EQUIPO NIZKOR |
|
03oct09
Un armado que huele fino
Un juez de Misiones inició una causa en su contra por “homicidio y piratería del asfalto” y le intervino el teléfono. La denuncia provino de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, donde Jorge “El Fino” Palacios trabajó antes de su retiro.
Sobre la base de una denuncia falsa, un juez de Misiones resolvió intervenir el teléfono de Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA. Burstein fue advertido de que lo estaban escuchando a través de una llamada anónima en la que un individuo –ya identificado– le dijo que la transcripción de sus comunicaciones era entregada al comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios, designado en su momento jefe de la Policía Metropolitana. Cuestionado por los familiares de las víctimas del atentado, El Fino terminó renunciando. Burstein hizo la denuncia, que recayó en el juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado confirmó a Página/12 que la intervención del teléfono empezó a principios de septiembre y que todo el procedimiento resulta más que llamativo.
El día 8 de septiembre, en el domicilio particular de Burstein se recibió una llamada desde Misiones. Atendió la hija del integrante de Familiares. La voz masculina señaló que el teléfono de Burstein fue intervenido por orden del juez Horacio Gallardo, de Posadas, a raíz de una denuncia por homicidio y piratería del asfalto. “El comisario Palacios le hizo pinchar el teléfono”, dijo la voz. El individuo cortó de inmediato.
Burstein estaba en Nueva York acompañando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dio un discurso ante las Naciones Unidas en el que la cuestión del atentado contra la AMIA ocupó un espacio central. A su regreso, el integrante de Familiares informó de lo ocurrido a un funcionario del Ministerio de Justicia y en forma inmediata se decidieron varias medidas: se ordenó una custodia a su familia y se presentó un hábeas corpus para saber si el teléfono estaba intervenido.
Oyarbide no hizo lugar al pedido, pero sí requirió información a las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia para saber si existía tal intervención. Al final, la SIDE informó que existía un informe reservado sobre la cuestión. El magistrado puso entonces en marcha una investigación y determinó lo siguiente:
- El juzgado de instrucción número 1 de Posadas ordenó la intervención telefónica.
- La SIDE confirmó que el espionaje existía y que la orden provenía del juzgado de Posadas. Así, se ratificó lo que dijo quien llamó a Burstein.
- En el teléfono de Burstein quedó registrado el número desde el cual provino el anónimo. Era un locutorio, pero el hombre que hizo la llamada fue filmado por las cámaras de seguridad. Hoy se sabe quién hizo la llamada. Burstein no conoce al individuo y hasta el momento no trascendió en qué trabaja y por qué lo ayudó, advirtiéndole lo que estaba pasando.
- En Posadas dijeron que la intervención se produjo a raíz de una denuncia por homicidio y piratería del asfalto. La fuente de la denuncia fue la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en la que Palacios revistó en el último tramo de su carrera, hace ya cinco años.
- Burstein no pisa Misiones desde hace 20 años, de manera que obviamente la denuncia es falsa. Además, a raíz del llamado de Oyarbide al juzgado de Posadas, el magistrado a cargo, el subrogante José Luis Rey, ordenó que cesara la intervención. Esto muestra que la medida no tenía el menor sustento. Rey también había firmado una prolongación de la orden de intervención del teléfono.
En la Justicia misionera afirman que Gallardo, ahora gravemente enfermo, y Rey, tienen vínculos con el ex gobernador Ramón Puerta, pero lo cierto es que el punto central de la trama estaría en la denuncia realizada por la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. Por esa vía y la del juzgado misionero habrá que corroborar si Palacios tiene –como dijo la voz anónima– relación con las escuchas.
Si es cierto que el espionaje sobre Burstein empezó a principios de septiembre, para esa fecha Palacios ya había renunciado a su cargo de jefe de la Policía Metropolitana. Sin embargo, un proceso mucho más importante estaba en marcha, el que llevó a su procesamiento por encubrimiento en la causa AMIA. Una hipótesis es que se pretendió escuchar a Burstein en algún diálogo con el fiscal especial de la investigación del atentado, Alberto Nisman, con el objetivo de recusar al fiscal. El lunes, Oyarbide pedirá al juzgado de Misiones una copia de la causa armada para espiar a Burstein.
[Fuente: Por Raúl Kollmann e Irina Hauser, Pag12, Bs As, 03oct09]
 | This document has been published on 14Dec09 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |