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23mar15
A 39 años del Golpe, el Partido Judicial resiste juzgar a los civiles cómplices
Con sus recientes resoluciones, jueces de primera y segunda instancia parecieron enviar un claro y ominoso mensaje a la sociedad: será cuanto menos difícil que prosperen los procesos contra empresarios cercanos y/o integrantes de la dictadura. Los casos que exculparon a Massot, Blaquier, Magnetto y Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti.
La "falta de mérito" -una forma encubierta de sobreseimiento- que benefició al director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, la firmó el juez ad hoc Claudio Pontet.
El mismo viernes 6 de marzo, este abogado de matrícula devenido en magistrado de manera momentánea exculpó a Massot - sindicado como "coautor" de los asesinatos de dos obreros gráficos y de realizar aportes esenciales para favorecer el genocidio desde el periódico familiar- y sobreseyó a Hugo Sierra, secretario del ex juez durante la dictadura Guillermo Madueño, acusado de manipular el testimonio de secuestrados. "Tapó un escándalo con otro escándalo", había asegurado el fiscal local, José Nebbia, al momento de los hechos.
Pontet aterrizó al juzgado federal Nš 1 de forma polémica: remplazó en el cargo a Álvaro Coleffi, el único magistrado que avanzó contra civiles en la localidad bonaerense y que dejó el despacho por presiones de la corporación judicial. La decisión de que Pontet se transforme en juez la tomó la Cámara Federal bahiense, lo que derivó en un pedido de nulidad de la designación por parte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Ocurre que la cámara sólo determina las subrogancias "cortas" -menores a 60 días-.
Las más extensas le corresponden al Consejo de la Magistratura. Los fiscales federales locales Nebbia y Miguel Palazzani entienden la de Pontet es una suplencia "larga", por lo que presentaron un recurso en Casación que aún no obtuvo respuesta. También recusaron a Pontet por sus antecedentes: se lo vincula con imputados de lesa humanidad.
El "caso Massot" evidenció lo mancomunada que está la corporación judicial local. Fue ubicado en el cargo por la cámara, por sorteo. Había una lista de diez abogados de matrícula del Colegio Público de Abogados de Bahía Blanca para ocupar el cargo que fue compuesta por la Cámara Federal local.
Curiosamente, en esa lista estaban el abogado de Massot (Rubén Diskin) y el del arzobispo Guillermo Garlatti (Héctor Bertoncelli), acusado de encubrir al capellán del Ejército Aldo Vara, fallecido en Paraguay donde estaba prófugo.
Garlatti también fue sobreseído.
Massot, Sierra y Garlatti representan las tres patas civiles vinculadas a la dictadura beneficiada por la justicia federal de Bahía Blanca: un empresario de medios; un representante del Poder Judicial y otro de la Iglesia.
Al analizar la composición de la Cámara Federal de Bahía Blanca se comprenden varias decisiones. Sus tres integrantes -hay dos vacantes- son:
-Luis Néstor Montezanti es un ex Personal Civil del Ejército que revistó en el Batallón 601 durante el terrorismo de Estado. Actualmente, es profesor universitario, titular de cátedra en la Universidad del Sur en la facultad de Derecho. En 1979, avaló en una revista jurídica la pena de muerte legal.
Por su pasado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero no se logró llevar al acusado a juicio político. "Hacen falta nueve votos para lograr el juicio. Tuvo el respaldo de los radicales", explicó una fuente del Consejo. Algo similar sucede en la Academia, donde existe un debate en torno a su destino: se pidió echarlo de la universidad por sus vínculos castrenses.
-Ricardo Emilio Planes es un juez jubilado que fue convocado para que la cámara pudiera funcionar cuando falleció Ángel Argañaraz. Su llamado tal vez no fue azaroso. En 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca tuvo su momento de gloria cuando se pronunció por la "inconstitucionalidad" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Aquel tribunal estaba integrado por Luis Alberto Cotter e Ignacio Larraza y el mentado Planes, que en aquel memorable fallo votó en disidencia: para él, las leyes del perdón eran constitucionales. Consideraba necesaria una "pacificación nacional" y una "reconciliación". Hablaba de "amnesia" respecto de los dolores del pasado. Relacionado al gobierno radical, dos años después, con el menemismo se opuso a los indultos. Si bien estuvo distanciado con Montezanti cuando se encontraron en la cámara las diferencias ya se habían limado.
-Pablo Candisano Mera es el más joven del trinomio. Integró la lista Bordó encabezada por Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Se lo vincula con el secretario judicial Santiago Ulpiano Martínez -quien también es muy amigo del beneficiado Hugo Sierra-.
Con el apartamiento de Coleffi, Martínez había logrado transformarse en juez subrogante y retrasó el "caso Massot", pero fue recusado por "falta de imparcialidad" por los fiscales. Actualmente, compite con Coleffi por transformarse en juez natural del juzgado federal Nš 1 de Bahía Blanca.
Días atrás rindieron el examen escrito ante representantes del Consejo de la Magistratura. "Son todos muy corporativos", explicó una fuente que conoció los pasillos de los tribunales bahienses. Por caso, Candisano también entabló amistad con el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro. Compartió con ellos diversos viajes.
La cámara con estos integrantes llegó a negar un allanamiento al diario LNP. Este recién se concretó cuando asumieron al frente de la Unidad Fiscal local los procuradores Palazzani y Nebbia.
[Fuente: Por Franco Mizrahi, Tiempo Argentino, Bs As, 23mar15]
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