Paz, bienestar social, reforma agraria y soberanía nacional
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.
IX Foro Nacional por los Derechos Humanos
Celebrado en Bogotá los días 8, 9 y 10 de junio de 2000
Políticas antidroga, estado y democracia en Colombia.
Ricardo Vargas Meza
Indice
Balance Ambiental
Política antidroga y deslegitimación del estado
Fumigación y desarrollo alternativo
Desconocimiento de la sociedad
Criminalización y exclusión
Estado, fumigaciones y legitimidad
Cultivos ilícitos y DD.HH
Conclusiones
Entre 1992 y 1998 fueron asperjados en Colombia cerca de 2 y medio millones de litros de glifosato para erradicar
más de
19.000 hectáreas de amapola y 41.000 hectáreas de coca. Hoy en el año 2.000, ninguna autoridad
antinarcóticos sabe con
precisión cuanta amapola existe en Colombia y la CIA acaba de señalar que se cultivan en el país 122.500
hectáreas de coca, lo
cual se traduce en un potencial de producción de más de 500 toneladas de cocaína para el mercado
mundial.
Esta perspectiva de tratamiento del problema hace parte de una política global denominada Estrategia de
Reducción
de la Oferta y que supone que con acciones de fuerza en los "países fuente" (erradicación, destrucción de
laboratorios rústicos de materia prima, etc.) se evitará una producción de drogas y por tanto se
evitará el contacto
físico con las sustancias ilegales que dañan la salud de sus consumidores
Hay dos maneras de entender el fracaso de la actual política. En primer lugar, las autoridades antidrogas de E.U.
señalan como causa el carácter inocuo del glifosato al cual le siguen reconociendo un bajo potencial destructivo
del
orden del 27.58% del área fumigada. Esto explica porqué Washington ha mantenido - desde que se optó por
el
glifosato a comienzos de los ochenta - una presión sobre Colombia para que se sigan experimentando químicos
capaces de garantizar un mayor nivel destructivo. Las distintas administraciones colombianas desde 1976 hasta
hoy, han aceptado ese chantaje y de hecho se ha experimentado en campo abierto y de manera ilegal con Paraquat
en 1978, Triclopyr en septiembre de 1985, Tebuthiuron en abril de 1986 y de nuevo en 1998.
Dado el rechazo de diferentes grupos de presión y sectores sociales contra este tipo de violaciones a derechos
económicos y sociales y normas ambientales, la administración Clinton a través del Departamento de
Agricultura ha
propiciado un marco político para llevar a la administración Pastrana a un Convenio con UNDCP para que se inicie
la experimentación con técnicas biológicas. Se aspira que para el año 2.003 se obtenga - a
través de la
manipulación genética - un hongo depredador de la coca.
En efecto, comenzando el nuevo siglo, la amazonía colombiana será el centro de experimentación para el
uso del
hongo Fusarium Oxysporum para combatir la hoja de coca en la región andina de acuerdo con los resultados que
arroje una investigación auspiciada por la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado de los E.U.,
respaldada por UNDCP y el gobierno colombiano, bajo la justificación política del denominado Plan Colombia.
La guerra biológica abre múltiples y complejos interrogantes sobre sus impactos en la salud humana y en el
medio
ambiente. Entre otros: la imposibilidad de garantizar la actividad específica del fusarium sobre la coca; los efectos
sobre el equilibrio ambiental ( microorganismos del suelo y aéreos, fauna, plantas, etc.) dado el incremento abrupto
de la población de un organismo que incidirá sobre todo el entorno del bosque húmedo tropical; la
condición de
patógeno de un sinnúmero de especies del fusarium oxysporum y el hecho de contener más de 250 enzimas que
pueden ser activadas o desactivadas dependiendo de las condiciones ambientales en que se encuentre; los
impactos sobre organismos humanos bajos en defensas como es en efecto, la condición predominante en la mayor
parte de los pobladores de la amazonia incluyendo las comunidades indígenas. Por las anteriores consideraciones,
la guerra biológica constituye un inminente peligro para la biodiversidad y el medio ambiente.
En segundo lugar, la explicación acerca del porqué no se ha logrado la reducción de áreas con
cultivos ilícitos,
según los defensores de esta política, es por ausencia de un incremento significativo de la fuerza que en
últimas se
plasma en el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas antidroga. Según la Oficina de Drogas de
Washington las guerrillas han impedido la fumigación y por tanto hay que incluir como nunca la militarización
del sur
para garantizar - contra toda evidencia matemática - que la estrategia funciona. Basta decir que zonas de control
estratégico de la insurgencia como Miraflores en el Guaviare, el Medio y Bajo Caguán han sido fumigados
intensivamente incluyendo pastos, cultivos legales, cultivos de experiencias locales de desarrollo alternativo como el
caucho y el cacao, ganado, fuentes de agua, peces, y lo que es más grave escuelas, viviendas, personas, etc.
Existe, sin embargo otra perspectiva de explicación del fracaso de la política. En primer lugar es imposible
demoler
a sangre y fuego el deseo de consumir drogas. Los intentos de "erradicar físicamente" las sustancias psicoactivas
ha conducido a un traslado permanente de su producción tanto en el interior de los países donde se desarrolla
esta
política, así como en el nivel planetario.
En la experiencia colombiana, esta serie de traslados ha venido acompañando a las mismas fumigaciones formando
un círculo vicioso: los "éxitos" de la erradicación de coca en departamentos como el Guaviare se expresan
en un
crecimiento de nuevas áreas en Putumayo y de esta zona la producción se ha trasladado hacia nuevas áreas
en
Vichada, Vaupés, Catatumbo, etc. Y aún si se lograse un éxito de erradicación total en Colombia,
existen 650
millones de hectáreas en la amazonia con condiciones biofísicas para instalar las 200.000 hectáreas que
requiere la
demanda mundial de cocaína. En ningún momento de la historia del uso de la fuerza contra los cultivos
ilícitos se ha
logrado disminuir el volumen global necesario para atender los mercados de drogas de origen natural.
Desde el punto de vista del tamaño de la producción total de ilícitos, los cultivos se comportan en
cuanto a su
crecimiento o disminución de manera independiente de las acciones de fuerza. Se puede constatar sin embargo
una incidencia negativa temporal más impactante sobre los cultivos, provocada más por acciones o hechos
relacionados con los capitales del narcotráfico.
Así por ejemplo sucedió con los cultivos de hoja de coca en el Perú que se afectaron con caídas
severas de precios
y consecuentemente hambrunas por la caída de grandes capos compradores (Rodríguez Gacha en 1989)
magnicidios que han obligado a los narcotraficantes a "guardarse" temporalmente (asesinatos de Lara Bonilla en
1984, Luis C. Galán 1989) o la transformación de toda la estructura del narcotráfico como
sucedió hacia 1994
cuando es encarcelada la cúpula de Cali. Estas situaciones han sido las que han provocado fuertes incidencias
sobre los precios de la hoja de coca y la pasta básica.
Irónicamente, Washington y su política antidrogas han intentado arrogarse el triunfo de los desórdenes
temporales
de la economía ilegal y proclama como "éxitos" al Puente Aéreo sobre la frontera colombo-peruana, el
desarrollo
alternativo combinado con militarización en Bolivia, etc. El falaz uso de esta lógica se comprueba hasta el
fondo con
el caso colombiano: habiéndose fumigado intensivamente durante 9 años los cultivos de coca y amapola, aquellos
han pasado de 41.000 hectáreas en 1992 a 122.500 en 1.999. Es evidente que la presencia de nuevos grupos
organizados del narcotráfico han estimulando la demanda interna de materia prima en Colombia. [volver]
Balance
sobre los efectos colaterales de las fumigaciones desde el punto de vista ambiental
Además del fracaso demostrado en la disminución de las áreas con cultivos ilícitos, la
política de fuerza para la
producción de coca, amapola y marihuana tiene otros efectos colaterales cuya medición no es aún posible
dado el
carácter incipiente de la cuantificación del patrimonio ambiental de Colombia y cuya valoración
cualitativa requiere
también de aportes desde la investigación básica.
Existe una relación de causalidad entre la política de fuerza y el efecto de desplazamiento, con todos los
daños
ambientales que ese hecho arrastra comenzando con una deforestación que tiene una relación en campo de una
hectárea instalada de cultivos de coca por una y media, hasta dos hectáreas de tala y quema del bosque en
algunos
casos. En este caso la reposición y ampliación del área de cultivos de coca significó la
deforestación entre 152.700
a 203.000 hectáreas de bosque.
Resulta totalmente incoherente en la actual política argumentar la fumigación como un antídoto a los
impactos
ambientales de los cultivos ilícitos, cuando la aspersión de químicos tanto de manera directa como
colateralmente,
acarrea efectos ambientales que agravan esa otra condición negativa de los cultivos.
En este sentido se pueden constatar varios hechos:
En el manejo de información, procesos de experimentación, criterios de uso técnico, veeduría
del problema de las
fumigaciones han privado intereses que en nombre de la seguridad de Estado desconocen las especificaciones y
requerimientos de orden ambiental y de protección a la salud de las personas. Concretamente se expresa en:
- La manera ilegal como se desarrollaron las fumigaciones de marihuana en Colombia utilizando el herbicida
paraquat entre 1978 y 1984.
- La vulneración flagrante de disposiciones de dosificación y manejo técnico de las fumigaciones
aéreas con
glifosato. En efecto, a través de diversas experimentaciones, originalmente se estableció un promedio de 2.5
litros/Ha. del ingrediente activo glifosato para la destrucción de los cultivos de marihuana y amapola. En el caso
de la coca a partir de 1993, sin argumentos técnicos se fijó una dosis de 10.41 litros/Ha. Hoy se constata un
promedio de uso de 13.47 litros/Ha. Simultáneamente se vienen elaborando fórmulas para el glifosato que
buscan incrementar la resistencia del herbicida en ambientes altamente pluviosos como el entorno amazónico.
Así mismo y de acuerdo con la clasificación de uso, a la coca se le está dando un tratamiento que
sobrepasa todas
las especificaciones técnicas normales, cuya dosis es como sigue para el caso del Roundup :
Cuadro No.1 Tipos de dosis recomendadas en los usos legales de Roundup
| Dosis (en litros/Ha.) |
Tipo de uso |
| 2-3 |
Malezas anuales |
| 4-6 |
Malezas perennes |
| 1.5 |
Para aumentar el contenido de la sacarosa |
| 1 |
Como desecante en sorgo |
De otro lado, la pobreza de resultados en cuanto a la disminución efectiva de áreas de ilícitos,
afianzó el tema en la
agenda bilateral E.U. - Colombia, caracterizada ya por una alta "narcotización", a través de nuevos
requerimientos
por vía diplomática. [volver]
Política antidrogas y deslegitimación del Estado
.
La debilidad institucional y el caos decisional interno para el tratamiento de los problemas asociados a la
fumigación,
viene afectando gravemente la estructura estatal colombiana reflejándose en una de las consecuencias más
dramáticas: la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos produce la deslegitimación del
Estado, ahondando las
dificultades para fortalecer la institucionalidad democrática nacional. En esa pérdida de autonomía la
estructura
estatal colombiana está pagando un alto costo al sufrir un deterioro creciente de su legitimidad en un amplio
territorio. Tal situación se expresa en diferentes hechos y escenarios:
En los procedimientos institucionales
El Estado colombiano ha sido permisivo, tolerante y ha actuado en muchas ocasiones sin reglas de juego claras
frente a la sociedad, principalmente frente a la intromisión externa en torno a la erradicación forzosa de los
cultivos
ilícitos. Al perder su autonomía y actuar de espaldas a la sociedad se lesiona la legitimidad estatal por los
mecanismos ilegales utilizados constatados en la introducción del paraquat a mediados de los setenta y en la serie
experimentaciones ilegales y peligrosas en campo abierto a través del uso de la serie de herbicidas sustitutos del
glifosato.
La institucionalidad colombiana carece de procedimientos claros, que expresen la defensa de los derechos civiles,
económicos y ambientales de los pobladores que de una u otra manera resultan afectados por errores que
reiteradamente se están cometiendo con el uso del glifosato, independientemente de su nivel de peligrosidad como
químico. En este sentido prevalecen imposiciones arbitrarias, irrespeto continuado a los reclamos de quienes, con
razones justificadas o no, demandan del Estado una respuesta conforme a los procedimientos legales establecidos.
[volver]
En el impacto de las fumigaciones
frente a programas de Desarrollo Alternativo
El desarrollo de las erradicaciones forzosas en medio de complejos escenarios de la guerra hace también imposible,
entre otros, el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de las fumigaciones. El uso de alturas por encima de
los diez metros para la aplicación del glifosato, justificado por la presencia de ataques letales de la guerrilla,
incrementan el riesgo de deriva siendo constatado el grave impacto ambiental sobre el bosque primario y
secundario, sobre fuentes de agua, sistemas hídricos amazónicos y aumentando los errores sobre la misma
población civil y los proyectos de alternativas productivas que se adelantan en las regiones con economías de
hoja
coca y amapola.
Dada la condición de ilegalidad de los cultivos de coca y amapola y la deficiencia para judicializar los
daños
ocasionados por las fumigaciones, las personas afectadas no recurren a las autoridades, teniéndose un subregistro
muy alto de los casos presentados. Para dar un solo ejemplo, en varias veredas del Medio y Bajo Caguán en la
amazonía, comprometidas con un programa de cultivos de caucho y cacao liderado por la parroquia católica de la
región, 42 familias perdieron cultivos de dos hasta seis años, por errores cometidos por la policía
antinarcóticos. Allí
mismo como en todos los lugares donde se han adelantado las fumigaciones se afectaron cultivos de pancoger,
huertas caseras, pastos, criaderos de peces,etc.
Simultáneamente al coadyuvar a la generación de los desplazamientos, las fumigaciones desordenan las
organizaciones comunitarias que son la base primordial de estos procesos de alternativas lícitas que buscan, en
última instancia, construir un tejido social en zonas abandonadas por el Estado. Las fumigaciones acentúan la
inviabilidad de los programas de desarrollo alternativo al generar desórdenes socioeconómicos que las
autoridades
no han estado en capacidad de recomponer ni en el corto ni en el mediano plazo, a través de propuestas
alternativas legales. [volver]
En el desconocimiento de la participación de la
sociedad
El Estado colombiano ha carecido de mecanismos de consulta frente a la sociedad a la cual se debe, para decidir
sobre temas - como las fumigaciones - que afectan ámbitos relacionados con su soberanía y que representan parte
del patrimonio ambiental, económico y cultural del país.
En este sentido el poder estatal se trueca - más que el representante del interés colectivo - en una
contraparte que
actúa como otro particular que utiliza a su favor las ventajas del control del poder político, con lo cual se
afecta la
naturaleza del Estado como elemento ordenador y como concreción del principio de organización de los
múltiples
intereses propios de la sociedad.
Además de los problemas que se reiteran en las comunidades campesinas dependientes de los monocultivos
ilícitos, el carácter indiscriminado de la guerra antidrogas lleva a golpear otros sectores frágiles como
las
comunidades indígenas. Áreas como la Reserva Natural Nukak ubicada en el corazón de la amazonía
colombiana
reciben una presión incontenible de la dinámica de movilidad en que se encuentran los cultivos estimulada por
las
acciones de fuerza del Estado y el uso financiero de la producción cocalera para la guerra por parte de la
insurgencia.
Hoy en día se puede constatar un desplazamiento de la coca penetrando violentamente las áreas del resguardo
Nukak, en dinámicas procedentes por toda la zona norte y occidental del resguardo (desplazamiento de cultivos
fumigados en las riberas del Inírida, Tomachipán, El Capricho, Sabanas de la Fuga, etc. en el departamento del
Guaviare). Por el sur, se perciben conflictos intensos en el desplazamiento de las fumigaciones de Miraflores
(Guaviare) hacia las comunidades del Vaupés.
Estos departamentos orinocense-amazónicos como Vaupés (45.2% de población indígena), Vichada
(89% de
población indígena con 8 grupos étnicos distribuidos en 41 resguardos que ocupan el 34.6% del
territorio) Guainía
(con un 50% de población indígena asentada en 18 resguardos) empiezan a entrar en la geopolítica de la
guerra,
vale decir, en la articulación entre narcotráfico y conflicto armado. Para ellos no existe una propuesta
preventiva
frente al conflicto y mucho menos frente al envolvente fenómeno de los cultivos ilícitos y el
narcotráfico. [volver]
En la criminalización y exclusión
- Si bien el Estado colombiano ha implementado la política antidrogas que se le impone externamente a
través de
matices, diferencias de grado y de énfasis frente a cada gobierno, en el largo plazo está socavando su
naturaleza
y este hecho se refleja en la exclusión y trato delincuencial de una gran parte de su población. Espacialmente
este manejo se expresa en el distanciamiento y ausencia de afirmación institucional, de por lo menos, una tercera
parte de su territorio. Como resultado más de 200 mil colonos, jornaleros y comerciantes se movilizaron durante
tres meses en 1996 en el sur de Colombia, con lo cual se ahondó la diferenciación y discriminación de un
amplio
sector social que ocupa este territorio.
- La discriminación geográfica - regional y social de las fumigaciones se refleja en el trato diferencial
en las
distintas zonas productoras. El peso demográfico, económico y político de algunas áreas
permitió, a través de su
movilización, un efecto de suspensión de las erradicaciones forzosas. Sin embargo, al tener en cuenta
consideraciones ambientales y el efecto sobre la legitimidad del mismo Estado, este manejo es
contraproducente. Tan frágil es el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, para la cual se logró contener la
fumigación, como lo es la Serranía de Perijá o los suelos y la diversidad ambiental de la amazonía
que han venido
siendo fumigados intensivamente desde 1992 sin atenerse al principio de igualdad ante la ley ni al carácter
general de la norma, sino en última instancia, a conveniencias políticas particulares.
- Dada la trascendencia de las erradicaciones sobre las comunidades de las zonas de colonización y sobre los
campesinos e indígenas de la zona andina, así como los efectos de la producción de ilícitos y las
medidas
antidroga sobre una gran diversidad ambiental tanto del bosque húmedo tropical como de los bosques
altoandinos, esta política debería ser el resultado de amplios procesos de participación y mecanismos de
decisión legítimos, que busquen comprometer a los actores implicados tanto en los daños ambientales como
en
los efectos de estas decisiones estatales.
El sólo logro de la estabilización de las áreas productoras sería de suyo un éxito para
la política antidrogas, en la
medida en que disminuiría los daños ocasionados por el traslado permanente del problema. Este objetivo se
sitúa
en contravía a los intereses de políticos que con la guerra a las drogas pretenden legitimarse ante sus
electores en
los países con un problema grave de abuso de drogas, por tanto se diferencia de la búsqueda de impactos
virtuales
sobre una opinión pública desinformada.
Sin embargo, una estrategia en aquella dirección se sustentaría en el reconocimiento del papel de la
comunidad
organizada regional, resaltaría el respeto de los acuerdos gobierno - sociedad y sería un principio para crear
condiciones socioeconómicas, ambientales y éticas para evitar una monodependencia de la economía ilegal y
se
constituiría en un nuevo escenario para disminuir daños y riesgos de la producción ilegal. [volver]
Estado, fumigaciones y principios generales de
legitimidad
Bajo las anteriores consideraciones, las medidas que se pretenden justificar en nombre de la defensa de la
democracia hemisférica, en lo cual las drogas se consideran como uno de sus peligros, termina siendo lo más
vulnerado, no sólo por fenómenos asociados al gran comercio de drogas ilegales sino por la política que
en nombre
de la libertad y defensa de la sociedad, se esgrime como principal justificación de la lucha antidrogas.
En el desarrollo de las acciones de fumigación se ha dado normativamente un proceso a la inversa del que
seguiría
un Estado moderno. En lugar de privilegiar la defensa de principios básicos para la vida democrática de la
sociedad
colombiana a través de su Estado, se ha elaborado una normatividad que sirva de defensa y justificación de las
medidas de erradicación forzosa. Tal hecho se corrobora al argumentarse la fumigación como perteneciente al
ámbito de la seguridad, bajo lo cual se le sustrae de la serie de exigencias propias del control de la inseguridad
colectiva que presenta el manejo indiscriminado de químicos o de métodos biológicos. En efecto, el Estado
colombiano con su permisibilidad frente a esta política no sólo se deslegitima así mismo sino que se
está
convirtiendo en uno de los principales generadores de inseguridad ambiental.
El tratamiento de guerra que acompaña a las fumigaciones y que se expresa en disposiciones operativas,
reglamentos, típicos de un conflicto armado, vulnera los derechos fundamentales de las comunidades. Este hecho
repercute sobre el predominio pragmático a nivel político militar de la insurgencia y contribuye a acentuar un
tipo de
legitimidad de los alzados en armas para una gran parte del territorio colombiano. Este es uno de los efectos
previsibles con la aprobación del paquete de ayuda presentado por la admnistración Clinton para apoyar el Plan
Colombia en nombre de un compromiso político antidrogas. En general, la inserción del problema de los cultivos
ilícitos en el contexto del conflicto armado tiene varios cauces:
La economía ilegal de las drogas es una fuente importante de financiación de los grupos armados que hacen
presencia en el escenario de la guerra en Colombia. Según el general McCaffrey los beneficios del narcotráfico
para
las para las guerrillas viene siendo del orden de los U.S. $500 millones de dólares anuales.
Si aceptamos que la capacidad de exportación anual de Colombia está en el orden de las 500 toneladas de
cocaína
y que la capacidad de interdicción es del 20% , estamos frente a una exportación neta de 400 toneladas. Esta se
distribuye en los dos grandes mercados mundiales en promedios del 50%:
Cuadro No.2 Precios y Participación de Colombia en el mercado de la cocaína
| Mercado |
Precio de venta HCL al
detal |
Participación de HCL col.
(ton.) |
Total U.S. dólar |
| E.U. |
U.S. 100 |
200 |
U.S. 20.000 Millones |
| Europa |
U.S. 150 |
200 |
U.S. 30.000 Millones |
| TOTAL |
- |
400 |
U.S. 50.000 |
Fuentes: ONDCP National Drug Control Strategy y Policía Federal Alemana
Es decir que tan sólo el narcotráfico colombiano y en relación con la cocaína, una vez
realizada esta en las calles,
puede mover un comercio U.S. 50.000 millones de dólares.
Se trata de una cifra que se realiza en las calles de los mercados de Europa y E.U. y por tanto su lavado e
inserción
económica se da en el interior de esos mercados, aportando a a su vez a la movilización de mercados ilegales de
dimensiones globales como el contrabando en general y de modo particular el comercio de armas, casinos, redes
internacionales de prostitución, y obviamente incrementando el dinero sucio de muchas actividades que finalmente
se lava en los paraísos fiscales que son hoy un lugar común. Se calcula una capacidad de retorno a Colombia de
U.S. 2.500 millones
Con base en la cifra de U.S. 50.000 millones, la insurgencia estaría participando en el orden del 1% del volumen de
capital (tan sólo de la cocaína) que mueven los narcotraficantes en el nivel mundial. Con base en estos
cálculos se
concluye que el 82% de la ayuda militar de Estado Unidos va dirigido a golpear a los cultivadores que participan del
0.67% del precio de venta en las calles de Frankfurt y a una insurgencia que se beneficia del 1% del jugoso
volumen aprovechado por las organizaciones del narcotráfico.
¿Qué sucede entonces - preguntamos - con el crimen organizado que se beneficia del 99% del capital exportador
de cocaína ? Desde la perspectiva del Plan Colombia para este sector no hay estrategia, ni medidas definidas con
claridad ya que no es propiamente con helicópteros, ni aviones de combate, ni lanchas, ni batallones
antinarcóticos
con lo que se garantizará el combate al crimen organizado. Obviamente la lucha antidrogas en este nivel exige
mayores esfuerzos de inteligencia dirigidos a romper estructuras tan sólidas y de tanto poder económico en el
nivel
mundial.
Las acciones antidroga se siguen focalizando en las regiones productoras sobre la base de la cuestionable
afirmación en el sentido de que el narcotráfico depende de los cultivos ilícitos. En el caso de Plan
Colombia se
resalta aún más al precisar el foco de las acciones y las "fases" de su implementación dirigidas contra
los cultivos
ilícitos:
- Fase1 : esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango bajo dirigido contra el Putumayo y al
Sur, planeado por
un año.
- Fase 2 : Idem, apuntando al sureste y a las partes centrales del país, planeado entre dos y
tres años.
- Fase 3 : extender los esfuerzos integrados a lo largo del país entre tres y seis
años.
De hecho, el sólo anuncio de las fumigaciones de coca en el Putumayo está generando desde ya un proceso de
incremento de los precios de la pasta básica de coca en el Perú que coloca en peligro la competitividad de los
productos considerados como alternativos a los cultivos ilícitos y por consiguiente empieza a estimular un nuevo
auge de áreas que van a sustituir la eventual pérdida de la oferta colombiana. Aquí también se
confirma que la
política de fuerza va en contravía a las pretensiones del desarrollo alternativo.
Todo lo anterior a la luz de la estrategia de la contención de la oferta no es otra cosa que la repetición de
un fracaso
secular, el cual no es admitido por los promotores de la "cero tolerancia" quienes articulados con los intereses
económicos, de seguridad y electorales en el interior de Estados Unidos, insisten en que se aprueben sumas
extraordinarias como resultado del incremento de la participación de las fuerzas armadas para combatir en su
fuente a los psicoactivos ilegales.
Como conclusión los principales efectos sociales y ambientales de la aplicación del "Plan" Colombia bajo la
nueva
concepción "integral" serán:
La fumigación indiscriminada prevista, generará una nueva dinámica de traslado de los cultivos
ilícitos y de la
producción de materia prima. Con ello se intervendrá más bosque natural, se incrementará la
contaminación de
fuentes de agua extendiendo los impactos ambientales por la instalación, cosecha y procesamiento de la hoja de
coca.
De este modo se modificará el mapa de los cultivos ilícitos de grandes concentraciones a nichos
pequeños selva
adentro, los cuales se constituirán - una vez normalizados los circuitos de comercialización - en puntos de
llegada
de los migrantes forzosos en búsqueda de subsistencia económica.
Generará procesos de desplazamiento forzoso que afectarán las débiles estructuras sociales existentes
en las
zonas de colonización, afectando gravemente el fortalecimiento del actor más importante en la puesta en marcha
de
los programas de desarrollo alternativo.
Continuará destruyendo la economía legal de las zonas de colonización, la cual es hasta ahora
insostenible sin la
ayuda de la coca dado el bajo potencial productivo, el débil apoyo gubernamental y el mismo desestímulo
provocado
por la irracionalidad en la fumigación de cultivos ilícitos llegándose a fumigar escuelas, viviendas,
fuentes de agua,
etc.
Incrementará el índice de desempleo por el desplazamiento de la economía informal que gira alrededor
del comercio
de la pasta básica de coca y que en algunos lugares donde se ha fumigado ha alcanzado a significar hasta un 80%
de la población desplazada.
Profundizará la polarización social en contra el Estado, dada la ineficiencia de este para reconocer,
proteger y
fortalecer a la población civil involucrada en la economía ilegal, lo cual facilitará el afianzamiento y
legitimación de la
guerrilla en el sur de Colombia.
Todo este costo sin que consiga, como se ha demostrado en el caso colombiano, efectividad real en la disminución
de áreas de marihuana, coca o amapola. Las recientes cifras mostradas por la CIA sobre los cultivos ilícitos no
pueden ser de ninguna manera un argumento para arreciar aún más las acciones de fuerza sino todo lo contrario:
son un argumento contundente para evidenciar que el país que más ha fumigado en el mundo es el país que
muestra mas tendencia al crecimiento de los cultivos ilícitos.
De este modo se está desarrollando una peligrosa transición de una política que originalmente se
propuso disminuir
los niveles de oferta de sustancias ilícitas hacia una inserción dentro del concepto de enemigo - necesario para
la
justificación de la guerra - que se encarna de manera unilateral en las organizaciones insurgentes, que en efecto
controlan la mayor parte de los territorios que producen la materia prima ilegal. El discurso de la narcoguerrilla hace
funcional esta justificación política y crea una cantera para la elaboración de nuevas imágenes
que ilustran los
compromisos antidrogas de los políticos estadounidenses más radicales frente a sus electores, en relación
con una
demanda de psicoactivos que no cede en sus mercados internos. [volver]
Cultivos ilícitos,
políticas antidroga, conflicto armado y el problema de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario
La articulación creciente de las acciones de fuerza como la fumigación en el contexto del conflicto armado
representa un alto costo social, en derechos humanos y en violaciones al derecho internacional humanitario.
El tratamiento de guerra inherente a las acciones de fumigación constatables en los manuales operativos de las
autoridades antinarcóticos como el diseñado en 1995 para la Operación Resplandor; los ataques violentos
de la
guerrilla contra las aeronaves que fumigan y las bases antinarcóticos; las masacres contra población civil
adelantadas por grupos privados e ilegales armados que actúan en nombre del combate a la guerrilla; las
características en que se desenvuelve al accionar contrainsurgente de los organismos de seguridad que no aceptan
espacios ni actores neutrales; el aprovechamiento económico del narcotráfico por parte de la totalidad de los
actores
armados del conflicto interno, conducen a que las tareas antidroga sean parte del conflicto armado colombiano.
Su principal consecuencia es la percepción de la población civil cultivadora de ilícitos como parte
integral de uno de
los contendientes de la guerra interna. De este modo la degradación que identifica el conflicto colombiano se
extiende a la sociedad de estas zonas, al recibir más que ningún otro actor las consecuencias de la
erradicación
forzosa, las acciones de interdicción, las masacres, generando significativos desplazamientos forzosos rural -
urbanos, hacia otras zonas rurales y en general desordenando abruptamente los espacios que vienen siendo
considerados como alternativas a la grave crisis socioeconómica en que se desenvuelve la economía colombiana y
de modo particular el sector rural.
Como complemento, la inexistencia de legitimidad del Estado formal central, conduce a que los distintos grupos
armados desarrollen un ejercicio del poder dirigido a regular la vida comunitaria, la problemática ambiental, la
situación de la administración pública, las relaciones laborales, el orden público local etc. bajo
códigos típicos de un
escenario de guerra en donde se restringen las libertades de la población civil, las dinámicas de
educación,
formación de una cultura ambiental y la participación comunitaria a cambio de mecanismos draconianos funcionales
en el corto plazo y con un modelo de penalización de toda la vida social.
Esta situación trasciende sobre las condiciones de paz y de convivencia necesarias para adelantar programas de
alternativas de desarrollo frente a la monodependencia de los cultivos ilícitos por parte de un alto número de
comunidades habitantes del sur de Colombia y de muchas zonas pobres o empobrecidas de la región andina.
Los montos de ayuda militar antidrogas de cerca de 300 millones de dólares aprobados en 1999 y los propuestos
por la administración Clinton ante el Congreso de 1.600 millones de dólares en donde el 82% está dirigido
a
fortalecer el componente militar y a desarrollar acciones intensivas sobre los cultivos ilícitos, sitúan a
Colombia
como el tercer país receptor de este tipo de recursos en el nivel mundial. Al trascender estos aportes sobre la
guerra interna colombiana se soslaya la autonomía de Colombia para resolver sus conflictos internos, incluyendo las
causas socioeconómicas y políticas que están en la base de la problemática de los cultivos
ilegales.
Como consecuencia, se favorece la internacionalización de la guerra la cual se afianza con la construcción de
un
discurso de inseguridad regional que es de buen recibo por algunos gobiernos vecinos como el de Perú pero a la
vez, contribuye a elevar los niveles de desconfianza en las fronteras con Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela. La
actual inestabilidad regional andina tiene unas raíces en los fuertes desequilibrios macroeconómicos
(déficit fiscal,
recesión económica, etc.) agravados por la corrupción y la rigidez de los ajustes en las políticas
económicas que se
expresan finalmente en el desempleo, la protesta social explosiva y la incertidumbre política por la debilidad
institucional y de los partidos políticos. La guerra contra las drogas encubre la verdadera naturaleza de estos
problemas bajo la figura de enemigos perturbadores del orden necesario para la consolidaciión del actual modelo
económico hemisférico.
Uno de los resultados es la redefinición de la política de defensa hemisférca en nombre del combate a
las drogas,
en donde se releva un orden militarizado que opera bajo el liderazgo, cobertura doctrinaria y tecnológica de los
centros de decisión en materia de seguridad de Washington. Las bases aéreas y de cobertura marítima
conocidas
como Forward Operating Locations FOL localizadas en Manta (Ecuador), Aruba y Curazao y en el aeropuerto
internacional de Colapa en El Salvador hacen parte de decisiones que amplían el rol militar como mecanismo de
defensa en Centromérica, el Caribe y la región andina.
La creación de varios batallones antinarcóticos en Colombia, el fortalecimiento de la infraestructura militar
en Villa
Tunari, Chimoré e Ichoa en Bolivia bajo la coordinación del Comando Sur, el establecimiento de bases para uso de
radares de largo alcance que manejan no sólo información relacionada con drogas como el ROTHR en Puerto Rico
complementados con los ya existentes en Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Guantánamo (Cuba) expresan un
proceso de incremento de la presencia de E.U. en la región bajo el argumento del combate a las drogas. [volver]
Conclusión: la necesidad de una
reformulación de la política
Desde allí se considera indispensable reflexionar sobre una reformulación estructural de la política
que recoja
aspectos puntuales como:
1. Reconocer que el modelo de reducción de la oferta dirigido actualmente a las zonas con cultivos
ilícitos ha
fracasado, es inviable y contraproducente. En ese sentido la focalización de los esfuerzos no debe seguir siendo la
destrucción de los cultivos a través de la aspersión de químicos. Las estrategias disuasivas deben
buscar contener
la demanda de materia prima en la serie de acciones necesarias para la reproducción del capital del
narcotráfico, lo
cual involucra decisiones de largo plazo que busquen incidir en las condiciones estructurales que facilitan la
inserción y legalización de hecho de esos capitales.
2. La descriminalización del pequeño y mediano productor para establecer una
interlocución con el Estado no
mediada por un ámbito de marginalidad frente a la ley de quienes dependen de los monocultivos ilegales.
3. Estructuración de una política sólida de orden socioeconómico y ambiental
para las zonas dependientes de la
economía ilícita, con un marco fundado en el desarrollo y sostenibilidad del proceso. En ese sentido se debe
reconocer una incidencia en el largo plazo de esa política, con lo cual se hace indispensable establecer procesos
graduales de sustitución de la economía ilícita.
4. Avanzar en dinámicas de ordenamiento territorial y ambiental que reconozcan tanto el potencial
como los límites
de las zonas productoras y se propongan alternativas que se correspondan con esas condiciones biofísicas y la
viabilidad económica y demográfica de los territorios que hoy se dedican a la producción
ilícita. Este objetivo debe
contener dinámicas de participación de las comunidades en la búsqueda de procesos de concertación
que
sustenten técnicamente las pretensiones comunitarias.
5. Respeto y protección a los derechos humanos y a la condición de población civil
no combatiente de los mismos
productores, que en el contexto de la confrontación son las principales víctimas de la degradación del
conflicto
armado en Colombia.
