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01ago15
Texto de la renuncia de Enrique Vázquez a la APDH
A partir del año 2004 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sufrió una transformación que hoy la torna irreconocible ante el espejo de su propia historia. Hay una insalvable incompatibilidad entre su presente y los principios éticos que le dieron basamento el 18 de diciembre de 1975.
La APDH es una organización sin fines de lucro caracterizada hasta hace unos años por su tolerancia interna, la aceptación del disenso y la eficacia de sus métodos de lucha contra el terrorismo de Estado.
En aquel diciembre de hace casi 40 años las calles de nuestro país amanecían con cadáveres tirados, de noche estallaban bombas y se escuchaba el tableteo de las ametralladoras. Los secuestros -extorsivos o previos a una ejecución clandestina- eran una constante. Sectores de ultraizquierda se enfrentaban con los de ultraderecha; los primeros se exponían a una mayor represión ilegal o a una condena en los tribunales, mientras los segundos contaban con la explícita protección del gobierno constitucional y por lo tanto gozaban de impunidad.
Fue en ese marco de caos -y con la perspectiva inmediata de un golpe militar- que diversas personalidades provenientes de sectores religiosos, políticos y sociales hasta ese momento inconexos y muchas veces enfrentados, se reunieron para reclamar el cese de la violencia y garantizar el auxilio a sus víctimas. Ellos fueron, entre muchos otros, el obispo católico Jaime De Nevares, el obispo metodista Federico Pagura, el rabino Marshall Meyer, el líder gremial de los docentes Alfredo Bravo, el arquitecto pacifista Adolfo Pérez Esquivel, el escritor Ernesto Sabato y los dirigentes políticos Oscar Alende, Raúl Alfonsín, Simón Lázara, Atos Fava, Jorge Taiana (padre) y la recientemente fallecida Susana Pérez Gallart.
A simple vista salta el dato de la heterogeneidad: católicos, judíos, protestantes, ateos, comunistas, radicales, socialistas, peronistas e independientes, autoconvocados por la urgencia de la hora. Ningún tipo de "hegemonía".
Esa heterogeneidad se mantuvo incluso tras la incorporación a la Asamblea de un considerable número de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que a su afán por conocer el paradero de hijos, hermanos, maridos, esposas o amigos le sumaron el interés por socorrer a otras personas en su misma situación. Así nació el más importante archivo de la represión dictatorial, que tuvo dos aprovechamientos históricos: el primero por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando llegó al país en visita de inspección en 1979, y el segundo por parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) creada por el presidente Alfonsín en 1983 y cuyas conclusiones sirvieron como prueba documental en el Juicio a las Juntas.
Caeríamos en el ridículo si pretendiéramos ocultar que hubo discusiones internas múltiples y severas, que llegaron a provocar escisiones institucionales, pero en lo personal, hasta esos dirigentes que crearon entidades hermanas permanecieron integrando nuestro Consejo de Presidencia. Es el caso de Emilio Fermín Mignone, educador católico, que se acercó a la Asamblea para denunciar la desaparición de su hija Cecilia, catequista en una villa miseria.
En 1980, Mignone, de fluidos contactos con el mundo empresarial, propuso que la Asamblea aceptara una donación de la Ford Foundation para afrontar los juicios que nuestros abogados tuvieran que llevar adelante en los tribunales. La Asamblea rechazó la oferta porque implicaba profesionalizar una tarea que hasta ese momento era voluntaria y altruista, y se corría el riesgo de establecer una relación de dependencia inaceptable con una fundación extranjera. Con ese dinero y al solo efecto de darle un cauce jurídico a la reivindicación de los Derechos Humanos, Mignone fundó con el demócrata cristiano Augusto Conte McDonnell el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, aunque ni uno ni otro dejaron de pertenecer a la APDH.
Las penurias económicas fueron una constante en estos casi 40 años de historia de la Asamblea. Al principio y hasta bien entrada la transición democrática, nuestra entidad sobrevivió gracias al aporte de sus socios, expresado en una cuota mensual acorde a los ingresos de cada uno, y de donaciones de entidades no gubernamentales ni empresariales, como por ejemplo la Asociación Mundial de Iglesias, que destinó parte del diezmo de sus feligreses a la lucha contra las dictaduras del Tercer Mundo y al afianzamiento de gobiernos democráticos.
Pero en 2004, con el súbito descubrimiento de los Derechos Humanos por parte del gobierno, y luego con la reanudación de juicios penales contra los represores, se incorporaron en masa abogados y empleados de estudios jurídicos de estrecha relación con funcionarios del gobierno nacional. Desde la secretaría de Derechos Humanos se ofrecieron subsidios para que la Asamblea aportara profesionales en los juicios de lesa humanidad, y por esta nueva mayoría interna se los aceptó. Muchos de los fundadores habían muerto o no estaban en condiciones físicas de continuar su tarea dentro de nuestra entidad y la nueva configuración de dirigentes y militantes adoptó paulatinamente un sesgo oficialista quizás al influjo de los subsidios o de cargos en organismos creados donde habían funcionado centros clandestinos de detención.
La relación de mutua conveniencia quedó patentizada un día relativamente próximo, cuando el secretario de DD.HH. de la nación, Martín Fresneda, acordó la renovación anual del subsidio a la APDH a cambio de dos "favores" políticos: que desautorizáramos al Dr. Rubén Arroyo, presidente de la APDH-Córdoba, a raíz de un reportaje que a título personal le concediera al diario "La Voz del Interior" -en cuyo desarrollo criticaba los antecedentes del funcionario y su apego por el dinero aún en juicios de interés social- y que "apercibiéramos" al Dr. Horacio Ravenna, quien en nombre de la Procuración Penitenciaria de la Nación había reprochado ante la comisión de DD.HH. de la ONU, en Ginebra, la negligente gestión del Servicio Penitenciario Nacional, en cuyas cárceles son habituales los tormentos, los castigos por aislamiento y el "suicidio" de los presos.
Tras la reunión con Fresneda, los entonces copresidentes Aldo Etchegoyen y Miguel Monserrat propusieron ante la mesa directiva, como una iniciativa propia de ellos, que Arroyo fuera desautorizado y Ravenna apercibido; avalaron la sugerencia exponiendo un ejemplar de "La Voz del Interior" donde aparecía el reportaje molesto para Fresneda y la fotocopia de un diario francés con la denuncia contra el Servicio Penitenciario Federal. Ambas mociones fueron desalentadas por la intervención de varios integrantes de la MD.
A partir de ese momento -año 2013- los acontecimientos se precipitaron, con el escenario presente a la vista.
El qarache de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz, integrante de nuestro Consejo de Presidencia, lleva 6 meses de acampe en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio en demanda de una entrevista con la presidenta de la República; de la APDH no salió ni una línea de apoyo a esa petición; para peor, la titular de la secretaría de Pueblos Originarios fue apartada de su cargo, suspendida por 6 meses y el copresidente Ernesto Moreau encabezó una delegación de la Asamblea que viajó a Formosa para entrevistarse con funcionarios del gobierno genocida de Gildo Insfrán, debilitando la representatividad política de Félix Díaz y exponiendo a los pobladores de La Primavera a nuevas y más sanguinarias represiones para que abandonen sus tierras ancestrales.
La gota que rebalsó el vaso fue la separación del copresidente Horacio Ravenna luego de que formulara una gravísima denuncia y pidiera una investigación por el cobro de honorarios en la causa "Testigos de Jehová".
Cabe remarcar que esa denuncia se realizó luego de innumerables y estériles pedidos de investigación interna por parte de un grupo de compañeros que, en minoría, nos opusimos firmemente a las sanciones contra Ravenna. Ese pedido de investigación ha sido apoyado por indudables referentes de los derechos humanos en el país.
Insólitamente, una mayoría interesada decidió no investigar la denuncia y suspender al denunciante; o sea: amnistió al supuesto corrupto y condenó con falacias -pretendidas calumnias e injurias- al que expuso la corrupción con una base documental demoledora.
Ante este estado de cosas nos resulta moralmente intolerable seguir perteneciendo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nuestra "locomotora" en materia de ética y política, Susana Pérez Gallart, murió de un ataque al corazón mientras alentaba con entusiasmo y firmeza la redacción de este documento colectivo. No nos cabe la menor duda que la tensión entre su cariño a la Asamblea y la necesidad de abandonarla, acabó con su vida.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2015
Enrique Vázquez
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