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26nov12
Mecanismo contra la tortura: otro ente que buscan controlar los K
"La democracia todavía no llegó a las cárceles", advierte el radical Nito Artaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Un reciente informe sobre la situación de los derechos humanos revela que los presos (son unos 70 mil en todo el país) suelen ser sometidos a apremios tales como el submarino húmedo o seco, picana eléctrica, bastonazos, puntapiés, "plaf plaf" (golpes en los oídos que causan sordera temporaria), "pata pata"(golpes en la planta de los pies), aislamiento prolongado y traslados constantes. Los datos fueron recolectados por el CELS, una ONG cercana al Gobierno.
Con ese telón de fondo, el Senado devolvió a Diputados el proyecto de creación de un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, tras modificar hace doce días la composición establecida en el texto original, que le otorgaba amplia autonomía. Por orden de la Casa Rosada, la comisión que debe monitorear la eliminación de esas prácticas aberrantes pasaría de 9 a 13 miembros y los cuatro nuevos serían del oficialismo: tres legisladores y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Así, el Gobierno pasaría a controlar otro ente que debe controlarlo, como sucede con los organismos anticorrupción . El estilo es conocido: el kirchnerismo recurrió a la ampliación del Consejo de la Magistratura para dominarlo.
Ahora la Cámara baja debe definir si el miércoles incorpora el tema en la maratón de leyes de fin de período. En ese caso, sólo podrá aceptar los cambios o ratificar el apoyo unánime que dio hace un año a la iniciativa presentada por Victoria Donda (FAP).
"Tenemos registrados más de 360 casos de tortura y ninguna condena judicial. Es necesario hacer un esfuerzo institucional para crear el Mecanismo", apuró a los senadores el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, durante el debate en comisión. El dato se limita al sistema federal, en el que tiene injerencia. Más grave aún es la situación en las cárceles provinciales. Las comisiones de Derechos Humanos de la ONU y la OEA manifestaron "preocupación" por el maltrato a presos en diversos lugares del país, con foco en Buenos Aires y Mendoza.
Esos mismos organismos consideraron un "modelo" el proyecto votado en Diputados para adecuar la legislación a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, a la que Argentina adhirió en 2004.
Al justificar los cambios en el Senado, el kirchnerista Daniel Filmus mencionó el elogio de los expertos, pero omitió decir que se refería a la independencia del sistema de control y no a su pérdida. También aludió al apoyo de los organismos de derecho humanos que habían inspirado el proyecto de Donda. Aunque no dijo que avalaron las modificaciones con la teoría resignada de la "ley posible", porque el oficialismo amenazó cajonear el proyecto. Fue el criterio de la oposición para votarlo en general y rechazar el artículo que rearma la comisión.
Inicialmente eran 3 legisladores, 3 de las ONG, 2 por las provincias y el procurador penitenciario. A los cuatro que agregó el Senado, se suma que la presidencia quedaría para los K.
"El sistema pierde la indispensable independencia" , advierte Donda.
[Fuente: Por Marcelo Helfgot, Clarín, Bs As, 26nov12]
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