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04abr06
Bussi volvió a los tribunales y se negó a declarar.
El represor Antonio Bussi se presentó hoy nuevamente en Tribunales para prestar declaración por la desaparición de una pareja de militantes justicialistas, ocurrida en 1976, pero se negó a declarar, tal como lo hizo el viernes, por entender que la justicia local no es la competente.
"Se negó a declarar por entender que la Justicia Federal de Tucumán no es la competente para actuar", dijo a la agencia Télam su hijo, Luis José Bussi, quien junto al abogado Horacio Conesa Mones Ruiz acompañó a su padre ante el juez federal número uno, Jorge Parache.
Bussi se presentó en los tribunales y escuchó la imputación por el secuestro y desaparición de Alicia Cerrota de Ramos, embarazada cuando ocurrió el hecho, y de José Eduardo Ramos, ambos sucedidos en abril de 1976, cuando el militar estaba gobernando la provincia.
El fundador de Fuerza Republicana (FR) repitió la estrategia procesal del viernes, cuando se había presentado ante Parache para prestar declaración indagatoria por la desaparición de Ramón Bianchi, también ocurrida en 1976, en momentos en que el represor estaba al frente de la V Brigada de Infantería en esta provincia.
Por orden del juez Parache, Bussi fue detenido el 15 de octubre de 2003, imputado por el secuestro y desaparición del ex senador nacional Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976 cuando aquel se encontraba como interventor de la provincia tras el golpe de Estado.
Como consecuencia de la detención, Bussi no pudo asumir la intendencia de la capital, a la que había accedido el 23 de junio de 2003, cuando se impuso por sólo 17 votos al peronista Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del desaparecido.
El 15 de noviembre de 2003, Bussi fue trasladado a Buenos Aires, bajo arresto domiciliario -por tener 80 años y problemas cardíacos-, donde permaneció hasta el mes pasado, en que fue trasladado a Tucumán en un avión sanitario.
El 16 de marzo el ex represor fue trasladado a la capital tucumana y, desde entonces, se encuentra detenido en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga junto al ex titular del III Cuerpo de Ejército, el cordobés Luciano Benjamín Menéndez.
Tanto Bussi como Menéndez afrontan alrededor de 500 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 04abr06]
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