión le han llevado propuestas a Argentina para pagar de manera de escapar a la RUFO". ATFA argumenta que el único "riesgo real de Argentina es que las cortes de EEUU malinterpreten la RUFO", lo cual constituye "una excusa para negarse a negociar."

El Ministerio de Economía replicó con dureza tanto a Griesa como a los especuladores: una posibilidad de arreglo podría implicar que "los fondos buitre tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO". En consecuencia, "si el riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable".

Es decir, Argentina propone que los buitres absorban el riesgo del acuerdo íntegramente. Si realmente consideran que no hay posibilidad de que se gatille la RUFO, aceptarán un arreglo con esa condición. Si no lo hacen, pondrán en evidencia que en realidad esperan que Argentina tenga una multitud de demandas por esa cuestión, lo cual le daría la razón al gobierno.

Respecto de las demandas de los bancos intermediarios, que no han podico pagar las rentas de los bonos argentinos a los tenedores, como es el caso del Bank of New York Mellon (ver página 6), Griesa aseguró en la audiencia: "Me mantengo en completo silencio porque no tengo nada que decir. No conozco los efectos de la ley bancaria", dijo, y opinó que el dinero en los bancos "debe ser devuelto" a la Argentina. "Probablemente haya objeciones. Obviamente, no me importan", cerró el magistrado.

El juez sí se tomó su tiempo para criticar a Argentina y su "retórica incendiaria". Llamó a las partes a negociar "urgentemente", incitando a que "trabajen de manera continua", debido a que "no hay mucho tiempo" Según los dichos de Griesa en la audiencia, considera que "un default es la peor cosa", porque "gente de verdad sufriría las consecuencias".

En su comunicado, Economía enfatizó el hecho de que los intermediarios, como BoNY, Citibank, JP Morgan y los europeos Euroclear y Clearstream no obtuvieron respuesta a sus pedidos de clarificación. "El juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro".

A renglón seguido indicó que "Argentina, por su parte, apoyó alguna de estas mociones. Y además reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".

"El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar 'default'" y "no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO".

El comunicado de Economía concluyó recordando que "Argentina paga", por lo que no le corresponde el título de default, a pesar de que podría ser considerado de esa manera si el dinero no les llega a los bonistas. Por lo tanto, sostuvo que Griesa "debe dejar cobrar a sus legítimos dueños" para que el país pueda "honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables".

En la audiencia estaban presentes los representantes de Argentina, Jonathan Blackman, de Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP, los de los fondos buitres, y los terceros implicados como Bank of New York, Euroclear, Clearstream, JP Morgan, Citibank y los bonistas europeos. La reunión había sido planteada por Griesa, quien había prometido tratar los distintos reclamos de clarificación de los bancos y los bonistas y la moción de rectificación parcial de los buitres.

La postura de Blackman fue compartida por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la conferencia de prensa de ayer a la mañana. Para ellos, un acuerdo con los buitres "implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables" y "eventuales juicios que se propugnen contra la República Argentina", debido a la cláusula RUFO, que permitiría a los bonistas del canje pedir el 100% de la deuda, al igual que los buitres.

Los buitres también respondieron. NML Capital aseguró en tono conciliador que "la cuestión podría resolverse rápidamente si Argentina negocia", y que se encuentra dispuesto a "resolver la disputa." Antes del fallo, y en un tono más agresivo, el fondo Aurelius acusó al gobierno de "inventar excusas" para no negociar, por lo que "prefiere arriesgar el sustento de los argentinos antes que sentarse y alcanzar un acuerdo".

En el país también hubo respuestas y debates sobre los efectos de un default. El ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, opinó que "hay que hacer una ingeniería financiera para evitar la RUFO". Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, aseguró que "hay vida después del 30 de julio", aunque podría haber "consecuencias muy serias".

[Fuente: Por Genaro Grasso, Tiempo Argentino, Bs As, 22jul14]

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