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24jun16
Ofensiva política y judicial contra exfuncionarios K
La ofensiva política y mediática contra miembros del gobierno de Cristina Fernández, llamados comúnmente en los medios exfuncionarios K, se intensificó con dictados de procesamiento a tres exjefes de Gabinete y allanamiento de un diputado.
Primero se conoció que la jueza María Servini procesó a los últimos tres jefes de ministros, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en el programa "Fútbol para Todos" (FPT).
Esa fue una iniciativa de la anterior administración concebida para eliminar el monopolio de las grandes empresas de televisión por cable, para que todos los argentinos tuvieran acceso a ver gratis el deporte pasión nacional.
Servini extendió también la medida al presidente interino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, y a los dirigentes de esa entidad Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo.
La acción de la magistrada acontece en medio de la crisis que abate a la AFA cuando con apoyo del actual presidente Mauricio Macri, los propietarios de los equipos grandes quieren implantar una nueva estructura, la Superliga, en la que dominarán los lucrativos derechos de transmisión.
A su vez, Servini sobreseyó en la misma causa al actual coordinador ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia, Mariano Delorenzi, quien fuera Secretario Ejecutivo del FPT durante 2012, pero hoy ocupa un puesto en el Gabinete de Macri.
Paralelamente, la Cámara de Diputados votó 137 a 49, con una abstención, para habilitar la orden de allanamiento a vivienda y oficina del exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, por el Frente para la Victoria (FpV), en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
"Estoy siendo sometido a una persecución política. Me enteré el día del allanamiento que había un contador anotado con mi domicilio. Nunca frené un allanamiento", recalcó De Vido en la acalorada vista en la Cámara baja.
La moción la impulsó la bancada oficialista de la alianza Cambiemos que con sectores del Partido Justicialista libran una campaña contra el espacio acá conocido como kirchnerismo nucleado en el FpV.
A De Vido lo acusan en una causa junto al exsecretario de Transporte (2003-2009) Ricardo Jaime por supuestas irregularidades en contratos ferroviarios.
Además, ahora lo vinculan con el exsecretario de Obras Públicas José López, quien fue detenido intentando esconder nueve millones de dólares en un convento de clausura.
"Es absolutamente inconducente y no tiene otra finalidad que no sea el escarnio, el agravio, la mentira y la presión no solamente sobre el juez Rodríguez sino sobre toda la Justicia Federal", denunció el exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la audiencia en la Cámara de Diputados.
De hecho, el oficialismo impulsó en el Congreso la autorización de allanamiento cuando la Justicia no ha dictado, hasta ahora, una orden de irrupción judicial.
En la ofensiva antiK, como se le llama, el juez Ariel Lijo procesó, también el jueves 23 de junio, al exsuperintendente de Servicios de la Salud Héctor Capaccioli, al exlegislador Sebastián Gramajo, y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone por recaudación ilícita de fondos electorales.
Están denunciados por supuestamente articular una red ilegal a fin de recaudar dinero para financiar la campaña política de Cristina Fernández en los comicios presidenciales de 2007, cuando aspiró por primera vez junto al radical Julio Cobos -hoy senador- como vicepresidente a la Casa Rosada.
Según el acta de acusación, utilizaron a las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes a campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.
Por otro lado, el juez Claudio Bonadio, quien encabeza la mayoría de las causas contra la exdignataria, citó a indagatoria a los expresidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audivisuales (INCAA), Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure, entre una lista de 70 imputados.
Entre los acusados -también por presuntas irregularidades financieras- están el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el exsenador y exministro de Educación Daniel Filmus.
El actual diputado al Parlasur y exministro de Defensa, Agustín Rossi, viene repudiando que desde el oficialismo se impulsa "una persecución política, una cacería de brujas contra políticos del FpV".
También denunció con fuerza que Mariana Zuvic, legislador del Parlasur por Propuesta Republicana, el partido de Macri, y la diputada nacional Elisa Carrió integran "una fuerza paraestatal para perseguir, espiar y denigrar a dirigentes y funcionarios del gobierno anterior".
Esta ofensiva antiK ahonda la grieta social y política en una sociedad en la que profundizan los odios partidarios, y como muestra de ello vandalizaron en Concepción de Uruguay, ciudad de Entre Ríos, un busto del finado presidente Kirchner al que desconocidos le arrancaron la cabeza.
[Fuente: Por Martín, Hacthoun, Prensa Latina, Bs As, 24jun16]
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