El costo de defender la vida y

construir la esperanza.

Los defensores de derechos humanos en peligro.

Luis Guillermo Pérez Casas. Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

"A las dos de la madrugada, cinco hombres vestidos de negro y fuertemente armados llegaron al edificio donde vivía la pareja en una céntrica zona de residencial de la capital. Amordazaron al portero y subieron al piso. Tumbaron la puerta y obligaron a Mario, a Elsa y a los padres de ésta, que por casualidad estaban esa noche allí, a ponerse de rodillas y dispararon sin piedad contra ellos. Milagrosamente la madre, una mujer de setenta años, se salvó y está gravemente herida en el hospital militar de Bogotá. Al hijo de la pareja, un pequeño de apenas 18 meses, la abuela lo alcanzó a esconder en un armario. Horas después los familiares lo encontraron sentado al lado de los cadáveres. El niño sólo repetía: Papá: pum, pum".

De esta manera el diario el País, de España, presentó la noticia del asesinato el 19 de mayo de 1997 de dos defensores de los derechos humanos en Colombia: Mario Calderón, ex jesuita, filósofo y teólogo; y Elsa Alvarado periodista y profesora universitaria. Los dos trabajaban un proyecto de cultura ciudadana por la tolerancia y el pluralismo. Los dos habían estados vinculados al CINEP -Centro de investigaciones y educación popular-, una de las más importantes ONG de Derechos Humanos en Colombia.

La masacre provocó conmoción en la comunidad académica y de derechos humanos, no sólo por las circunstancias en la que se perpetró, sino porque Mario y Elsa, como lo han expresado sus amigos "eran los más pacifistas entre los pacifistas", "eran dos sembradores de vida", los mataron por "su deseo patriótico de sembrar la paz".

Por qué asesinaron entonces a Mario y a Elsa? Los mataron porque amaban la vida, la libertad y eran forjadores de esperanza en el amor y entrega cotidiana hacia los otros; los asesinaron porque no se habían resignado a que el terror les pusiera cercas a sus sueños. Los mataron porque extendían su dignidad libertaria en todos los espacios de su compromiso popular o académico. Los mataron como un mensaje intimidatorio más de los verdugos contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos.

Como en otras oportunidades el sacrificio de los defensores de derechos humanos fue anunciado. El 23 de febrero de 1997, el diario El Espectador publicó una entrevista al Comandante del Ejército, general Manuel José Bonnet Locarno, en la que este manifestó: "esa historia de los derechos humanos nos ha hecho mucho daño. Sobre todo por parte de los amigos y los apoyos obsecuentes de la guerrilla. Es el discurso de organizaciones como el CINEP que nos acusa de violadores de los derechos humanos".

La defensa de los derechos humanos es un oficio noble pero doloroso. Como lo recordaba Héctor Abad Gómez, uno de los más insignes defensores de los derechos humanos sacrificado, asimilando como propia la memoria de Bertrand Russell en el compromiso por la construcción de la vida, el amor impulsa a los defensores de los derechos humanos hacia el cielo, pero el sufrimiento humano les hace colocar los pies sobre la tierra; pero jamás para hincarse ante el poder, nunca para inclinarse ante lo arbitrario, y por sobre todo, manteniéndose erguidos y claros a favor de la dignidad humana proscribiendo de su práctica de denuncia la mentira y la calumnia. Es esa la consecuencia de los defensores de derechos humanos, por ello incomodan a quienes usan y abusan de la fuerza represiva del Estado con el pretexto de "mantener el orden público", las "buenas costumbres " o la "Seguridad Nacional".

En la historia republicana de Colombia, el prócer de la independencia ANTONIO NARIÑO fue perseguido y castigado por las autoridades coloniales que lo condenaron a diez años de cárcel en la prisión de Cádiz en España, al extrañamiento perpetuo de América y a la confiscación de todos sus bienes; solamente por haber traducido del francés y distribuido clandestinamente en 1794 la Declaración de los "Derechos del Hombre y del Ciudadano", con el afán de alentar los principios republicanos contra el despotismo de la monarquía española. Tuvo en todo caso una suerte menos desgraciada que la de otros próceres cuya lucha por la independencia de su pueblo fue castigada en los patíbulos del Régimen del Terror impuesto por las tropas de la metrópoli a cargo del llamado Pacificador, Pablo Morillo.

La libertad, como la justicia son caros valores que la historia de la humanidad ha conquistado bajo el sacrificio de millones de mujeres y hombres. La república de Colombia, bajo el influjo de la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, ha sido una de las pioneras en la consagración institucional de los derechos fundamentales de las persona humana; incluso superando a aquellas en el desarrollo civilista de protección de la vida proscribiendo de su legislación la pena de muerte desde 1910. Pero en ninguna otra nación del mundo la distancia entre la consagración positiva del Estado de Derecho y la realidad cotidiana de la muerte aumenta en el sentido inversamente proporcional a los derechos que se declaran e hipotéticamente se pretenden proteger.

En Colombia el Régimen del terror ha sido reeditado en su versión moderna de democracia representativa y sangrienta con el ánimo de frenar el desarrollo de los grupos insurgentes. Los pacificadores modernos que quieren doblegar el espíritu rebelde y de resistencia de la población, o de los presuntos o reales miembros de los grupos guerrilleros, no se detienen en consideraciones de respeto a la ley o de los marcos democráticos; por el contrario los desbordan amparados por una impunidad casi total que les prodiga los detentadores del poder económico, político y militar. Es en este contexto de conflicto interno, de guerra sucia, de represión indiscriminada que surgen los defensores de los derechos humanos en Colombia.

Los defensores de los derechos humanos en Colombia defienden el ordenamiento constitucional y legal que promueve la dignidad humana, se oponen a toda reforma que pueda recortar o eliminar las libertades fundamentales o los cimientos de la institucionalidad democrática; buscan la consagración de normas que promuevan el respeto a la vida y la justicia; se esfuerzan porque los servidores públicos actúen representando el interés general de la población y no de castas o grupos; reclaman porque las armas de la República no se utilicen contra el propio pueblo; se empeñan en que las violaciones de los derechos humanos no queden en el olvido ni se cubra a sus autores con el manto de la impunidad; demandan que se respete el derecho internacional humanitario por los actores del conflicto armado interno, y porque dicho conflicto se supere en la perspectiva de una paz estable. En esa perspectiva los defensores de los derechos humanos acuden a la comunidad internacional para reclamar solidaridad con el pueblo colombiano.

Esta labor de los defensores de los derechos humanos no es bien recibida por el Estado, en particular por las Fuerzas Militares que consideran que dicha labor favorece el avance de la subversión. El 4 de julio de 1990 fue detenido y desaparecido en la ciudad de Bogotá el abogado ALIRIO DE JESÚS PEDRAZA BECERRA, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos

Políticos, su cuerpo nunca ha sido encontrado pero en las pesquisas se halló una orden de captura ilegal en su contra expedida por la I Brigada del Ejército. Las Fuerzas Armadas consideraban a Alirio como un enemigo, su casa fue allanada en varias ocasiones por el Ejército y su nombre apareció en listas de condenados a muerte por presuntos grupos paramilitares.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue la primera organización de derechos humanos que surgió en Colombia en 1973, ha podido mantenerse a pesar de que muchos de sus miembros han sido amenazados, asesinados u obligados al exilio. Una de las últimas víctimas perteneciente al Comité fue el también abogado FRANCISCO JAVIER BARRIGA VERGEL, asesinado en la ciudad de Cúcuta el 16 de junio de 1995. Javier había sido amenazado de muerte un año atrás por un supuesto grupo paramilitar MACOGUE -Muerte a Comunistas y Guerrilleros- que se reivindicó el asesinato, en la ciudad de Bogotá el 9 de agosto de 1994 del Senador MANUEL CEPEDA VARGAS. Manuel era fundador y miembro activo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Las investigaciones adelantadas implican a la inteligencia militar en este magnicidio político.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos surgió en Colombia a finales de los años setenta; desde el 27 de enero de 1983 en que se asesinó a FERNANDO VÉLEZ MÉNDEZ Presidente del Comité de Derechos Humanos de Puerto Berrío, han sido asesinados 29 de sus miembros.

Las organizaciones regionales de derechos humanos han sido particularmente golpeadas por la represión, el Comité Regional de Derechos Humanos -CREDHOS- con sede en Barrancabermeja y con presencia en varios municipios del Magdalena Medio, ha perdido a siete de sus miembros asesinados desde su fundación a comienzos de los años 90. muchos otros han tenido que desplazarse internamente o salir del país. El Comité Cívico de Derechos humanos en el Departamento del Meta creado también comenzando los años 90, ha sufrido igual o peor suerte, varios de sus miembros han sido asesinados entre ellos su presidente JOSUÉ GIRALDO CARDONA acribillado de nueve balazos en su casa y delante de sus hijas el 13 de octubre de 1996 en la ciudad de Villavicencio.

Durante el 53 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se rindió un minuto de silencio, en la plenaria del 11 de marzo de 1997, en homenaje a la memoria de JOSUÉ GIRALDO. El conjunto de las principales ONGs de derechos humanos en el mundo condenaron el asesinato de JOSUÉ recordando su participación en las dos últimas sesiones de la Comisión en 1995 y 1996, reclamando además garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia. En el mismo sentido el Relator contra las Ejecuciones Sumarias, señor Bacre Waly Ndiaye, en la plenaria del 9 de abril de 1997, manifestó que "los defensores de los derechos humanos, como en el caso de JOSUÉ GIRALDO, merecen más que un homenaje póstumo. Nosotros les debemos, gobiernos y órganos de Naciones Unidas, respeto y protección".

Todos los defensores de los derechos humanos victimizados deben tener espacio en nuestra memoria, sus sacrificios afectan a la humanidad en su conjunto sin consideración al lugar donde en suerte les tocó nacer o morir. No hemos mencionado sino algunos nombres, pero en particular es necesario citar a los que han sido asesinados durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano desde el 7 de agosto de 1994 cuando asumió la presidencia, entre los que no han sido mencionados recordamos que: el 29 de septiembre de 1994 fue salvajemente torturado, asesinado e incinerado JAIRO BARAHONA MARTÍNEZ, miembro del Comité de Derechos Humanos de Pailitas, departamento del Cesar; el 23 de octubre de 1994, fue asesinado HERMES RENDÓN OCHOA, miembro del Comité de Derechos Humanos de Ocaña, departamento Norte de Santander; el 20 de febrero de 1995 fue asesinado ERNESTO EMILIO FERNÁNDEZ FETZER, miembro del Comité de Derechos Humanos de Pailitas; el 1O de noviembre fue asesinado en la ciudad de Ocaña, JAFETH MORALES, promotor de Derechos Humanos en el municipio de San Calixto y miembro de las Comunidades Eclesiales de Base.

A los anteriores debemos sumar los asesinatos de otros tres defensores de derechos humanos y la desaparición forzada de otro de ellos durante el mes de marzo de 1997, dos de los cuales participaron en la reunión del 15 de febrero del mismo año en que las ONGs colombianas dirigieron una petición conjunta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se trata de VÍCTOR JULIO GARZÓN asesinado en su oficina en la ciudad de Bogotá el 7 de marzo, defensor de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas, y Secretario General de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro); y de JAIME ORTÍZ LONDOÑO detenido y desaparecido el 9 de marzo en el municipio de Segovia, miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, Remedios, Nordeste y Bajo Cauca.

JAIME ORTÍZ al momento de su desaparición se encontraba con otro miembro del Comité y líder sindical NAZARENO DE JESÚS RIVERA. NAZARENO fue asesinado junto con otras cinco personas, cuyas muertes se reportaron como "guerrilleros dados de baja en combate". Entre los cadáveres de encontraron los documentos de identidad de JAIME ORTIZ LONDOÑO. Que se trató de una masacre cometida por el Ejército y no de enfrentamiento alguno se evidencia en el hecho de que tanto JAIME como NAZARENO eran conocidos en la región por su lucha cívica y sindical en defensa de la vida, sin nexo alguno con grupos guerrilleros.

Los asesinatos de los defensores de derechos humanos han sido acompañados de previas campañas de intimidaciones, calumnias y amenazas. Epítetos como "idiotas útiles ", " mensajeros de la guerrilla", "antipatriotas", etc. preceden las ejecuciones extrajudiciales, las torturas o las desapariciones forzadas.

El general ÁLVARO VALENCIA TOVAR escribió el 18 de marzo de 1997 en el periódico El Colombiano descalificando a las organizaciones protectoras de los derechos humanos porque condenan públicamente de manera general como conducta de Estado las violaciones de los Derechos Humanos. Señaló como argumento que existen "casos comprobados de montajes, acusaciones falsas, distorsiones, hechos calumniosos" que utilizan las ONG para "su campaña de descrédito de las Fuerzas Armadas de su país", presentando a nuestra nación "con una monstruosa fisonomía ante la comunidad internacional". Por tanto deduce que las ONG desfiguran la realidad cumpliendo función "aviesa y antipatria".

Las ONG quisieran decir que en Colombia se progresa en el respeto de los derechos humanos, que no hay una política de violación de los mismos, que la impunidad no es una afirmación desde el poder para perpetuar los crímenes; que las Fuerzas Armadas cumplen el mandato constitucional de defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos, y no solamente de las elites que controlan la economía y el Estado.

Pero el papel de las ONG en la denuncia internacional no puede ser el de agentes de turismo para hablar de la naturaleza exuberante y mágica del territorio colombiano, ni puede ser el de los diplomáticos que afirman siempre que las cosas están cambiado positivamente y que el gobierno hace todo lo posible por la justicia y la democracia mientras se afianza el terrorismo de Estado.

No ha habido un sólo caso conocido que las ONG pudieran resaltar en el que las Fuerzas Armadas hayan utilizado el fuero penal militar para condenar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Los militares siguen por el contrario reclamando competencia para conocer de las investigaciones penales en contra de sus miembros argumentando que crímenes de lesa humanidad como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o las masacres son hechos que tienen relación con el servicio militar. De otro lado de labios para fuera condenan el Paramilitarismo, mientras auspician su criminal accionar por todo el país.

El rol de las ONG en consecuencia, no es el de encubrir la realidad, sino el de ayudar a transformarla. Los antipatriotas son los que en nombre de la defensa de las instituciones y del orden cometen vejaciones contra la humanidad. Los que cumplen función aviesa son los que teniendo el deber de investigar y sancionar los crímenes no cumplen con su labor, y los que los callan o los encubren desde el poder. Los antipatriotas son los que usan las armas de la república contra los ciudadanos inermes. Los que cumplen función aviesa son los que utilizan el Estado en su propio beneficio, los que quieren convertir la Fuerza Pública en guardia pretoriana de los poderosos.

La vergüenza que siente un defensor de derechos por su patria humillada y vejada por el terror, es vergüenza patriótica. Los defensores de los derechos humanos aman su país y arriesgan su libertad y su vida por su pueblo; están dispuestos al sacrificio, como se han sacrificado ya muchos para que los valores fundamentales de la vida humana no sigan siendo ignorados en el autoritarismo marcial de los poderosos. Lo que sigue siendo absolutamente atroz es que sólo por descubrir la verdad de la infamia y revelarla, la muerte siga asechando a los defensores de los derechos humanos azuzada por los que aferrados al statu quo, quieren con su torpe y criminal persistencia despedazar la nación en medio de la guerra.

Oficio cruel, desgraciadamente imprescindible, el de los defensores de derechos humanos en el que la tragedia de los humildes, de los torturados, de los desaparecidos, de los ejecutados, de los desplazados los congrega en triste pero activa solidaridad, para exigirle a los victimarios que cesen en sus crímenes y a las autoridades que ejerzan la obligación punitiva del Estado para que la impunidad no sea la confirmación de la barbarie.

Estas líneas están escritas como homenaje a los que en Colombia persisten de manera inclaudicable para que la decencia y la dignidad humanas se impongan sobre los criminales. Ellas y ellos, que levantan su voz altiva para silenciar el fuego asesino de los fusiles y las carcajadas burlescas de los verdugos; ellos y ellas, que blindan sus ilusiones con amor universal para que el silencio y la soledad de la muerte no sean más poderosos que el derecho a existir de los humildes; a ellas y a ellos que marchan como luceros en medio de las tinieblas para que la oscuridad del terror no enceguezca el futuro de los colombianos.

Como lo dijo Josué Giraldo en el testimonio premonitorio de su sacrificio, para alentar la búsqueda inclaudicable de la justicia, y para que su sacrificio, el de Mario, el de Elsa y demás defensores de los derechos humanos no sean en vano, en unidad de esperanza y esfuerzos solidarios convocamos a los espíritus sensibles y conciencias democráticas para que digamos juntos: "Tenemos que cortarles las alas a la impunidad para que vuele la vida".