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16jun10


Tucumán: Bussi recibía copia de los informes de la inteligencia policial


La documentación que un testigo entregó el martes pasado a la Justicia no sólo reveló una lista de 293 cautivos que el servicio de inteligencia policial retuvo -y luego eliminó, puso a disposición del PEN o liberó- en su cárcel clandestina de la Jefatura de Policía tucumana durante la dictadura. También mostró que el general Antonio Bussi estaba al tanto de la información que ese siniestro servicio producía, que era compartida además por funcionarios del gobierno, jefes militares y policiales y organismos de inteligencia.

Entre las 259 fojas que Juan Carlos "El Perro" Clemente ofreció junto con su testimonio en el juicio oral por 21 (de los cerca de 200) desaparecidos en la Jefatura, hay dos que corresponden a memorandos con idéntico contenido, fechados el 18 de agosto de 1976.

Uno de ellos está dirigido por el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía al jefe de la fuerza, el coronel Albino Mario Zimmermann. Al otro lo suscribe éste y su destinatario es Bussi, gobernador de facto y jefe del Operativo Independencia de combate a la guerrilla en la provincia.

"Objeto: informar novedades", indica el texto. Y consigna a continuación información referida a dos temas: la preparación de una huelga ferroviaria para el mes siguiente "en repudio a los despidos masivos que se vienen produciendo" y la versión de que un grupo de estudiantes de distintas facultades "distribuirían panfletos" del ERP y Montoneros con motivo de otro aniversario de la Masacre de Trelew.

Para el fiscal del juicio, como para los abogados querellantes que representan a los familiares de la víctimas, la lista de distribución de los memorandos, que aparece al final de las hojas, tiene especial valor probatorio del carácter organizado y coordinado de las diferentes piezas que conformaban la maquinaria de inteligencia y represión de la dictadura.

Esa lista incluye al gobernador, al ministro de Gobierno, al comandante de la Quinta Brigada de Infantería, al jefe y al subjefe de la Policía, al G 2 (grupo de inteligencia de la zona de operaciones militares), al jefe del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, a los delegados de la SIDE y de la Policía Federal y a los interventores militares en la CGT y en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

Los papeles aportados por Clemente incluyen, por otra parte, listas de "subversivos en la clandestinidad", nóminas de cadáveres identificados, actas de entregas de cadáveres, manuscritos con los que parecen ser apuntes de sesiones de tortura, listas de oficiales y suboficiales del servicio de inteligencia de la Policía y notas con sello y firma del jefe de ese organismo, el comisario Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, uno de los cuatro imputados en el juicio.

El testigo -un ex militante de la Juventud Peronista cuya esposa está desaparecida y que tras caer detenido en 1976 trabajó para la Policía- contó que sustrajo la documentación a fines de 1977 del archivo de la Inteligencia policial. Fue cuando se hizo una selección del material allí guardado y una parte se quemó y otra se trasladó.

Clemente pidió la baja de la Policía en 1984, pero no se atrevió a hacer públicos los papeles sustraídos, que mantuvo escondidos durante 33 años dentro de una bolsa de plástico y debajo de un contrapiso de su casa. "No me parecía confiable nadie" para entregárselos, explicó.

Sus ex captores alimentaron su terror, según relató, con periódicas visitas o llamadas telefónicas para saber en qué andaba o amenazarlo durante todos los años de democracia.

La última vez que intentaron amedrentarlo, dijo, fue hace un mes cuando ya se sabía que estaba citado a declarar como testigo del juicio por las desapariciones en la Jefatura.

"El Perro" Clemente continuará su declaración testimonial el martes que viene, ocasión que las partes del juicio aguardan ansiosas para formularle preguntas aclaratorias sobre el impactante material probatorio que aportó.

Para entonces, se espera también que esté terminado, por lo menos en parte, el peritaje caligráfico que se solicitó para certificar la autenticidad de aquellos documentos que llevan firmas y sellos.

[Fuente: Clarin, Bs As, 16jun10]

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