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07ago09
La justicia de Brasil falla a favor de la extradición del militar urguayo Manuel Cordero a Argentina
Definición. El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió ayer su extradición en una votación de 6 a 2
Es el primer militar uruguayo al que se le concede la extradición para el vecino país. Está requerido por sus crímenes en el marco del Plan Cóndor y en el "pozo" de Automotores Orletti. Es responsable de secuestros, torturas, violación, asesinatos y desapariciones. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió ayer, en una sesión de pocos minutos, otorgar la extradición a Argentina del torturador uruguayo Manuel Cordero, requerido por la justicia de ese país por múltiples crímenes de lesa humanidad en el marco de la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor de los años setenta.
Manuel Cordero, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en Santana do Livramento, será entregado a las autoridades policiales argentinas en un plazo de 30 días para que comparezca ante los jueces Norberto Oyarbide, actualmente a cargo de la causa "Cóndor", y Daniel Rafecas, quien actúa en la causa "Automotores Orletti". Cordero había huido a Brasil en julio de 2004 para eludir un juicio de desacato por ofensa que le inició el juez José Balcaldi, quien estaba a cargo de una causa contra el militar por el delito de apología de la tortura, debido a declaraciones realizadas en una entrevista con el semanario Búsqueda.
En enero de 2005 fue ubicado en Santana do Livramento por el activista en derechos humanos brasileño Jair Krischke, en una investigación conjunta con LA REPUBLICA, luego de que el militar firmase un documento en el consulado uruguayo para que un familiar suyo pudiera seguir cobrando su jubilación militar. El paradero de Cordero siempre había sido de conocimiento del entonces canciller uruguayo Didier Opertti, quien durante el gobierno de Jorge Batlle había autorizado mensualmente los trámites de "existencia" que permitían al prófugo represor seguir cobrando sus haberes jubilatorios desde el exterior.
Requisitoria y dentención
Krischke activó entonces el primer pedido de extradición contra Cordero de parte del juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien entonces instruía la causa "Cóndor", pero Cordero inició una serie de acciones dilatorias que incluyeron un pedido de asilo, un intento de nacionalización, entre otras maniobras jurídicas de su defensa. En febrero de 2007, se formalizó la solicitud de extradición del militar, que se había radicado en la casa de su cuñado en la fronteriza ciudad de Santana do Livramento, y Cordero fue detenido y trasladado a la ciudad de Porto Alegre, donde permaneció durante meses recluido en la sede de la policía federal gaúcha. Para entonces, se habían sumado los pedidos de extradición del juez penal uruguayo Luis Charles, quien lo indagaba por el secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires en setiembre de 1976 y la requisitoria del juez federal argentino Daniel Rafecas, por los crímenes del torturador en el "pozo" Orletti.
El trámite de extradición del militar uruguayo quedó a cargo del entonces presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurelio de Melo, quien demoró el proceso judicial en el marco de una interna política de la justicia brasileña, en la que se discutía la validez de la amnistía aprobada por la dictadura brasileña en 1979. Cordero, en tanto, continuó interponiendo recursos para su traslado a otro centro penitenciario y finalmente logró, tras un breve pasaje por la cárcel de Livramento, que lo llevaran a la Brigada Militar Nº 2 y finalmente que le otorgaran la prisión domiciliaria por razones humanitarias, ya que debía someterse a una cirugía cardíaca.
Proceso de extradición
El expediente de la extradición Nº 974 tuvo un largo trámite hasta que el 11 de setiembre de 2008 llegó al plenario del Supremo Tribunal Federal, máximo órgano de justicia de Brasil, compuesto por diez ministros y un presidente que dirige la sesión y sólo vota en caso de empate de sus integrantes. En aquella primera sesión, el informe del ministro relator, Marco Aurelio de Melo (quien acababa de ceder la presidencia a su colega Gilmar Méndes), fue contrario a la extradición y su pronunciamiento "arrastró" los votos de otros tres ministros (Carlos Menezes Direito, Carmen Lúcia y Eros Grau) que no habían estudiado el caso.
Sin embargo, el ministro Ricardo Lewandowski consideró que no se podía negar la extradición ya que había casos de niños desaparecidos que implicaban un delito continuo que no había prescrito. Con la votación 4 a 1, el ministro Cézar Peluso pidió vistas al expediente y pospuso una decisión. El debate continuó el 30 de octubre pasado, cuando Peluso decidió, como Lewandowski, votar por la extradición y sus argumentos fueron acompañados por los ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres y Carmen Lúcia, quien cambió su voto anterior. La votación quedó 5 a 2 porque Eros Grau pidió revisar el caso y su voto.
En dos ocasiones se pospuso una definición de la extradición hasta el día de ayer, cuando el ministro Grau definió por 6 a 2 que Cordero debía ser extraditado a Argentina, donde lo habían reclamado primero, y se rechazó el pedido de Uruguay para evitar la posibilidad de un doble enjuiciamiento por los mismos delitos. En menos de un mes, Cordero deberá ser trasladado a Argentina y probablemente termine recluido en la cárcel de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires, donde lo aguardarán otros represores argentinos que junto a él actuaron en los años de la coordinación represiva. Cordero será juzgado y la impunidad se resquebraja.
El nefasto día de Hiroshima
La historia tiene estas cosas. El mismo día en que se recuerda uno de los mayores crímenes de lesa humanidad, como el cometido con una bomba atómica norteamericana contra Hiroshima en 1945, se confirma que uno de los mayores criminales de la historia uruguaya, el coronel (r) Juan Manuel Cordero Piacentini, será juzgado por sus delitos. La decisión adoptada ayer por el Supremo Tribunal Federal de Brasil implica que por primera vez un represor uruguayo sea enjuiciado por la justicia federal Argentina, que desde el fin de su dictadura en 1983 ha requerido una y otra vez a los militares uruguayos que secuestraron, torturaron y asesinaron en ese país en los años setenta.
Desde el golpe de Estado de 1973 (sino antes) comenzó a actuar en Argentina en el marco de una primera coordinación represiva entre las dictaduras de la región con la Triple A que encabezaba José López Rega en el régimen institucional que presidió Isabelita Perón hasta marzo de 1976. Bajo la democracia argentina, torturó a Antonio Viana Acosta en Buenos Aires y probablemente fue uno de los secuestradores del grupo de uruguayos que terminó siendo fusilado en la localidad de Soca en diciembre de 1974. Ya en Uruguay había asesinado bajo tortura a Iván Morales Generali en noviembre de 1973. Especializado en "inteligencia", se integró a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y actuó junto al Servicio de Información y Defensa (SID) en el marco de la coordinación represiva conocida como "Plan Cóndor", por el que la dictadura uruguaya actuó en "el pozo" de Automotores Orletti en Buenos Aires.
Cordero, con el alias de "303", por ser el tercer mando del centro de torturas "300 Carlos" de la OCOA, fue directo responsable de las torturas y desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte, ante quien violó a una compañera por una extorsión de dinero, y del traslado del "segundo vuelo" por el que otros 22 uruguayos fueron desaparecidos. Entre sus múltiples crímenes, se incluye el propio asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976, además de la tortura sobre cientos de militantes del Partido Comunista del Uruguay y otras organizaciones opositoras a la dictadura.
"Punto final a la impunidad"
El militante por los derechos humanos Jair Krischke sonaba emocionado en la comunicación telefónica. "Después de mucho, logramos obtener la extradición", explicó a LA REPUBLICA, medio con el que había trabajado a lo largo de cinco años para que el torturador Manuel Cordero fuera juzgado por sus crímenes. Krischke fue quien ubicó a Cordero en Santana do Livramento en 2005 y posibilitó su detención en 2007 para que se resolviera su extradición a Argentina o Uruguay.
Desde Porto Alegre, observó por el canal TV Justicia, la sesión del STF en la que, con el voto del ministro Eros Grau, se definió la extradición del militar uruguayo. "Es un hecho importantísimo, no solamente para los uruguayos o para los argentinos que pidieron la extradición, sino para todo el cono sur de nuestra América y, especialmente, para Brasil, porque por primera vez una decisión de nuestra Suprema Corte dice que los crímenes de desaparición siguen vigentes y no prescriben", declaró. "Lo que al fin y al cabo, acaba por alcanzar a nuestros 'desaparecedores' y, aun más, pone un punto final en la cultura de la impunidad a los crímenes semejantes cometidos durante nuestra dictadura militar y que aún tiene fuerte vigencia en Brasil. Por lo tanto, significa además un extraordinario avance para nuestra democracia", agregó Krischke.
Explicó que ya se ha advertido a la Policía Federal brasileña para que se vigile el domicilio de Cordero y toda la frontera sur del país, para evitar una eventual nueva fuga del torturador, quien podría intentar obtener refugio en Paraguay o buscar regresar a Uruguay para lograr las comodidades de la prisión especial de la calle Domingo Arena. En Argentina, el tema había sido comunicado por el embajador Hernán Patiño Mayer al canciller Jorge Taiana, mientras que en Uruguay las autoridades del gobierno habían informado al ministro Jorge Bruni.
[Fuente: Por Roger Rodríguez, La República, Montevideo, 07ago09 ví COMCOSUR AL Día]
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